Ni el gobierno ni las comunidades autónomas han explicado públicamente cómo están interviniendo para proteger a las víctimas y prevenir la violencia contra las niñas y los niños que ha aumentado con el confinamiento.
LOS DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES
La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor establecen (y obligan al gobierno español a reconocerlo y respetarlo) que son niños y niñas todas las personas menores de 18 años. Los chicos y chicas de 14 a 17 años son niñas y niños con los mismos derechos que todas y todos los menores de 18 años y la obligación del Estado es respetarlos, protegerlos y garantizarlos, con más diligencia durante las emergencias.
El interés superior de las niñas y de los niños es el principio internacional más importante en los derechos humanos de la infancia. Todas las personas menores de 18 años tienen el derecho de que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las decisiones que afecten a su vida.
Ni con un Real Decreto ni con una Orden Ministerial se puede establecer como razonable el umbral de los 14 años para limitar derechos fundamentales en contra de la convención internacional y la legislación nacional.
La forma en que el gobierno está tratando a las chicas y a los chicos de entre 14 y 17 años es injustificable, jurídicamente cuestionable y nada razonable. No hay justificación para limitar los derechos de los adolescentes, convirtiendo en adultos a quienes son niñas y niños según el derecho internacional y la legislación nacional. Tratar a los adolescentes como adultos para excluirlos de las medidas de reducción del confinamiento de los más pequeños, con el injustificable razonamiento de lo que al gobierno le parece razonable, es además una falta de respeto.
Las decisiones que implican la limitación de derechos fundamentales no pueden tomarse por criterios supuestamente razonables sino por los establecidos en las leyes.
Si el gobierno sigue aplicando esta lógica de lo razonable para resolver las cuestiones que afectan a las niñas y a los niños o a las y los adolescentes que tienen entre 14 y 17 años, en vez de la lógica del respeto, la protección y la garantía de sus derechos, corremos el riesgo de que las nuevas disposiciones que regulen nuestra vida vuelvan a ignorarlos. Que sigan pensando en la lógica de los adultos y mantengan a los adolescentes en el limbo, colgados de sus móviles.
LA VIOLENCIA FAMILIAR CONTRA LOS NIÑOS
Con el confinamiento aumenta la violencia contra las niñas y los niños pero ni el gobierno ni las comunidades autónomas están dándole espacio en su agenda y nadie explica qué medidas se están tomando para prevenir esa violencia y proteger a las víctimas, como sí lo han hecho con la violencia machista.
Con el confinamiento aumentan la impunidad del agresor y la soledad de las víctimas en un escenario que ya era muy peligroso antes de la emergencia. Una de las peores manifestaciones de esta violencia es la sexual. La padecen una de cada cuatro niñas y uno de cada siete niños. En 2018 hubo 4.000 denuncias y la violencia sexual contra los menores se produce en la mayoría de los casos en el ámbito familiar y en el entorno más próximo.
Ni siquiera hay una línea de atención telefónica, nacional, pública y centralizada, como la que atiende a las denuncias sobre la violencia machista. ¿Por qué el gobierno no abre también para los niños en esta emergencia el 016?
Todos somos conscientes de la tragedia humana y social que tenemos encima y de lo complicadísimo que es gestionarla. A nivel individual cada uno lo hacemos a diario en nuestra esfera cotidiana, como podemos.
Pero al gobierno le toca algo más, abordar no solo los temas que aparecen de manera evidente entre las preocupaciones de los ciudadanos y ciudadanas. También ayudar a la sociedad a avanzar, a hacer cambios significativos en la vida de las personas, incluidos las niñas, los niños y los y las adolescentes.
Esta es una excelente oportunidad para romper el silencio y no seguir dejando ocultos a plena luz a las niñas, los niños y los adolescentes que padecen la violencia y el abuso sexual.
¿Por qué el gobierno no lo está haciendo o si lo está haciendo no lo está contando?
Al invisibilizar este gravísimo problema social y abandonar a miles de niños y niñas en el confinamiento con sus torturadores, no está siendo coherente con el anuncio de que la primera prioridad de su agenda para la infancia era aprobar una ley que proteja a las niñas y a los niños de todas las formas de violencia.
