En 2018, la Comunidad de Madrid gastó el doble en pagar la deuda y sus intereses de lo que destinó a políticas sociales.

Unos presupuestos generales son la principal herramienta de política económica ya sean de un estado, una comunidad autónoma, o un gobierno local. Son más que una declaración, porque es donde las verdaderas intenciones se desnudan de los discursos equívocos y de la demagogia más o menos calculada de las campañas electorales, o de los actos de exaltación política, donde se quiere convencer a todos por igual de que se van a ver beneficiados de la acción de un hipotético gobierno formado por esta o aquella fuerza política.

A través de la política presupuestaria se pueden neutralizar leyes sin necesidad de combatirlas de forma explícita, puesto que sin dotación presupuestaria muchas medidas, por no decir casi todas, carecen de efectividad. Un buen y reciente ejemplo de esto lo tenemos en la asfixia, más que intencionada, de la Ley de Memoria Histórica de la que incluso se llegó a jactar públicamente Mariano Rajoy.

Para desgracia de las clases populares, los Presupuestos generales del Estado más longevos que hemos conocido en democracia son precisamente los últimos que presentó Cristóbal Montoro, que continúan mientras se escriben estas líneas vigentes. Y, si hacer política a favor de la clase trabajadora y de las mayorías sociales, desde unas instituciones diseñadas -desde siempre- a la medida de los intereses de las élites ya es complicado, hacerla con los presupuestos del Partido Popular es simplemente, misión imposible. Además la derecha tiene por costumbre recortar dos veces, una al presupuestar y otra al ejecutar los presupuestos ya recortados…

Aunque se disfracen con complejidades técnicas, como si fuera a dar igual quien los hace y que intereses defiende, los presupuestos, todo presupuesto, es político. E incluso en el marco de constricciones normativas y económicas –tan poco fundamentadas como la totalidad de la ortodoxia neoliberal- procedentes de Bruselas, hay diferencias que pueden suponer cambios brutales en la vida de las capas populares.

A veces se olvida que además de la parte de los gastos unos presupuestos tienen otro lado, el de los ingresos, y que también ahí, o mejor dicho ahí fundamentalmente, es donde se le ve el plumero a la derecha. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid cumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria para el ejercicio 2018, y de ello alardeaban presumiendo de haber cerrado el ejercicio “sólo” con un déficit de 553 millones de €, pero claro olvidándose de comentar que a la vez se regalaban 1.000millones de € a los más ricos de la región en bonificaciones al impuesto sobre el patrimonio. Y cuando sigo a los ricos, es a los ricos, porque los beneficiarios tenían un patrimonio medio declarado de 10 millones de €.

La Comunidad de Madrid también cumplió el objetivo de deuda, alcanzando los 33.448 millones de euros a diciembre de 2018, un 2% más de la que tenía el año anterior. Solamente que ese “cumplimiento” oculta un incremento de la deuda entre 2014 y 2018 de 8.034 millones, y un incremento de déficit presupuestario acumulado entre los mismos años de 8.458 millones de €. Todo esto mientras se dedicaban 3.036 millones de € a servicio de la deuda, es decir, pagar intereses y devolver préstamos, más del 14% del total de los gastado, y el doble de lo destinado por ejemplo a políticas sociales.

Esto sería suficiente para entender a quién beneficia la derecha y su política presupuestaria, podemos decir que son malos gestores desde sus propios parámetros que nosotros no compartimos, pero sería muy ingenuo no entender que esa “mala gestión” beneficia a una minoría. ¿Y los intereses de la mayoría social que necesita de políticas y servicios públicos? Pues siguiendo con los últimos presupuestos en la Comunidad de Madrid como ejemplo, juzguen ustedes mismos:
El PP en 2018 presupuestó inicialmente 915 millones de euros para inversiones. Le pegaron un tijeretazo del 5,5% durante el ejercicio haciendo modificaciones de crédito para retirar dinero de los capítulos 6 y 7 (en concreto 50 millones menos). Pero luego faltaba la ejecución y ahí le volvieron a dar un golpe a madrileñas y madrileños porque solo han ejecutado 603 millones de euros, un 69% de lo presupuestado finalmente en 2018 y únicamente un 66% de lo inicial.

¿En qué políticas concretas se traduce esto? Por ejemplo en la competencia que en materia de vivienda tiene la Comunidad, en algo que tendría que ser prioridad absoluta como la rehabilitación de vivienda y vivienda social, presupuestaron 152 millones y solo han ejecutado 73 millones.

Si hablamos de la actuación inversora en transporte público es también lamentable. Presupuestaron en 2018 unos ya escasos 30 millones de euros, modificaron los mismos para reducirlos a 17 millones de los que únicamente han ejecutado 8 millones, un 28,5% del presupuesto inicial. Luego hay averías en metro… normal porque ejecutaron el 44% del ya esquilmado presupuesto para reparación y mejora de la infraestructura ferroviaria. Especialmente doloroso es que de los 5 millones presupuestados para mejorar la accesibilidad, se hayan gastado finalmente la friolera de 0 euros.

Dos últimos ejemplos, en medioambiente de 214 millones de € presupuestados tan solo se ejecutaron 76, y en políticas activas de empleo de 673 millones de € presupuestados solo se gastaron 321.

Como decía al inicio el presupuesto, y su ejecución, dejan la realidad desnuda.