La política de formación para el empleo desarrollada por la Junta de Andalucía no ha servido para aliviar los catastróficos datos de paro que registra la comunidad autónoma. En el periodo 2002-2012 el gobierno andaluz ha dedicado ingentes cantidades de dinero en forma de subvenciones para empresas y administraciones a fin de que los parados pudieran reciclarse laboralmente.
Lejos de arrojar alguna cifra positiva que pudiera estar vinculada a la creación de empleo, lo que deja la política de formación en Andalucía son cinco macro operaciones policiales, más de 300 detenidos y decenas de empresas bajo sospecha. Como ocurriera durante la instrucción del conocido caso del fraude en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), toda la política de la Junta destinada a paliar los efectos del paro sobre los andaluces, queda bajo sospecha nuevamente.
Ambos casos guardan relación en muchos aspectos. Tanto las partidas 31L del Presupuesto andaluz – destinada al pago de ERE a empresas en crisis-, como las órdenes de subvenciones para impartir cursos de formación a desempleados, han servido para crear tramas de captación de fondos públicos vinculadas al PSOE de Andalucía.
ERE y cursos de formación, lejos de proponer reformas estructurales que pudieran atajar de raíz los problemas del paro en la comunidad, han perseguido el pago mediante subvención de la paz social en aquellos focos –muy vinculados al proceso de desindustrialización de Andalucía– que podrían haberse convertido en un dolor de cabeza para el PSOE. La situación que viven todavía hoy los ex trabajadores de Delphi, la multinacional de Puerto Real que cerró sus puertas hace ahora nueve años, es el ejemplo más claro de las consecuencias de esta política.
Tanto el fraude de los ERE como el de la formación están judicializados en este momento y han contado -o cuentan- con una comisión de investigación parlamentaria que pretende dirimir responsabilidades políticas. En el presunto fraude de la formación se está trabajando en este momento en la cámara autonómica de Andalucía.
69 personas, en su amplia mayoría altos cargos de los gobiernos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, están llamados a declarar en la primera fase de comparecencias en el Parlamento incluyendo a los ex presidentes y a la actual presidenta de la Junta de Andalucía.
Más allá del interés mediático que despierte un nuevo paseíllo de Chaves y Griñán –como ya pasara en los ERE- dirigiéndose a explicar ante los miembros de la comisión de investigación las irregularidades que pesan sobre sus gobiernos, así como la novedad de ver a Susana Díaz entrar al Parlamento para prestar declaración, hay una ardua tarea para los diputados que forman parte de este órgano fiscalizador: construir un relato veraz sobre cómo se ha producido un fraude que necesariamente ha debido de contar con la colaboración de altos cargos de la Junta de Andalucía y entramados empresariales beneficiados con subvenciones.
La historia, por tanto, se repite con los mismos actores. Parados sufriendo los efectos de una crisis que no acaba; un gobierno autonómico y un partido socialista que disfrazan de política social lo que en realidad son políticas paliativas que buscan acallar la protesta social; unos sindicatos cómplices; y una red clientelar de empresarios y asociaciones que se nutren, mediante subvenciones y malas prácticas, de la estafa a las clases trabajadoras de Andalucía.
