Desde hace más de 7 años, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca viene denunciando lo que estaba ocurriendo con Bankia, sobre todo la sobrevaloración de las hipotecas, y no solamente entre los años 2003 y 2009 que fue cuando estaba la burbuja inmobiliaria, sino también con anterioridad.
La definición de ESTAFA la puso nuestra Plataforma sobre la mesa desde el principio y creemos que ya es hora de que la justicia tome cartas en el asunto. Dado que el juez José de La Mata ve indicios de posibles delitos entre los que se encuentra el de estafa bajo el argumento de que estos hechos habrían ocasionado una grave repercusión en la economía nacional, al haber afectado a miles de clientes y haber producido pérdidas millonarias a la entidad. Desde la Plataforma, añadimos un grave coste incluso de vidas humanas y que a fecha de hoy, cientos de familias han perdido su vivienda y aún siguen debiendo dinero a esta entidad y esa deuda tiene consecuencias directas en su vida diaria, en sus decisiones y sus familias: los deudores están registrados en los ficheros de morosos, lo cual hace difícil, cuando no imposible, firmar un contrato de alquiler, comprar algo a crédito o incluso contratar un teléfono móvil. Tienen mayor probabilidad de trabajar en la economía sumergida, y no pueden generar ingresos para ellos o sus familias haciendo un plan empresarial porque no tienen acceso al crédito. Su salud física y mental puede deteriorarse. Pueden alejarse de sus amigos y familia, ya sea porque les deben dinero, ya sea porque no pueden permitirse tener interacciones sociales.
El Banco de España y en el auto judicial, se reconoce que se concedieron préstamos por encima del 100% del precio de la compraventa de los inmuebles hipotecados con tasaciones sobrevaloradas e irregulares. La tasadora del grupo Tasaciones Madrid, valoraba de forma sistemática los inmuebles hipotecados por encima de su precio ayudando así a Caja Madrid a fomentar una política de especulación y de agresión comercial con graves consecuencias.
Las políticas de vivienda en nuestro país han afectado directamente a las clases más vulnerables. El Estado no ha vigilado los efectos de una política especulativa. Las medidas tomadas por el Gobierno actual no han sido suficientes.
Desde la PAH exigimos que el futuro Gobierno reforme las leyes españolas de insolvencia para crear un mecanismo accesible, justo y eficaz para que personas sobreendeudadas puedan liberarse de su deuda.
Denunciamos que los bancos o cajas de ahorros como Bankia, exigían al hipotecado excesivas garantías de avales que nuestro país ha supuesto también la pérdida de la vivienda de estos avalistas.
Las cifras de lanzamientos y desahucios son muy altas y poco conocidas por la población.
Desde la PAH, entendemos que todo el sufrimiento que están padeciendo miles de familias debería de ser reconocido no únicamente con reconocer que ha sido una estafa y en consecuencia pedimos juicio y castigo para los culpables, sino con la recuperación de las viviendas a manos de sus legítimos propietarios que son las personas desahuciadas así como la paralización de todos los procesos ya que ha habido un juez que ha visto claramente indicios de delito por parte de un banco.
Desde la PAH, haremos todo lo que social y jurídicamente esté en nuestras manos para recuperar lo que una banca ha arrebatado a cientos de familias.