Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre sólo reflejan parcialmente los efectos sobre el empleo durante el estado de alarma por la pandemia, ya que únicamente incluye las dos últimas semanas de marzo.
La población ocupada, que ha bajado en 285.600 persona, no recoge a los afectados por un ERTE, igual que la cifra de aumento de parados (121.000) no incluye a muchos desempleados que no están en condiciones de buscar trabajo y a los que la encuesta considera inactivos, según ha explicado el responsable federal de Empleo y Modelo Productivo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio.
Lo que sí deja claro es que la pérdida de empleos se ha dado fundamentalmente en el sector servicios y ha afectado esencialmente a los trabajos precarios.
García Rubio considera que el INE debería dar una información complementaria de lo ocurrido durante la última quincena de marzo, que es la parte que muestra las consecuencias del estado de alarma. En cualquier caso, argumenta que estos datos, “ya de por sí muy graves, (…) además de los que aparezcan en los próximos meses, son determinantes para tomar las decisiones impostergables sobre la construcción de un nuevo modelo productivo en España” y que deberían tenerse en cuenta en las medidas de la desaceleración que tomen. Añade que también habría que dar un nuevo enfoque en la jornada laboral y en su duración.
Los datos de esta EPA muestran un cambio brusco de tendencia con respecto a la encuesta del último trimestre de 2019 que constató la mayor creación de empleo de los últimos trece años.
