Era marzo de 2014 cuando el entonces vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas (IU) presentaba en rueda de prensa el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Casi dos años después, ya sin IU en el Gobierno de la Junta de Andalucía, el texto iniciará si todo sale conforme a lo previsto, su tramitación como proyecto de Ley en el Parlamento andaluz.
PSOE, IU y Podemos votarán a favor de un texto que hunde sus raíces en las tesis de memoria histórica del Partido Comunista, pues son miembros del partido y los foros de la memoria de Andalucía quienes al alimón lo han elaborado. El voto en contra de PP y Ciudadanos ya está anunciado desde hace meses. Si se cumple lo previsto, la Ley más avanzada de España en esta materia, iniciará su camino con 67 votos a favor y 42 en contra.
Sobre esta cuestión se ha pronunciado el secretario general del PCA, José Manuel Mariscal quien ha pedido a Ciudadanos (C’s) que «esté a la altura de los tiempos» respaldando una ley que no es «ni de izquierdas ni de derechas», sino que es una ley «de justicia y regeneración democrática» y que «forma parte y nos incluye en el panorama de los países de Europa que han reconocido a los defensores de libertades democrática».
En la misma línea al PSOE-A le ha pedido que «no se amilane» ante «los ataques de la derecha». Así ha dicho confiar en que el PSOE-A, Susana Díaz y la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, «sepan resistir los ataques que la derecha va propinar a este proyecto de ley». En cualquier caso, Mariscal ha saludado que el PSOE-A haya presentado el mismo texto que elaboró IU, lo que ve un gesto «muy positivo”.
La Ley, también salvo sorpresas en la tramitación parlamentaria, abordará de forma integral la máxima de la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de la dictadura franquista. Así fijará por primera vez un límite de tiempo para que los gobiernos municipales eliminen cualquier vestigio del franquismo presente en edificios públicos y en inmuebles sufragados con el erario público. La normativa incluiría la simbología presente en iglesias o en el callejero de pueblos y ciudades.
No será la única novedad pero supone una pincelada del camino que abre una Ley que nace tras un proceso participativo abierto por IU en sus tareas de gobierno durante la anterior legislatura y que ha contado con el trabajo de las asociaciones memorialistas de Andalucía y el aplauso de estas al anteproyecto.
El Ejecutivo andaluz, una vez aprobada la Ley, tendrá capacidad para retirar de forma subsidiaria los símbolos que exaltan la dictadura franquista si los ayuntamientos no lo hacen antes de tres meses tras la publicación de la Ley en el BOJA.
En caso de que los regidores se nieguen o respondan con silencio administrativo, la Junta incoará de oficio la retirada de cualquier alegoría por lo que se da un gran paso en la legalidad actual pues, además de esa actuación de oficio, la Junta impondrá sanciones a los ayuntamientos que incumplan dicha normativa, exponiéndose incluso a la pérdida de ayudas públicas por parte de la Administración, otro avance con respecto a la norma de Zapatero que no recogía medidas coercitivas.
