Tras cuatro años de conversaciones de paz, el pasado 24 de agosto en La Habana se firmó entre representantes del Gobierno Nacional y de la guerrilla más antigua de América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejercito del Pueblo (FARC EP) el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y el establecimiento de una paz estable y duradera en Colombia. Este acuerdo será ratificado el próximo día 26 de septiembre en Colombia, con las firmas del Presidente de Colombia Juan Manuel Santos y el Comandante en jefe de las FARC EP, Timoleón Jiménez, y posteriormente sometido a refrendación popular el día 2 de octubre de 2016, con un más que previsible resultado a favor del SI.
El Acuerdo Final no supone la instauración de un régimen socialista en Colombia, ni la expropiación de los extensos latifundios improductivos que lastran la economía del país y condenan a vivir en la miseria a millones de campesinos sin tierras. Los distintos acuerdos parciales alcanzados –Reforma Rural integral; garantías de participación política; garantías de seguridad y lucha contra el paramilitarismo; sustitución de cultivos ilícitos; víctimas y Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición; reincorporación de la guerrilla a la vida civil, constituyen únicamente un programa de actuaciones para la democratización y modernización política, económica y social del país.
Comenzando por el compromiso del Estado de renunciar a la violencia en el ejercicio de la política, otorgando garantías a la oposición, a cualquier fuerza política opositora- para cumplir libremente y con seguridad su función en un sistema democrático, sin tener por ello sus militantes que exponer su seguridad o perder la vida, y erradicando la costumbre muy colombiana de exterminar a las fuerzas políticas de la oposición, como ocurrió en los años 80 con el partido “A Luchar” y en los 80 y 90 con la Unión Patriótica.
Para ello es imprescindible acabar con la presencia de ejércitos paramilitares, fenómeno estructural en Colombia ante el cual el Estado sorprendentemente a fecha de hoy no había aprobado una sola norma jurídica de prohibición del paramilitarismo, norma que ahora, resultado de los acuerdos, se incluirá en la Constitución Política de Colombia. El Acuerdo de Garantías de Seguridad contempla distintas medidas políticas, judiciales y policiales para acabar con este fenómeno, atacándolo de raíz, esto es, no únicamente a los paramilitares uniformados sino a las estructuras políticas y económicas que los organizan, financian y sustentan, sectores que hasta ahora habían permanecido en la impunidad. A tales efectos se ha creado una Fiscalía Especial, independiente de la Fiscalía General de la Nación, cuya única función es perseguir al paramilitarismo y a sus redes de apoyo y financiación.
Los acuerdos hacen especial énfasis en corregir las causas de un conflicto armado que desde 1964 hasta hoy ha enfrentado a la guerrilla campesina de las FARC EP con el Estado colombiano, conflicto que según muchos académicos y expertos viene de tiempo atrás, al menos desde los años 30 del siglo XX cuando debido a la voracidad latifundista y ganadera, fracasó la tímida reforma rural iniciada con la aprobación de la ley 200 de Tierras en 1936. La cuestión agraria ha sido sin duda la causa de las permanentes guerras civiles que ha vivido Colombia desde su independencia en 1810. El desplazamiento violento de los pequeños campesinos realizado por ejércitos privados -paramilitares- creados por latifundistas y ganaderos, ha sido un método permanente de usurpación de la tierra que ha permitido incrementar la riqueza de los desplazadores -el 53% de la tierra aprovechable está en manos de 2.300 propietarios- a la vez que condenaba a la pobreza y a la inequidad a la inmensa masa de campesinos colombianos. Esta práctica ha sido permitida por el Estado permanentemente, y solo así puede entenderse que, por ejemplo y según los propios datos del Ministerio de Interior de Colombia, entre 1980 y 2012 haya habido 1.166 masacres de campesinos perpetradas por paramilitares –una cada 10 días- sin que en ninguna de ellas interviniera el Ejercito para impedirlas, sino más bien lo contrario, masacres que en muchos casos han sido facilitadas por la Fuerza Pública despejando las zonas previamente de la presencia guerrillera.
Al margen de la obligación del Estado de reponer a los desplazados en sus antiguas tierras extinguiendo los títulos de dominio que sobre ellas tengan hoy día los usurpadores, con el acuerdo alcanzado 10 millones de hectáreas serán puestas a disposición de pequeños campesinos. 7 millones de hectáreas corresponden a terrenos del Estado que hoy día han sido ocupados por campesinos sin tierras, a los que se les titularizará como propietarios de esas pequeñas explotaciones. 3 millones más de Hectáreas, procedentes también de tierras propiedad del Estado actualmente vacías, serán repartidas entre campesinos sin tierra o desplazados que no puedan retornar a sus lugares de origen. Lejos de pretenderse “socializar” el campo, los acuerdos pretenden garantizar la propiedad de la tierra a todos los colombianos, y no solamente a los poderosos. Son más de 7 millones de hectáreas las que han sido usurpadas por latifundistas y ganaderos a sangre y fuego.
Queda ahora lo más difícil, la implementación de los acuerdos alcanzados, y por tanto la construcción de un país en paz donde comiencen a corregirse las tremendas desigualdades sociales que hacen hoy día a Colombia el segundo país más inequitativo de occidente tras Haití. Es imprescindible el acompañamiento internacional, de la Comunidad Internacional. A través de una Misión de Verificación de Naciones Unidas compuesta por países de la CELAC, se verificará la dejación de armas de las FARC EP y posteriormente el cumplimiento de los acuerdos de Garantías de Seguridad y Reincorporación a la vida civil de los guerrilleros y guerrilleras. Pero ese acompañamiento no es suficiente. Son los pueblos del mundo, a través de sus Gobiernos, sus organizaciones sociales y de las fuerzas políticas democráticas, quienes deben estar alerta, no solamente para que la paz sea irreversible tras un siglo ininterrumpido de violencia en Colombia sino también para que los programas de desarrollo económico y social acordados en la Mesa de La Habana acaben definitivamente con las causas que ocasionaron este largo y cruento conflicto armado interno.
