Resulta paradójico que cuando más juicios y condenas hay por “enaltecimiento del terrorismo” es justo cuando ya no hay terrorismo en España pero también cuando aumentaron las manifestaciones de protesta por la creciente precariedad, la desprotección social, la desregulación laboral, el desmantelamiento de los servicios públicos y la resistencia ciudadana contra los desahucios.
El delito, recogido en el artículo 578 del Código Penal fue resultado de un Pacto de Estado entre el PSOE y el PP en el año 2000, cuando ETA golpeaba fuerte. Durante los primeros 11 años apenas se utilizó. En 2011, año en que ETA renunció a su actividad armada, se sentenciaron tres condenas pero desde entonces se han ido multiplicando. También es verdad que un nuevo pacto de Estado endureció el delito en 2015, cuando se reformó la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, cocinada en la resaca de una capital paralizada por las Marchas de la Dignidad, una ciudadanía indignada que tomaba las plazas y rodeaba el Congreso. El resultado de esta involución de los derechos y libertades es que sólo en los dos últimos años ha habido 70 condenas por enaltecimiento del terrorismo. Lo recoge Amnistía Internacional en un informe publicado estos días en el que pide la derogación de este artículo obsoleto del Código Penal.
También resulta fascinante que los acusados de enaltecimiento de terrorismo no sean conscientes de la intencionalidad de esas acciones por las que se les acusa y de que en lugar de llevarlas a cabo desde la clandestinidad lo hagan a través de las redes sociales, el teatro, la música, el cine, las artes, el humor, los libros… en definitiva, la cultura. Los artistas están siendo enjuiciados por sus mensajes en la red, en los largometrajes y en las letras de las canciones.
Izquierda Unida también ha planteado la derogación de este artículo, entre otros del Código Civil, a través de una Proposición de Ley Orgánica para proteger la Libertad de Expresión presentada en el Parlamento el pasado 16 de marzo. Argumentan que una de las características de este artículo es precisamente su ambigüedad: “El legislador no definió taxativamente este tipo penal y los jueces van dictando sus sentencias condenatorias sin orden ni concierto, sin unidad de criterio. Esta situación crea una indeseable inseguridad jurídica que impide que la ciudadanía conozca con meridiana claridad qué está prohibido hacer, decir o cantar. La libertad artística se ve así también seriamente atacada”. El resultado es una atmósfera de autocensura impropia de un sistema democrático y plural, añaden. Hasta el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha recomendado al Estado español la modificación de dicho artículo.
Cassandra, Strawberry, Valtonyc, fueron algunos de los represaliados que protagonizaron el “Acto por la Libertad de Expresión” celebrado por Izquierda Unida en el Círculo de Bellas Artes el pasado 16 de marzo. “Estamos aquí porque somos peligrosos, porque escribimos, decimos los que pensamos, creamos ficciones, y decimos, como lo bufones de la corte, que el rey está en pelotas”, dijo la periodista y escritora Cristina Fallarás en la presentación. “Debemos de plantar cara al sometimiento del que somos víctimas”.
“Están aplicando el manual de la doctrina del Sock”, dijo Enrique Santiago, abogado y coordinador de la Permanente del Partido Comunista de España (PCE), donde “la tolerancia es sustituida por la prepotencia, no ya autoritaria sino dictatorial”. Contó cómo a medida que se han ido recrudeciendo las políticas neoliberales y han aumentado las manifestaciones de descontento, se han incrementado las medidas de recortes de las libertades. Y se ha hecho con el endurecimiento tanto de la Ley de Seguridad Ciudadana como del Código Penal, hasta tal punto que un editorial del The New York Times se mostraba alarmado por lo que está sucediendo en nuestro país, explicó Enrique Santiago. Recordó también que la Audiencia Nacional, que juzga estos delitos, era el famoso Tribunal de Orden Público (TOP) franquista, y que el 85% de los jueces de este país votan a la derecha, lo que no se corresponde con la realidad sociológica de nuestra sociedad.
Otros de los artículos que Izquierda Unida pide derogar del Código Penal, por considerarlos obsoletos o porque ya están recogidos son los delitos contra la Corona en forma de injurias al rey; delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, en un estado definido aconfesional en su Carta Magna; el delito de ofensas y ultrajes a los símbolos y emblemas de nuestro país, como el himno y la bandera; y el delito por injurias al gobierno, cuerpos judiciales, ejército y fuerzas de seguridad.
En resumen, lo que Izquierda Unida pide es la derogación y modificación de aquellos artículos del Código Penal que chocan frontalmente con la libertad de expresión “o que tienen un difícil encaje en el sistema democrático” saltándose la legislación internacional, los principios básicos, los derechos humanos, civiles y políticos y los propios principios recogidos en la Constitución, como explicó Enrique Santiago.
Son artículos interpretados por jueces ultraconservadores para crear miedo y/o castigar. La tuitera Cassandra Vera lo definió como “persecución al pensamiento disidente” como no se hacía ni al final del franquismo. Mientras en los Estados Unidos de Trump quemar una bandera se considera una muestra de libertad de expresión, en el Estado español la Audiencia Nacional pidió un año de prisión y 7 de inhabilitación total para Cassandra por hacer un tuit sobre la muerte del presidente del gobierno de la dictadura franquista. O dos años y un día -ese día necesario para hacer ineludible el ingreso en prisión- una multa de 4.800 euros y nueve años de inhabilitación absoluta a los 12 jóvenes raperos de La Insurgencia.
Todas y todos los acusados comparten similar perfil ideológico y socio-económico: se enfrentan al pensamiento hegemónico, critican el sistema capitalista, las políticas neoliberales, la monarquía impuesta por la gracia de Franco, el fascismo… “Somos jóvenes, trabajadores, pobres… que tenemos que pagar abogados, costas del juicio, recursos, procuradores…. multas… por hacer música” dice Valtónic, el rapero balear de 24 años que ha sido condenado a tres años y medio de prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas según decretó el Tribunal Supremo el pasado 20 de febrero. No es el único. También está Pablo Hassel, Strawberry y muchos más con menos repercusión mediática. Son conscientes de que “no son ataques personales sino que van contra el derecho colectivo”, según subrayó Valtónic.
Alberto Garzón, Coordinador Federal de Izquierda Unida, explicó que en esta deriva autoritaria en la que estamos la represión se aumenta por una doble vía: la administrativa y la penal. La Administrativa se ejerce a través de multas para intentar desactivar la protesta política, y funciona en la gente que no puede pagar la sanción económica. La penal es la que utilizan jueces reaccionarios a partir de esos artículos obsoletos del Código Penal que IU quiere derogar.
Cassandra denunció que se está produciendo “un viraje ideológico inmoral hacia la derecha más rancia”. Strawberry contó lo que podía ser una versión actualizada del poema de Bertold Bretch: primero condenaron a Pablo Hassel en 2014 y había hasta quien lo aceptaba con eso de “es que vaya letras”. “Pero nadie nos queríamos creer lo que iban a hacer”. En 2015 fueron a por él “¡Uy, pero si ahora ya están aquí!, dije. Y me detuvieron cinco agentes en la calle”. Cuenta que la gente de su entorno se dividió entre el “pero cómo escribes estas burradas” y el “tranquilo, que es imposible que te hagan nada, que esto no es una dictadura”. En su caso la Audiencia Nacional le absolvió pero el Tribunal Supremo le condenó “sin siquiera llamarme a declarar”. “Están cambiando el paradigma de la normalidad democrática”.
La abogada Isabel Elbar relató cómo cuando hace décadas estaba en la facultad nunca pensó que tendría que defender la libertad de expresión porque era algo que estaba superado, pero que hoy el código penal además de para castigar ataques contra la vida y la propiedad se está utilizando contra la capacidad de generar pensamiento. También criticó la desnaturalización del concepto del discurso del odio, que es para proteger a los más débiles y vulnerables, entre los que obviamente no se encuentra el rey. Aclaró que quemar una foto del rey no se puede interpretar como un intento de aniquilarle físicamente y aplaudió la capacidad que tienen las redes para acceder a un debate plural y libre al margen del control del poder.
Los ataques a la libertad de expresión se extienden a los de la libertad de manifestación. De esto hablaron los representantes de la plataforma Pro-Soterramiento. Les intentan desactivar con multas. Ya han sancionado a más de cien vecinos con sanciones que suman más de 40.000 euros.
