Una iniciativa parlamentaria registrada por el grupo parlamentario Sumar reclama al Ministerio del Interior información sobre el ataque y medidas para proteger a las organizaciones que trabajan con personas migrantes ante el aumento de los delitos de odio.
La sede de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en València amaneció el pasado domingo con varias pintadas realizadas aparentemente con sangre. El ataque, que la propia organización considera un nuevo salto en las agresiones contra entidades que trabajan con personas migrantes y refugiadas, ha llegado ahora al Congreso de los Diputados, donde se han registrado varias preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno.
La iniciativa, presentada ante la Mesa del Congreso, reclama al Ministerio del Interior información sobre lo ocurrido y pregunta específicamente qué actuaciones llevará a cabo el Ejecutivo para evitar que este tipo de ataques vuelvan a producirse. La Policía Nacional ha abierto diligencias por un «ataque racista», mientras CEAR ha anunciado que trasladará los hechos a la Fiscalía de Delitos de Odio.
No es la primera vez que una sede de CEAR sufre actos vandálicos, pero sí la primera ocasión en la que las pintadas aparecen acompañadas de una sustancia que, según la organización, parece ser sangre, aunque se desconoce su procedencia y todo apunta a que podría proceder de un animal. Fueron vecinos de la zona quienes alertaron a la Policía al percatarse de lo ocurrido durante la madrugada del domingo.
La iniciativa parlamentaria pone estos hechos en relación con el incremento de los delitos e incidentes de odio registrado en España. El último informe del Gobierno, correspondiente a 2025, recoge un aumento del 23,6 % respecto al año anterior, alcanzando la cifra más elevada desde que comenzaron a contabilizarse estos delitos en 2014. El racismo y la xenofobia constituyen, además, el ámbito con mayor volumen de delitos e incidentes registrados.
Las preguntas dirigidas al Ejecutivo también plantean cómo valora el Gobierno este incremento y qué medidas piensa adoptar para hacerle frente, poniendo el foco en la protección de las organizaciones que trabajan con población migrante y refugiada.
El ataque a CEAR se produce, además, en un contexto de creciente tensión alrededor de la migración. Desde la organización han advertido de que la criminalización de las personas migrantes termina trasladándose también contra quienes trabajan en su defensa y atención. Una situación que, según denuncian, también se ha manifestado recientemente en Ceuta.
Más allá de esclarecer la autoría concreta del ataque, la iniciativa parlamentaria busca que el Gobierno explique qué información dispone sobre lo ocurrido, qué medidas adoptará para proteger a las entidades sociales y cómo piensa responder al aumento de los discursos y delitos de odio. Preguntas que sitúan en el centro del debate la responsabilidad institucional ante una violencia que afecta tanto a las personas migrantes como a las organizaciones que trabajan con ellas.
