ARGENTINA. Si consideramos, tal como lo hacían Lenin o Engels que el Estado es una «fuerza especial de represión» [1] de una clase para dominar a otra, no debiera extrañar la permanente sintonía de movimientos entre miembros de dicho Estado y sus jefes económicos. En algunos países se realiza en forma un tanto sutil, como en España con los gobiernos (PP o PSOE) defendiendo a la Banca y no a las personas, y en otros sitios dicha sintonía es mucho más evidente y burda.
Así podemos verlo, por ejemplo en Argentina, y el enfrentamiento del gobierno de Mauricio Macri con la Comisión de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias ante el caso de Milagros Sala. Milagros Amalia Sala es dirigente social y política de una provincia del noroeste argentino. Líder de la Organización Barrial Túpac Amaru, actualmente es miembro del Parlamento del Mercosur, conocido como Parlasur y desde enero de este año se encuentra detenida a instancias primero del gobernador de la provincia de Jujuy el neoliberal Gerardo Morales, y luego por el Fiscal del Estado Mariano Miranda.
Hay que destacar que el Secretario de Seguridad provincial encargado por Morales de detener a Milagros Sala y otros dirigentes sociales, es Guillermo Siri, un exmilitar acusado de haber integrado Consejos de Guerra que juzgaba a detenidos políticos durante la última dictadura militar argentina [2]. Por otra parte, el propio Gerardo Morales tiene lazos mucho más que cordiales con la oligarquía terrateniente implicada con la represión y desaparición de cientos de trabajadores de la caña de azúcar [3].
El Fiscal del Estado, Mariano Miranda, responde en nombre del gobierno Macri y rechazó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y el Grupo de Trabajo de la ONU la posibilidad de liberar a Milagros Sala, al indicar que esa medida “implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación” judicial. La curiosidad es que Mariano Miranda al mismo tiempo de ser Fiscal es Apoderado Nacional de la agrupación política “Cambiemos” cuyo presidente es el neoliberal Mauricio Macri. Lo que se dice juez y parte, ya que Milagros Sala es una de las adversarias políticas y sociales más importante que tienen las impopulares medidas de Macri.
Poder militar, judicial y político entrelazados para beneficiar, sostener y proteger al poder económico.
Mientras tanto, Milagros Sala y otros dirigentes sociales están detenidos y la presión social e internacional puede lograr arrancarles de las cárceles. Además de las movilizaciones en Argentina, hay un movimiento mediante Internet para recoger firmas por la libertad de Milagros Sala y demás presos políticos [4].
La (no tan) extraña actuación de la Justicia argentina alcanza también a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) a quien desde hace años le vienen armando causas con la esperanza de que alguna resulte cierta, y mientras tanto si no lo son, al menos deterioran su imagen. Y no por sus errores en la gestión gubernamental, sino por sus aciertos en la política social y redistributiva. Mientras tanto la expresidenta está finalizando la estructuración de una fuerza política que, actuando por fuera del Partido Justicialista, sea capaz de enfrentarse con éxito a candidatos neoliberales como Mauricio Macri y acólitos, ya que en 2017 hay elecciones legislativas en Argentina. Pese a la campaña de desprestigio mediático y de persecución judicial, la expresidenta mantiene un alto grado de convocatoria popular. En dicho entramado actuarían desde grupos del justicialismo (peronismo) hasta socialdemócratas y comunistas, al estilo de un Frente social y político. Sin ser, representar o pretenderse revolucionaria, en un país como Argentina, sometido a la voracidad depredadora de las multinacionales, Cristina Fernández es un peligro para el Imperialismo por su reclamación de justicia social e integración latinoamericana independiente.
PARAGUAY. En este golpeado país, se está viviendo un curioso debate constitucional. El de la posibilidad de reelección. Al salir de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), se aprobó una constitución que impide taxativamente la reelección de presidente y vicepresidente de la nación.
El actual mandatario, Horacio Cartes tantea la posibilidad de reformar la constitución para poder repetir en el cargo. Cartes, millonario empresario, miembro del partido político que sustentó la sangrienta dictadura de Stroessner, le ha tomado el gustito a eso de mandar no sólo en sus empresas sino también en el país. Claro que otros personajes de su propio partido no lo ven así, dice Camila Vollenweider analista, socióloga y docente universitaria argentina. Uno de ellos es Mario “Marito” Abdo Benítez, hijo de quien fuera secretario privado de Stroessner, se opuso a cualquier intento de su partido por conseguir habilitar la reelección y ha manifestado su voluntad de disputar la presidencia en 2018 [5].
De lograr lo que propone Horacio Cartes, un beneficiado colateral sería Fernando Lugo, presidente paraguayo derrocado por un golpe de estado parlamentario en 2012. Según encuestas fiables, Lugo como candidato a presidente, tiene una proyección electoral cercana al 45%. El conocimiento de esta realidad es el principal escollo de Cartes a la hora de impulsar a fondo el cambio constitucional.
Por su parte Fernando Lugo, actual senador del Frente Guasú (Frente Grande) sabe que no puede quedarse esperando una posible modificación a manos de sus adversarios políticos, y se plantea la disputa judicial para hacer valer que en su caso no sea de aplicación el actual artículo 229 de la constitución paraguaya ya que él no ha finalizado su mandato sino que fue derrocado por un golpe palaciego.
La consigna de “Cartes vendepatria” gana adeptos por la sumisión demostrada por el presidente al gobierno norteamericano y las multinacionales. Paraguay está convulsionado por el reajuste económico que implica que el pueblo haya visto mermada su ya exigua participación en la riqueza nacional. Las protestas de maestros y campesinos se realizan día tras día. Y dichas protestas no sólo no disminuyen sino que se van transformando en organización popular.
Analizar la situación y sus ramificaciones sin considerar al Estado como una forma de control de una clase social a las demás clases sociales, nos hace caer en el “buenismo” y limita (o anula) las opciones de cambio real. Por tanto, es la movilización popular quien puede torcer el brazo de una Justicia parcial y sectaria.
Notas:
1. Ver “El Estado y la Revolución” de V.I.Lenin.
2. http://goo.gl/tpgoUP
3. http://goo.gl/6Anj3v
4. http://goo.gl/2JFl6c
5. http://www.celag.org/author/camilavollenweider
