Uno de los primeros comunicados sobre la detención de los dos artistas de los títeres que han sido acusados de “apología del terrorismo” fue de IU-Usera el mismo día en que se producía. El texto era claro y conciso: “La tarde del pasado 6 de febrero tuvo lugar la detención de dos personas de la compañía Títeres desde Abajo mientras representaban la obra La Bruja y Don Cristóbal. La obra se contrató por parte del Ayuntamiento de Madrid para ser representada en los Carnavales de Tetuán, y estaba «recomendada para niños» en la web municipal.
Tras la detención, el Partido Popular y varios medios de comunicación empezaron automáticamente una campaña de criminalización y de manipulación sobre este asunto, afirmando que en esta obra se estaba haciendo apología del terrorismo, sacando un cartel donde decía «Gora ETA» y representando acciones de carácter violento, al tiempo que señalan a varios responsables de Ahora Madrid como cómplices de tales delitos, ante la cual nos vemos obligados a responder”. Y señalaban con contundencia que “La citada obra NO contiene absolutamente ninguna escena de apología del terrorismo, bajo ninguna interpretación posible. Muy al contrario, se trata de una obra del tipo Títere de Cachiporra, al estilo guiñol, un género en el que destacó Federico García Lorca y su Retablillo de Don Cristóbal, donde ya se narraba las vivencias de este personaje. En esta obra, La Bruja y Don Cristóbal, se refleja la caza de brujas tradicional sufrida por determinadas personas a lo largo de la historia y cómo han sido objeto de criminalización, represión y difamación. Precisamente el cartel del que habla la prensa no dice «Gora ETA», sino «Gora Alka-eta» y lo colocan a la bruja para incriminarla. Don Cristóbal es el villano. En el tradicional género de la cachiporra, la «violencia» puede ser similar a la de un cómic humorístico”. Hasta hoy, 12 de febrero, en que redactamos este escrito, ha habido tres posiciones enfrentadas: la primera la de quienes han defendido la labor de la fiscalía y del juez Ismael Moreno: los paraperiodistas (en acertada definición de Ángeles Diez) que tratan de enfangar la información real (ABC, La razón, tertulianos de extrema derecha, etc.) para que la derecha consiga algunos puntos positivos en medio del desastre de los datos sobre corrupción. Esta posición acepta la censura y el autoritarismo sobre la libertad de expresión. La segunda es la de quienes defienden la “desproporción” de la medida judicial o tratan de salvar su nuevo estatus político (El País, la alcaldesa de Madrid, el PSOE, colectivos gremiales de actores, etc.). Esta posición acepta la censura y el autoritarismo de la libertad de expresión pero no lo consideran adecuado a este caso. La tercera, la de quienes defienden la libertad de expresión y de crítica, y denuncian el origen de este acto aberrante realizado por parte de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía del Estado: diversas leyes hechas por el PSOE y el PP (las llamadas “Ley Corcuera”, “Ley de Partidos”, “Ley Mordaza”, etc.). Esta posición se opone a la política legislativa que trata de acabar con la crítica y la contestación social mediante la represión. Como escribió Raoul Vaneigem en un importante libro de 2003, Nada es sagrado, todo se puede decir, “la libertad de expresión es un valor humano en su libertad misma de expresar lo inhumano”. El caso de los artistas de los títeres no es distinto a otros (como el del fotógrafo Raúl Capín, o los ecologistas denunciados, o los sindicalistas para los que se pide prisión): se trata de presos políticos. Su condición sólo terminará cuando consigan pagar a sus abogados, recuperado sus vidas y se deroguen estas leyes que amparan la represión de las libertades democráticas.
