Se expiró el plazo que el gobierno español había fijado con la UE para la reubicación y el reasentamiento de 17.337 personas solicitantes de asilo proveniente de Irak, Siria y/o Eritrea.
La realidad es que nunca hubo voluntad de cumplir con la cuota de la UE que discrimina por razón de origen y que este plazo, de casi dos años, no ha sido más que una negativa dilatada en el tiempo.
El gobierno del Partido Popular se opone a la acogida. Ha contribuido a la construcción de esta Europa Fortaleza insolidaria que también ha elevado un fuerte detrás de proclamas fascistas, mediante la permisividad a algunos países -como Eslovenia- a que se negaran al acogimiento, externalizando nuestras fronteras con acuerdos millonarios con países no garantes de los Derechos Humanos y la puesta en marcha de toda una batería de medidas del sicariato organizado del poder.
La situación en nuestro país es prácticamente la misma que al principio. Solo han llegado 1.983 personas y mientras las restantes no lleguen estaremos vulnerando sus derechos, entre otros, el derecho de muchísimas menores a acceder a la educación. Según la ONG Save the Children hay 3,5 millones de niños y niñas refugiadas sin escolarizar. A estos menores se les niega una vida mejor al estar fuera del sistema educativo, ya que, además, afecta a su futuro. España vulnera los derechos de la infancia, de las mujeres, los derechos humanos con esta posición política inhumana en lo que se refiera al acogimiento.
Estamos oficialmente entre los países con mayor grado de incumplimiento.
En ayuntamientos como el de Madrid aún cuelga la pancarta de “REFUGEES WELCOME” algo carcomida por el tiempo y la desesperanza de quienes con angustia ven sus vidas detenidas en este tedioso proceso al otro lado de una valla, en un campamento, en el fango.
Durante este tiempo las organizaciones de ayuda a refugiados y refugiadas han trabajado para su integración, provisto recursos para su llegada, elaborado campañas de información para quienes llegan y otras para frenar falsos rumores entre la población local. Todo ello no ha sido en vano porque aquí ya hay personas que han llegado, al margen de la cuota europea, por sus propios medios.
Sin embargo, paralelamente las organizaciones han tenido que emplear un valioso tiempo en luchar contra el Gobierno del Partido Popular, contra sus continuos intentos de criminalización o las acusaciones de ministros de que “su ayuda” produce un efecto llamada cuando en realidad su omisión de socorro, la del gobierno, constituye un comportamiento delictivo reincidente.
El incumplimiento de la cuota no ha pillado a nadie por sorpresa. Sabemos quién nos gobierna, pero no deja de indignarnos que jueguen así con el futuro de miles de personas.
La aplicación del Convenio de Dublín
En algunos países de la Unión Europea se está aplicando el Convenio de Dublín y devolviendo a personas solicitantes de asilo a los países por los que entraron a Europa sin tener en cuenta que se han reagrupado con sus familiares.
Las personas que tuvieron que presentar su solicitud en España por imperativo de la aplicación del convenio están siendo devueltas por terceros países, lo que les deja en una situación prácticamente de desamparo, ya que al no proseguir los trámites de la solicitud en nuestro país quedan fuera del sistema de acogida y ahora retornan a un lugar que no les garantiza nada.
Esta nueva problemática no la está resolviendo el gobierno. Nuevamente son las personas y las organizaciones las que buscan la manera de encontrar pan, techo y si es posible, trabajo, mediante redes populares que ha construido la sociedad civil.
Este será en los próximos meses un problema de cierta envergadura. Las personas egresadas no hablan castellano, muchas de ellas proceden de Alemania y tienen un perfil muy joven. Son jóvenes estudiantes que vieron interrumpidos sus estudios y que no tienen un oficio definido, lo que dificulta su inserción en el mundo del trabajo.
No se les puede culpar por haberse ido aunque supieran que corrían el riesgo de ser devueltos a España fuera del sistema de acogida. ¿Quién teniendo la oportunidad de reunirse con una hermana o un amigo después de un periodo de guerra y conflicto no intentaría reunirse con ellos? El problema reside en el convenio europeo. Cuando las políticas, las leyes, no están concebidas para ayudar a la gente sino para defender a una unión de capitales los Derechos Humanos están siendo relegados a los intereses económicos.
El Convenio de Dublín ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el incumplimiento del estatuto del refugiado. Este convenio debe revisarse desde un enfoque humanitario y no capitalista, que priorice a las personas que necesitan refugio y sus necesidades, las emocionales y afectivas también.
