Con motivo de la Semana de Acción en Solidaridad con Grecia y contra la Austeridad del 20 al 26 de junio, las organizaciones locales y las redes internacionales organizaron un encuentro internacional sobre la vivienda, el 20 y 21 de junio en Atenas en el que participaron representantes de 20 países.
El eje central fue la solidaridad con la población griega y otras comunidades afectadas por la crisis. El trasfondo, la convergencia de luchas contra el neoliberalismo en Europa y todo el mundo, relanzadas vigorosamente por la Asamblea Mundial de Habitantes (AMH Túnez 2015), hacia el Foro Social Urbano Mundial, una alternativa a la Cumbre Hábitat III de Naciones (Quito, octubre 2016).
En Europa muchas personas están afectadas por los desahucios y la violación de los derechos humanos a través de desalojos forzosos de viviendas públicas. El posicionamiento de partida fue que el acceso a una vivienda digna tiene que quedar fuera del mecanismo de los mercados y de la propiedad. La lucha por la vivienda tiene que enmarcase dentro de otras luchas más amplias que incorporen la situación económica y laboral, atacando la precariedad y la explotación laboral que condiciona y chantajea la vida de millones de personas en todo el mundo.
La estafa hipotecaria nos ha llevado en muchos países europeos a quedarnos con una deuda de por siempre, si bien es cierto que no en todos los países de la misma forma, según se extrajo de las conclusiones del encuentro. Cuando la crisis se agrava los ciudadanos ven agotarse sus prestaciones de desempleo y no pueden hacer frente a las hipotecas y a los alquileres.
El objetivo de estos encuentros, como el de Atenas, es servir para articular y coordinar la respuesta y la lucha en defensa del derecho a la vivienda y señalar a los verdaderos culpables de esta dramática situación que son los especuladores, las entidades bancarias y administraciones. También para impulsar manifestaciones y propuestas políticas en el Parlamento Europeo para que se garantice el cumplimiento de las recomendaciones del tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
La propuesta de los países participantes coincidió en que el derecho a la vivienda digna no pasa por la propiedad y el mercado sino por la iniciativa pública, democrática y al servicio de la colectividad, eliminando de raíz los elementos de negocio y especulación.
El problema de la vivienda surge de la imposibilidad de gran parte de la población de acceder a un alojamiento digno y a un coste asequible y en alquiler social. El objetivo ha sido el lucro y el beneficio privado, es decir, todo lo contrario que el de garantizar desde las instituciones el derecho de toda la población a una vivienda digna «que no de su propiedad» a un coste asequible y justo.
Para lograr este objetivo debe ser la iniciativa pública, mediante la regularización y la intervención directa, la que asuma un papel protagónico en garantizar este derecho, dado que ha sido precisamente el papel preponderante del mercado y la reducción de la vivienda a un bien de inversión, intercambio y especulación el origen del problema.
Además, esta iniciativa pública debe ir acompañada de un intenso esfuerzo de pedagogía social para recuperar el valor de la vivienda como bien de uso necesario para el desarrollo pleno del proyecto vital de todas las personas. Este esfuerzo debe ir acompañado de los firmes pasos «materiales» que se requieran.
La crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos es una falta total de los derechos más elementales, Derechos Humanos, Derechos de la infancia y vidas amenazadas por unas hipotecas.
Tratar de definir la vivienda social y pública (y su función) no resulta una cosa fácil, más teniendo en cuenta que ésta se percibe de diferente manera según las distintas culturas de los 27 países europeos. Pero la realidad no deja dudas: las personas en una situación difícil y precaria o en vías de empobrecimiento, se encuentran teniendo que afrontar una escasez de viviendas de calidad a un precio decente y abordable en relación a sus salarios y medios.
Los Estados deben de intervenir para crear este tipo de viviendas y responder de esta manera a las necesidades de una gran parte de la población. En todos los casos el alojamiento social y público es un bien que va más allá del ladrillo y debe superar la lógica del beneficio. Un control del mercado del alojamiento público es absolutamente necesario. La gestión del alojamiento social y público debe estar en manos de los Estados. La política de acceso a una vivienda digna tiene que ser una prioridad social y hasta ahora no lo ha sido ni en Europa, ni en nuestros países, ni en las instituciones. La reivindicación del derecho a la vivienda requiere de una lucha organizada a nivel europeo. No sirven medidas paliativas la solución es de lucha y compromiso político.
