Andalucía vuelve a cerrar el verano con cifras récord de turismo. El crecimiento de la actividad no da muestras de agotamiento y los establecimientos hoteleros de la comunidad continúan aumentando tanto el número de visitantes como las pernoctaciones. Pero detrás de los máximos históricos aparece una contradicción cada vez más difícil de ignorar: mientras el turismo sigue funcionando como uno de los principales motores económicos de Andalucía, también crece el malestar de quienes viven en los territorios donde esa actividad se concentra.
Los hoteles andaluces recibieron en julio a alrededor de 2,2 millones de viajeros, que realizaron siete millones de pernoctaciones. En comparación con el mismo mes de 2025, supone incrementos del 3,2% y del 2,3%, respectivamente. El dato se produce además en un contexto marcado por problemas en las conexiones ferroviarias, incendios y dificultades de movilidad en algunas de las principales carreteras de la comunidad.
La evolución acumulada tampoco apunta a una desaceleración. Entre enero y julio, los establecimientos hoteleros registraron 11,9 millones de viajeros, un 2,8% más que durante el mismo periodo del año anterior, y 33,4 millones de pernoctaciones, un 3,3% más. Andalucía ocupa así la tercera posición estatal en movimiento hotelero, aunque mantiene el primer puesto como destino elegido por los turistas españoles.
La expansión no se limita al número de visitantes. El empleo hotelero aumentó un 9,3% interanual en julio y un 11,2% en el conjunto de los siete primeros meses del año. Al mismo tiempo, la ocupación hotelera creció 1,8 puntos en julio. La planta disponible, sin embargo, apenas aumentó: las plazas ofertadas incluso descendieron un 0,5% durante el mes.
La cuestión es qué ocurre fuera de los hoteles
El crecimiento turístico no está acompañado por una transformación equivalente de la estructura económica andaluza. La actividad continúa teniendo un peso central en el empleo y en la generación de riqueza, pero su expansión convive con problemas que recaen especialmente sobre la población residente. La vivienda es uno de los principales.
Según los últimos datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el precio tasado de la vivienda libre alcanzó en Andalucía los 1.924,9 euros por metro cuadrado durante el primer trimestre de 2026. Es un 13,3% más que un año antes y un 58% más que hace una década. El precio actual supera incluso el máximo registrado durante la anterior burbuja inmobiliaria.
La presión no se distribuye de manera uniforme. Málaga destaca especialmente: el valor tasado del metro cuadrado ha pasado de 1.539,8 euros en 2016 a 2.988 euros en 2026, un incremento del 94,1%. Cádiz, Granada y Sevilla también han experimentado aumentos superiores al 50% durante la última década.
La expansión de los alojamientos turísticos es uno de los elementos que alimentan el conflicto. En Sevilla, por ejemplo, los apartamentos turísticos registraron durante julio cerca de 153.000 pernoctaciones y recibieron alrededor de 60.000 viajeros, un 33% más de noches que en el mismo mes del año anterior. El dato resulta especialmente significativo porque se produce al mismo tiempo que disminuye el número de viviendas de uso turístico registradas en la capital: menos alojamientos contabilizados no implica necesariamente una menor presión sobre el territorio.
El fenómeno aparece reflejado también en la percepción social. El Barómetro de Percepción Turística elaborado por LLYC sitúa a Andalucía como la comunidad autónoma donde peor valoración recibe el turismo, con una puntuación de 4,1 sobre 10. El 60% de las conversaciones analizadas presentan un tono negativo. Entre las principales causas aparecen la expulsión de residentes y el crecimiento de las viviendas turísticas, especialmente en Sevilla, Granada y Málaga.
En Málaga, las organizaciones por el derecho a la vivienda llevan tiempo denunciando esta transformación. En espacios especialmente tensionados, como la plaza de la Merced, señalan una presencia masiva de apartamentos turísticos y cuestionan un modelo urbano que, a su juicio, desplaza progresivamente a la población residente.
La respuesta institucional continúa siendo objeto de disputa. Ayuntamientos, organizaciones sociales y distintos actores políticos reclaman desde hace años medidas como una tasa turística, siguiendo los ejemplos de Catalunya y Baleares. La Junta de Andalucía, por el contrario, mantiene su rechazo a establecer un gravamen específico sobre la actividad turística y defiende el peso estratégico del sector para la economía autonómica.
Las protestas celebradas en otros territorios muestran que el conflicto no es exclusivamente andaluz. En Palma, por ejemplo, decenas de miles de personas salieron recientemente a la calle para reclamar un cambio de modelo económico y turístico bajo el lema de que quieren turismo, pero no en las condiciones actuales. Vivienda, movilidad, territorio y acceso a los recursos confluyeron en una misma reivindicación. En la misma línea se han dado manifestaciones en territorios como las islas Canarias o Cataluña.
Andalucía afronta así una paradoja cada vez más evidente: el turismo continúa batiendo récords, pero el éxito estadístico convive con una creciente dificultad para vivir en los territorios que lo hacen posible. El debate ya no gira únicamente en torno a cuánto puede crecer el turismo, sino a quién beneficia ese crecimiento y cuánto están pagando por él quienes viven allí.
