Una vez más, y ya es la enésima, que vaya por delante de cualquier otro asunto que queremos señalar en este mes, nuestra más absoluta repulsa al nuevo sabotaje que la extrema fanática perpetra contra la memoria democrática: se injuria públicamente a Marcos Ana y se violenta la placa homenaje instalada por el Ayuntamiento pocos días antes en el que fuera su domicilio en Madrid. Venía precedida por varias agresiones al espacio dedicado, también en la capital, a Yolanda González, la joven estudiante militante del PST secuestrada y asesinada por la ultraderecha en 1980, por los asaltos en la fosa común de La Barranca -hoy cementerio civil y lugar de memoria- en la localidad de Lardero (La Rioja) y de inmediato seguido por los destrozos ocasionados en el puerto de Alicante al memorial de reconocimiento al capital del buque Stanbrock, aquel que transportara fuera de España a más de dos mil quinientos hombres y mujeres que huían de la represión franquista, el 28 de abril de 1939.
Evidentemente hay muchos casos más: la profanación de las tumbas de Pasionaria y Pablo Iglesias de hace tan solo un mes, o los memoriales dedicados a las BBII o los deportados en Mauthausen, lugares andaluces de memoria, etc, etc… de una manera reiterada y sostenida en el tiempo. Que no son casos aislados ni gamberradas de incontrolados, ya es algo que es más que evidente. Que se multiplican con el auge de las derechas, incluida la extrema y su entrada en las instituciones, también. Es nuestro deber plantar cara a esta situación de indefensión ante el ultraje y la impunidad con que se desarrollan los ataques. Hace pocos días, el amigo Luis Naranjo nos recordaba que corresponde al Estado, desde todas sus estructuras -centrales, autonómicas y municipales- el deber del desarrollo de la memoria democrática, como dispone el Derecho Internacional. Así lo creemos también y así queremos verlo, porque en definitiva lo que se persigue es la defensa de la libertad y de la democracia. Y eso, en cualquier proceso electoral debe quedar meridianamente claro en cada discurso y transversal en cada propuesta.
En la vertiente social, queremos señalar que, a consecuencia de la anunciada voluntad de derogar la Ley de Memoria democrática por parte del nuevo gobierno andaluz, se han constituido ya dos coordinadoras de entidades tanto de memoria como de familiares, con la intención vital de la defensa del marco legal existente y la denuncia de la ofensiva que promete la ultraderecha contra los derechos de las víctimas de aquella región. Desde aquí pedimos unidad de acción entre ellas que permita mantener el pulso a una decisión que, cuanto menos, es contraria al derecho internacional, potenciando el revisionismo histórico.
Hace unos días la prensa publicó la voluntad del exministro Rodolfo Martín Villa de acudir a prestar declaración en Buenos Aires ante la jueza Servini, por su responsabilidad en la represión ejercida a los obreros huelguistas de Vitoria en 1976, que se saldó con cinco muertes y más de ciento cincuenta personas heridas. Como es conocido, la Audiencia Nacional siempre ha rechazado este interrogatorio y cualquier apoyo a la querella abierta en aquel país. Estaremos expectantes a lo que pudiera ocurrir si al final se lleva a efecto.
Y terminamos señalando el acuerdo conseguido en el Ayuntamiento de Madrid para retirar distinciones concedidas en su día por este Consistorio a Carlos Arias Navarro (Medalla de Honor), a Luis Carrero Blanco (Medalla de Honor), a Blas Pérez González, exministro de la Gobernación franquista de 41 al 57 (Medalla de Plata a la Hermandad del Frente Nacional en zona no liberada) y las de hijo adoptivo de Madrid al obispo Leopoldo Eijo y Garay y a Carmen Franco Polo. Se sigue así el ejemplo llevado a cabo con anterioridad por otros municipios y capitales del Estado.
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