La inauguración de la nueva sede del Banco Central Europeo ha motivado una gran manifestación de protesta en Fráncfort. La nueva sede tiene 45 pisos y ha costado más de 1.300 millones de euros, 500 de ellos de sobreprecio sobre el presupuesto inicial.
Los manifestantes denunciaban la incongruencia de este lujoso edificio, cuartel general del guardián de la austeridad europea por cuenta de los intereses de las grandes empresas y bancos europeos.
Paloma López, eurodiputada de IU participante en la manifestación, declaraba que “el coste del programa de Garantía Juvenil destinado para España en los dos próximos años apenas supera esos 1.300 millones”. “Esta nueva sede y su precio es todo un símbolo de lo que sucede en Europa: dinero para el sistema financiero y los grandes capitales pero no para las personas, ni los pueblos».
Un banco para contener la inflación
Estas dos frases sintetizan adecuadamente el papel del BCE: imponer contra la voluntad de los pueblos, y con la complicidad de los grupos políticos con mayor presencia en el Parlamento Europeo y que copan la Comisión, políticas neoliberales. O sea la recomposición de la tasa de ganancia del capital mediante planes de ajuste (reformas estructurales que dinamitan las anteriores instituciones políticas y económicas) que faciliten la movilidad y ganancia del capital.
Sin embargo, entre las funciones del Banco Central Europeo no se encuentran las que son propias de cualquier otro Banco Central como la Reserva Federal Estadounidense o el Banco de Inglaterra: ser el prestamista de último recurso, respaldando la deuda pública emitida por los Estados miembros.
Esto se ha intentado explicar por razones psicológicas con el argumento de que los alemanes, dominantes en la economía europea, tienen aversión a la inflación después de la gigantesca que ellos sufrieron en el período entre la I y la II Guerra Mundial. Pero no es así. Primeramente porque la deuda pública no tiene una traslación mecánica a la inflación, y en este momento si existe alguna amenaza es precisamente la contraria: la deflación. Pero sobre todo, porque la soberanía nacional compartida o mancomunada sobre la deuda pública no interesa al gran capital transnacional. Este es el motivo determinante.
Algo más que la contradicción Norte-Sur
Está de moda afirmar que el problema está en las contradicciones entre los países del Norte y los del Sur. Las hay, pero no son determinantes sino determinadas y esas teorizaciones, aparte de ser una buena muestra de la pereza intelectual de nuestros reformistas, tienden a exculpar al capitalismo nacional. De una vez por todas habría que pedir a quienes defienden esas posiciones que señalen un solo sector económico o político representativo de la burguesía, sea esta española, catalana, vasca o de cualquier otra ubicación, que esté contra el modelo de integración español en la UE o, simplemente haga algunas críticas sustantivas. No lo hay.
Por otro lado, Irlanda, Polonia, Bélgica o Hungría no son el Norte y tampoco están teniendo muchos beneficios de las actuales políticas. Tampoco los pensionistas alemanes, obligados a combinar la pensión con “mini Jobs” para poder sobrevivir.
Como siempre bajo el capitalismo, hay que levantar el telón de los intereses nacionales para ver la auténtica escena. El BCE es el banco de los bancos privados, sean el Banco Santander, el Deutsche Bank o el Crédit Lyonnais.
Por eso, el BCE impulsa las políticas de recortes y reformas. Como decía nuestro programa para las elecciones europeas, “las reformas del mercado de trabajo no han tenido otro objetivo que reducir el poder de negociación de los sindicatos, para lograr una mayor moderación salarial que eleve la ganancia empresarial. Las reformas en la gestión de los servicios públicos está siendo un proceso de acumulación por desposesión, en el que aumenta el mercado del capital privado en espacios ajenos (hasta ahora) al negocio privado. ¿Beneficiarios? Los fondos de inversión promovidos por la gran Banca y las multinacionales. No se hacen ascos a los capitales españoles ni de otros países del Sur.
El problema de la deuda
En 2000 la deuda pública española fue del 59,4% del PIB, a finales del 2014 llegó al 98%. En 2014 el Gobierno pagó 36.000 millones de intereses. El rescate bancario supone 46.000 millones de esa deuda. Por cierto, al igual que España ha contribuido a través del BCE al “rescate” de Grecia, es decir a garantizar que los bancos alemanes, franceses y de otros países cobrarán sus créditos, Grecia también ha contribuido proporcionalmente al rescate de los bancos españoles.
Mientras el BCE pone a disposición de las entidades financieras privadas una financiación muy barata (0,05% actualmente) y prácticamente ilimitada, los Estados tienen que recurrir a los mercados financieros de deuda pública.
Después de la decisión última del BCE, esta entidad y los respectivos Bancos Centrales de cada país comprarán en el mercado secundario (es decir no directamente al Tesoro Público) 60.000 millones mensuales por un período de al menos 18 meses. Aunque estamos aún lejos de un papel equivalente a otros Bancos Centrales, esto es un paso en la buena dirección. Paso insuficiente y mal enfocado, no obstante. Insuficiente porque el BCE sólo ha comprado directamente el 8% de la cantidad comprometida y mal enfocado porque lo compra en el mercado secundario, es decir garantizando ganancias de los compradores directos, bancos privados generalmente.
El BCE y el sistema de Bancos Centrales han sido sustraídos de un control democrático para realizar unas políticas monetarias favorables a las grandes empresas, especialmente financieras, y contrarias a los trabajadores. El BCE debe ser un instrumento al servicio del empleo y el desarrollo sostenible y no puede mantener su estatus actual, cuyos objetivos deben ser modificados para que puedan prestar directamente a los Estados miembros. Las diferentes economías nacionales deben tener el respaldo de un banco central para que puedan poner en marcha políticas a favor de los trabajadores, y que funcione como prestamista de última instancia. El BCE tiene que hacer suyos los objetivos de esta Unión Europea alternativa, y renunciar al control de la inflación como único objetivo económico. En su nuevo papel, el BCE debe quedar bajo control del Parlamento Europeo, que supervisará su actividad y nombrará su dirección. Las políticas actuales de facilitar liquidez exclusivamente a la banca privada a muy bajo coste han de ser corregidas. Esta intermediación sólo beneficia al sector financiero privado y no está teniendo reflejo en la economía productiva. La utilización de la deuda soberana como garantía de avales o de otros préstamos debe ser penalizada.
