El 15 y el 18 de diciembre, los sindicatos sacaron miles de personas a la calle exigiendo mejora en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la reforma de los apartados más lesivos del recorte de derechos a los trabajadores y trabajadoras llevados a cabo en los anteriores gobiernos del PP; el 26 de noviembre se llenaron las calles de El Rocío movilizándose contra el proyecto de Gas Natural que pone en riesgo el ecosistema de Doñana. El 29 de noviembre, varias ciudades del Estado se llenaron de personas convocadas por las Marchas por la Dignidad. El 15 de enero reunió a miles de personas, una Marea Blanca y Verde, exigiendo a la presidenta de la Junta de Andalucía, una sanidad pública y de calidad; el mismo día que los trabajadores y trabajadoras de Telemadrid realizaron una sonora protesta en el centro de Madrid contra un ERE ilegal que dejó en la calle a 871 personas. Sólo en lo que llevamos del mes de enero ha habido casi un centenar de concentraciones para evitar desahucios de viviendas, cortes de luz o para exigir una mejora en el poder adquisitivo de las pensiones. A ellas podríamos añadir, decenas de movilizaciones de empresas en defensa ya sea de su convenio, ya contra los recortes de empleo (basta mirar el listado de conflictos laborales que escribe Javier Chamorro todos los meses en Mundo Obrero)… y esto sólo en dos meses.
Es justo también destacar, la febril actividad de la izquierda parlamentaria, en la realización de propuestas que reviertan las agresiones realizadas a los ciudadanos y ciudadanas durante el periodo de los gobiernos de Rajoy.
Sin duda, los ciudadanos en general y los trabajadores en particular han decidido asumir como propia la estrategia de la movilización permanente para cambiar las políticas neoliberales.
Pan, derechos y dignidad, es la bandera que muchas personas de nuestro país está haciendo suya, con frecuencia con un espíritu de solidaridad aunque no les afecte coyuntural y directamente.
Hemos superado también un listón invisible, pero existente, de que no hay incompatibilidad entre movilizaciones institucional y movilizaciones ciudadanas, es más, la complementariedad de las mismas están poniendo contra la espada y la pared unas desfasadas y fracasadas políticas. Se conjugan resoluciones de plenos municipales o parlamentarios, con manifestaciones, llamamientos institucionales, con concentraciones…
Todos aquellos que estamos convencidos de la necesidad de establecer un marco de movilizaciones permanente, como vía para corregir los errores de las políticas neoliberales, podríamos decir que 2017 ha empezado con el éxito de esta estrategia movilizadora.
Sin embargo todavía hay resistencia a establecer un vínculo en las distintas movilizaciones, como si algunos todavía pensaran que los recortes laborales y los desahucios fueran elementos que no tienen el mismo origen. Como si la reducción de salarios directos no estuviera dictada por las mismas políticas de los recortes en servicios públicos, que no son, ni mas ni menos, que salarios diferidos de los trabajadores.
Estas resistencia se dan en sentidos, que a veces parecen más un miedo a romper con el sistema establecido en sus distintos ámbitos. Nos hemos encontrado a dirigentes sindicales que les «mareaban las mareas», con un llamamiento a la desmovilización y que solo ayudaban al poder que ponía en marcha esas políticas de privatizaciones y recortes (en este caso la Junta de Andalucía), hemos vivido también (el conjunto del PCE está activamente participando en todos los foros de movilizaciones, sean sindicales o ciudadanos) cómo grupos de representación minoritaria, se oponían a que los sindicatos mayoritarios entraran a convocar y organizar las movilizaciones sociales, paralelas a las sindicales.
En definitiva, existe una resistencia (en algunos) a entender la lucha plural que en estos momentos se está dando, como una lucha que busca el mismo fin, que no es otro que el cambio de las fracasadas políticas neoliberales.
Desde el punto de la vista de los logros concretos, estas movilizaciones, llamémoslas «paralelas», están dando sus frutos: Hoy en las mesas de negociaciones de los convenios se habla de subidas salariales muy por encima del IPC, o la recuperación del impulso de la negociación colectiva como arma de freno de la aplicación de las reformas laborales, es un hecho. Por otro lado se ha forzado a la Banca, a reducir su caníbal presión sobre los desahucios. Y la presión sobre las eléctricas, está haciendo que se fuerce a unas multinacionales de grandes beneficios, a variar su posición (todavía queda mucho por hacer) para pasar de impugnar los bonos sociales eléctricos a tener que estar a la defensiva en los cortes de luz.
Todo esto es verdad, pero queda mucho: poder adquisitivo de las pensiones, mejora del SMI, derogación de los apartados más agresivos de la reformas laborales, imposición de la dación en pago con alternativa social de vivienda, el derecho básico de renta y de energía, recuperación de una educación y unos servicios públicos de calidad, universales e igualitarios…
Y esto sólo se consigue con un movimiento aglutinador de nuestras movilizaciones.
