James “Fergie” Chambers se acerca a la fase decisiva del procedimiento de extradición que mantiene abierto en España a petición de Estados Unidos. El multimillonario estadounidense, conocido por declararse comunista y por haber destinado parte de su fortuna a proyectos de solidaridad con Palestina, permanece en prisión provisional desde que fue detenido el pasado 10 de julio en Ibiza.
La solicitud estadounidense ya ha sido formalizada. Washington le atribuye delitos relacionados con el blanqueo internacional de capitales y sostiene que una transferencia de 7,5 millones de dólares realizada por Chambers está vinculada con la financiación de Hamás. El activista niega las acusaciones y su defensa sostiene que los fondos tuvieron otros destinos, entre ellos actividades sociales y humanitarias.
El procedimiento continúa en la Audiencia Nacional, donde el juez Antonio Piña debe resolver sobre la petición estadounidense. Si la extradición supera la fase judicial, la última palabra corresponde al Gobierno español. Las informaciones más recientes sitúan en el 22 de septiembre la fecha prevista para que el Consejo de Ministros se pronuncie sobre el expediente.
Una acusación que Chambers niega
El caso se centra fundamentalmente en una transferencia de 7,5 millones de dólares realizada por Chambers cuando residía en Túnez. Las autoridades estadounidenses relacionan ese dinero con Hamás y han construido sobre esa operación parte de los cargos por los que solicitan su entrega.
La defensa rechaza que Chambers haya financiado a la organización y sostiene que su actividad económica y filantrópica debe analizarse en el contexto de los proyectos que ha financiado durante los últimos años. El equipo jurídico, dirigido por el despacho de Baltasar Garzón, argumenta además que algunos de los delitos incluidos en la acusación estadounidense no tendrían correspondencia directa en el ordenamiento español, una cuestión relevante para el principio de doble incriminación.
Chambers procede de la familia propietaria de Cox Enterprises y obtuvo alrededor de 250 millones de dólares después de vender en 2023 su participación en el patrimonio familiar. Desde entonces ha utilizado una parte de esa riqueza para financiar proyectos políticos, sociales y humanitarios.
Entre ellos se encuentran iniciativas de ayuda a la población palestina. Su activismo le ha convertido en una figura conocida dentro de determinados movimientos de izquierda estadounidenses y en uno de los principales donantes individuales de proyectos de ayuda humanitaria en Gaza.
Precisamente ese historial es utilizado por su defensa para sostener que la causa estadounidense puede tener una dimensión política. Garzón y el entorno de Chambers consideran que su oposición a las políticas de Estados Unidos e Israel y su apoyo público a Palestina no pueden separarse del proceso abierto contra él.
Estados Unidos, por su parte, mantiene que la acusación responde a delitos concretos y no a sus opiniones políticas.
La vía española puede frenar la entrega
La legislación española contempla límites a la extradición cuando existen razones para considerar que una solicitud pretende perseguir o castigar a una persona por sus opiniones políticas. También establece garantías relacionadas con la naturaleza de los delitos y con los derechos fundamentales de la persona reclamada.
El procedimiento tiene una primera fase judicial en la Audiencia Nacional. En caso de que el tribunal considere procedente la entrega, el expediente pasa al Gobierno, que dispone de capacidad para adoptar la decisión definitiva en los términos establecidos por la Ley de Extradición Pasiva.
La defensa ha puesto precisamente el foco en esta dimensión política. No reclama únicamente que se examine si los hechos atribuidos a Chambers cumplen los requisitos formales de la extradición, sino que se tenga en cuenta el contexto en el que se produce la persecución estadounidense.
El argumento adquiere especial relevancia por el perfil público del detenido. Chambers no es un empresario que haya mantenido una actividad filantrópica convencional: se ha declarado comunista, ha participado en movilizaciones políticas en Estados Unidos y ha utilizado buena parte de su patrimonio para apoyar movimientos de izquierda y organizaciones vinculadas a la solidaridad con Palestina.
Su actividad le ha enfrentado incluso a sectores de su propia familia empresarial. Antes de abandonar Estados Unidos, participó en protestas contra empresas relacionadas con la industria militar israelí y contra proyectos policiales. También impulsó iniciativas políticas de carácter marxista-leninista y organizaciones de apoyo a Palestina.
IU pide al Gobierno que utilice sus competencias
La presión política en España ha crecido durante las últimas semanas. Izquierda Unida fue una de las primeras organizaciones en reaccionar a la detención y registró en julio una iniciativa parlamentaria para preguntar al Gobierno si, llegado el caso, utilizaría las competencias que le concede la legislación española para impedir la extradición.
La iniciativa, encabezada por Enrique Santiago y firmada por los diputados de IU, planteaba expresamente al Ejecutivo si apreciaba posibles riesgos para los derechos fundamentales de Chambers y si consideraba que la solicitud estadounidense podía estar motivada, total o parcialmente, por sus posiciones políticas y su apoyo a Palestina.
IU también preguntó por los criterios que aplicaría el Gobierno para valorar posibles riesgos de persecución política, torturas o tratos inhumanos y penas incompatibles con los estándares europeos de derechos humanos.
La formación considera especialmente relevante que la extradición no se reduzca a una cuestión técnica de cooperación judicial entre dos Estados. Su planteamiento es que España debe examinar también si la entrega podría terminar afectando a derechos como la libertad de expresión, asociación y participación política.
CCOO se suma a la campaña
A estas iniciativas se ha sumado ahora Comisiones Obreras, que ha incorporado su rechazo a la extradición a las más de cien peticiones públicas que reclaman que Chambers no sea entregado a Estados Unidos.
El sindicato pone el acento en la actividad humanitaria desarrollada por el millonario y en su apoyo económico a proyectos de asistencia a la población palestina. Entre ellos figura Middle East Children’s Alliance, dedicada a proporcionar ayuda a familias desplazadas en Gaza.
CCOO sostiene que la persecución de Chambers está vinculada con su activismo y reclama al Gobierno español que frene el procedimiento. También llama a participar en las movilizaciones convocadas en apoyo del estadounidense.
La campaña cuenta además con el respaldo de más de un centenar de personalidades de la cultura, la universidad y el activismo. Entre los firmantes aparecen Angela Davis, Richard Gere, Carlos Bardem, Rodrigo Sorogoyen, Pilar del Río e Isabel Coixet.
La defensa de Chambers ha conseguido así trasladar el caso más allá de los tribunales. Su pareja, Stella Schnabel, se ha reunido en Madrid con representantes de IU, Sumar y Podemos para reclamar que el Gobierno rechace la extradición.
Una decisión con dimensión internacional
El caso llega a su momento determinante mientras España mantiene una relación especialmente tensa con la Administración Trump y, al mismo tiempo, ha mantenido una posición crítica frente a la actuación de Israel en Gaza.
Para el entorno de Chambers, esa situación convierte el procedimiento en algo más que un expediente individual. La cuestión que plantean es si Estados Unidos puede utilizar sus mecanismos de cooperación judicial para perseguir fuera de sus fronteras a una persona por actividades que su defensa considera políticas y de solidaridad internacional.
Para el Gobierno español, en cambio, la cuestión deberá resolverse dentro del procedimiento previsto por la legislación de extradición y a partir de las acusaciones formuladas formalmente por Estados Unidos.
Chambers continúa encarcelado mientras se resuelve el expediente. La Audiencia Nacional deberá determinar la procedencia jurídica de la entrega y, si esta supera esa fase, el Ejecutivo tendrá que adoptar la decisión final. El 22 de septiembre aparece actualmente como la fecha clave para el siguiente capítulo del caso. Hasta entonces, la disputa se mantiene abierta entre una acusación estadounidense que vincula a Chambers con la financiación de Hamás, una defensa que niega esos vínculos y denuncia una persecución por su actividad política y un creciente movimiento en España que reclama que el millonario comunista no sea entregado a Estados Unidos.
