Laura y Rebeca, las dos extrabajadoras que han denunciado a Julio Iglesias por presuntos delitos sexuales y laborales, han reclamado a la Audiencia Nacional que investigue los hechos que han puesto en conocimiento de la Justicia. En una carta difundida este jueves por Women’s Link, la organización que ejerce su representación legal, ambas mujeres recuerdan que no están solicitando un trato excepcional, sino que se examine judicialmente su denuncia.
“No estamos pidiendo algo excepcional o un favor”, señalan en el escrito. Lo que reclaman, explican, es que se hagan efectivos los derechos que los Estados se han comprometido a garantizar: que las víctimas puedan ser escuchadas, que los hechos denunciados sean investigados y que exista la posibilidad de que un tribunal determine las responsabilidades que correspondan.
La petición llega después de que las dos mujeres presentaran el pasado 3 de septiembre una querella ante la Audiencia Nacional. La Fiscalía había archivado en enero la denuncia inicial al considerar que los tribunales españoles no tenían competencia para investigar unos hechos que, según el relato de las denunciantes, ocurrieron en las residencias que Iglesias tiene en República Dominicana y Bahamas.
Ese archivo no cerró, sin embargo, la vía judicial. La decisión de la Fiscalía se produjo antes de que existiera un procedimiento ante un juzgado y no determina automáticamente la posición que deba adoptar el órgano judicial. Ahora será el magistrado al que corresponda el procedimiento quien tendrá que decidir si la Justicia española puede investigar el caso.
Dos trabajadoras frente a un enorme desequilibrio de poder
Laura y Rebeca trabajaron para Iglesias en 2021, en régimen interno, en sus propiedades de República Dominicana y Bahamas. En su querella atribuyen al cantante delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores, además de lesiones y trato degradante. Las acusaciones se corresponden con el relato que ambas habían trasladado previamente a la Fiscalía.
La dimensión laboral resulta especialmente relevante en el caso. Los hechos denunciados no se sitúan únicamente en una relación interpersonal, sino en un vínculo de trabajo marcado, según el relato de las mujeres, por una profunda desigualdad económica y de poder.
Frente a ellas se encontraba una figura con una enorme capacidad económica, proyección internacional y control sobre las condiciones materiales de su empleo. Ellas, en cambio, eran trabajadoras contratadas para prestar servicios en sus propiedades privadas y dependían de esa relación laboral. Esa diferencia atraviesa la denuncia de las extrabajadoras, que sostienen que el contexto de dependencia e intimidación condicionó su capacidad para responder a las situaciones que describen.
Women’s Link ha señalado que ambas han solicitado medidas específicas de protección durante el procedimiento. Sus abogadas han explicado además que las mujeres temen posibles represalias y que consideran necesario garantizar unas condiciones adecuadas para poder participar en el proceso judicial.
El cantante ha rechazado las acusaciones. En enero, después de que la Fiscalía archivara la denuncia, su defensa cuestionó el relato de las mujeres y llegó a plantear la posibilidad de que pudieran haber incurrido en una denuncia falsa.
Amnistía cuestiona el archivo de la Fiscalía
La petición de las extrabajadoras se produce además en medio de una campaña para que el Estado español revise su posición sobre la competencia de sus tribunales.
Amnistía Internacional ha reclamado a la Fiscalía General del Estado que reconsidere el archivo. La organización sostiene que la interpretación realizada por el Ministerio Público sobre la jurisdicción española fue excesivamente restrictiva y reclama que se tenga en cuenta tanto la legislación española como las obligaciones asumidas por España mediante el Convenio de Estambul.
Amnistía sostiene además que el Convenio de Estambul establece obligaciones específicas para los Estados firmantes en materia de persecución de la violencia contra las mujeres y que debe tenerse en cuenta al interpretar el alcance de la jurisdicción.
La organización considera que permitir el acceso a la Justicia resulta especialmente relevante cuando las víctimas no disponen de condiciones suficientes para obtener protección efectiva en los lugares donde ocurrieron los hechos.
De la Fiscalía a los tribunales
Las denunciantes también han recurrido a organismos internacionales. Women’s Link comunicó recientemente el caso a distintas instancias de Naciones Unidas después de denunciar que la intimidad, la seguridad y los datos personales de Laura y Rebeca se habían visto comprometidos.
La organización hizo referencia a la difusión por parte de Okdiario de vídeos correspondientes a sus declaraciones ante la Fiscalía. Aunque las imágenes mostraban sus rostros pixelados, las voces no habían sido modificadas, lo que, según Women’s Link, podía contribuir a su identificación. La entidad pidió a Naciones Unidas que reclame información a España sobre las medidas que adoptará para garantizar una investigación efectiva, independiente, imparcial y exhaustiva.
Ahora las dos mujeres vuelven a dirigirse directamente al órgano judicial español. “Tenemos derecho a ser escuchadas con garantías y en un tiempo razonable”, sostienen en su carta. También reivindican que sea un tribunal el que determine qué ocurrió y qué responsabilidades pueden derivarse de los hechos denunciados.
“Exigir justicia no es un privilegio: es un derecho que no vamos a dejar de reclamar”, concluyen.
La querella no implica que las acusaciones contra Julio Iglesias hayan sido acreditadas judicialmente. El procedimiento se encuentra precisamente en la fase previa en la que debe determinarse si existe competencia para investigarlas. Lo que reclaman ahora las extrabajadoras es que esa investigación llegue a producirse y que el conflicto entre una figura con un enorme poder económico y dos antiguas trabajadoras pueda ser examinado con las garantías propias de un proceso judicial.
