Valorar la Constitución de 1978 desde una perspectiva de género es necesario después de 40 años de su aprobación para ver su falta de inclusividad y de representatividad de más de la mitad de la ciudadanía. Una Constitución impulsada sin “madres” solo por “Padres de la Constitución”, lo que no es casual, ni mucho menos una anécdota, pues en las elecciones de 1977 fueron elegidas solamente 21 mujeres entre los 350 diputados.
En la llamada legislatura constituyente, la que va desde 1977 a 1979 las mujeres no llegan al 10% en el Congreso, no tenían presencia en el Consejo de Ministros. Se da una irregularidad de base y es que mientras los hombres hacían las leyes, las mujeres estaban en las calles luchando por avanzar en la igualdad y el reconocimiento de sus derechos.
Una realidad que nos lleva a reconocer que los avances y conquistas de las mujeres, no son derechos otorgados por la Constitución, sino que son resultado de las luchas del Movimiento Feminista.
Esta composición supramasculina de las instituciones explica que los derechos fundamentales de las mujeres siempre cuelguen de un hilo siendo relegados al desarrollo legislativo y sin blindar, quedando a la merced de cada gobierno, como es el derecho al aborto libre y gratuito que tuvo que ser el movimiento feminista quien se enfrentara a la mayoría absoluta del PP para evitar una regresión legislativa, provocando incluso la caída de un ministro.
Por ello no es casual que mientras unas fuerzas políticas que se autodenominan constitucionalistas celebraban el 40 aniversario de su proclamación, por otro lado el PCE y otras fuerzas de la izquierda denunciaban el incumplimiento, la manipulación y los cambios de quienes de una forma tan cínica la celebran. También reclaman la apertura de un proceso constituyente participativo y abierto para elaborar un nuevo marco constitucional que, de manera inclusiva, incorpore a más de la mitad de las excluidas de la Constitución del 78, planteando un proceso que priorice garantizar una vida digna para todas las personas, poniendo en valor su carácter feminista.
Ese carácter feminista significa desmontar el patriarcado y poner en el centro de las políticas, la vida, visibilizando y valorando las aportaciones de las mujeres. La corresponsabilidad debe ser constitucionalizada, cuestión que implica garantizar los servicios públicos necesarios y el reparto equitativo del trabajo productivo y reproductivo.
Significa también acabar con la transmisión de valores, prejuicios y roles sexistas garantizando la coeducación y la educación sexual.
Reivindicamos un nuevo marco constitucional que condicione el entramado legislativo y judicial, que erradique su sesgo patriarcal y realmente defienda y proteja a las mujeres.
Exigimos erradicación de la feminización de la pobreza y de la mercantilización del cuerpo de las mujeres con la prostitución, la pornografía y los úteros de alquiler, para garantizar una sociedad de mujeres y hombres libres que se relacionan en situaciones de igualdad y no de sometimiento y subordinación.
Poner los medios necesarios para abolir la explotación en todas sus formas, para poner fin a la hegemonía de la ideología patriarcal que promueve y justifica la discriminación de género a través de la desigualdad laboral, económica y social. Y erradicar el terrorismo machista.
Por último, acabar de una vez con el control reproductivo de las mujeres. Es condición “sine qua non” garantizar el aborto, libre y gratuito para todas. Un derecho fundamental de las mujeres que debe ser constitucionalizado.
Es decir, el proceso constituyente tiene que enterrar el patriarcado y abrir el paso a una sociedad de personas libres e iguales, plenamente democrática, en la que todas tengamos una vida digna de ser vivida.
El bloque dominante es consciente de que el feminismo impugna un sistema patriarcal sobre el que sostiene su dominio. Por eso, no es casualidad que la extrema derecha haya situado al feminismo como uno de sus principales enemigos. Es por ello que el próximo 8 de marzo, día internacional de las mujeres, uno de los objetivos fundamentales a reivindicar debe ser un proceso constituyente feminista que blinde constitucionalmente los derechos fundamentales de las mujeres de manera que no dependan de la voluntad de cada gobierno.
Secretaria Área de Feminismo del PCE