El modelo empresarial actual no es el adecuado para garantizar un derecho social. El envejecimiento de la población provoca una gran demanda con nula inversión de las instituciones para un parque público de residencias. El mercado está en manos de un pequeño grupo de grandes inversores y fondos buitres que ofrecen un modelo de bajo coste para las administraciones. Las empresas se preocupan por sus beneficios y no por el cuidado de la salud y la protección de la dignidad de los mayores.
El tamaño de las residencias ha ido aumentando hacia establecimientos de más de 250 usuarios para obtener el máximo rendimiento de las inversiones. Son constantes las denuncias de los familiares por unas plantillas tan reducidas que no garantizan la atención suficiente para los mayores. A la falta de profesionales y de material técnico se añade la pésima calidad en la alimentación y el abandono del mantenimiento de las instalaciones. No son unidades medicalizadas, como cabría esperar dado el alto índice de enfermedades crónicas y gran dependencia entre los residentes.
Este sistema basado en la precariedad venía siendo denunciado por los usuarios, sus familiares y las trabajadoras. La crisis del coronavirus ha provocado el caos más absoluto.
