Mundo Obrero: La declaración de nulidad de la Ley de Amnistía es entre otros, uno de los ejes centrales de la ruptura democrática por la que ha apostado el PCE en la primera fase de su XX Congreso e IU en su última asamblea. ¿Por qué no puede haber ruptura sin la derogación de esta ley?
Esther López Barceló: Efectivamente, es esa una de las tesis aprobadas en el último Congreso y parte de la necesidad de afrontar el debate de la impunidad en nuestro país. Después de 40 años de franquismo y su consecuente represión; después de 40 años de impunidad en democracia, consideramos que es hora de los Derechos Humanos.
M.O: Izquierda Unida ha lanzado una campaña contra la Ley de Amnistía. ¿Cómo se va a desarrollar a nivel estatal y cuáles son los principales puntos de la campaña?
E.L.B.: En estos momentos hemos conformado un grupo de abogados y compañeros especialistas en el tema a través del cual vamos a intentar llegar a una iniciativa parlamentaria consensuada para trasladarla al Parlamento. La campaña pretende poner encima de la mesa la situación de vulneración de los derechos de las víctimas del crimen de lesa humanidad que cometió el régimen franquista. Sus consecuencias más atroces fueron miles de desaparecidos en fosas comunes, el sufrimiento de torturas, robo de bebés y años de prisión. Por eso entendemos que la democracia sigue teniendo una deuda insoslayable con la verdad, la justicia y la reparación que, evidentemente, nunca se saldó a través de la Ley de Memoria Histórica. Una ley que ni siquiera anulaba las sentencias franquistas y que permite que condenas infames como la de Miguel Hernández sigan siendo válidas en pleno siglo XXI.
M.O.: ¿Cuál va a ser el núcleo de esa iniciativa parlamentaria para derogar la Ley de Amnistía?
E.L.B.: Los términos de la iniciativa parlamentaria en sí aún no están definidos pero nuestra posición parte de la tesis aprobada en el último Congreso del PCE, como hemos comentado al principio de la entrevista, y tiene como objetivo poner el foco en la situación de impunidad de los crímenes de lesa Humanidad cometidos por el régimen fascista de Franco. El debate en el grupo de trabajo se da en torno a cómo enmarcar técnica y jurídicamente el objetivo de eliminar la excusa que el Tribunal Supremo encuentra en la Ley de Amnistía para no hacer cumplir el Derecho internacional en materia de Derechos Humanos. Así pues, estamos tomando como precedente lo que sucedió en Argentina a través de la nulidad por parte del Parlamento de la Ley de punto final.
M.O.: En realidad los argumentos del PCE e IU coinciden con las recomendaciones de la ONU aunque aquí haya imperado el pacto de olvido y silencio. ¿Cuál es la posición del resto de los grupos parlamentarios al respecto?
E.L.B.: Estamos manteniendo contactos con partidos como ERC, Bildu y, por supuesto, los compañeros de las confluencias que conformamos Unidos Podemos y hay muy buena sintonía acerca de este tema, algo que nos motiva a intentar conseguir el mayor apoyo y consenso posible. Es necesario que 40 años después de la aprobación de la Ley de Amnistía revisemos el uso que de ella han hecho los poderes fácticos del régimen, utilizándola como ley de punto final de facto, cuando no fue ese el propósito con el que el PCE presentó el primer borrador de proposición de ley en origen.
M.O.: En Andalucía se acaba de aprobar la Ley de la Memoria andaluza, gracias a la iniciativa de IU, como publicamos en este número de MO. ¿Cómo puede facilitar la aprobación de una Ley de Memoria Democrática a nivel estatal?
E.L.B.: Ya estamos trabajando con esa intención. La Ley de Memoria Histórica ni siquiera está sirviendo con eficacia para acabar con la ignominia que suponen los nombres de calles franquistas en nuestras ciudades. Todavía hay casos, como el de Alicante, en el que una jueza a instancias de una denuncia del PP, ha obligado al Ayuntamiento a reponer los nombres que ensalzaban a nazis de la División Azul o directamente a nombres de criminales franquistas. Por tanto, es una ley que no ha servido más que para generar frustración en las víctimas, ya que ni siquiera sirvió para declarar nulas las sentencias dictadas por tribunales franquistas y, no sólo eso, sino que además legitimó la privatización de las exhumaciones de fosas comunes.
Creemos necesario pues, elevar a rango estatal lo que ya es un gran hito en Andalucía gracias a la labor de Izquierda Unida en su etapa de cogobierno en la Junta y, por supuesto, al trabajo parlamentario desarrollado por nuestros compañeros andaluces con Antonio Maíllo a la cabeza. Esperamos, de todas formas, que este esfuerzo se concrete en una proposición de ley estatal que no nazca únicamente del impulso de nuestra fuerza política sino de muchas más, para que pueda llegar a ser una realidad el que contemos con una ley que garantice verdad, justicia y reparación. Como decíamos, no podemos hablar del cumplimiento de los Derechos Humanos en nuestro país mientras miles de personas asesinadas sigan en fosas comunes en paradero desconocido, mientras los criminales sigan gozando de impunidad y siga siendo más fácil acabar condenada por “ofender” a un fascista que por haber sido un torturador con Franco.
