No hay tregua en lo que respecta a las tramas articuladas, tanto en Nicaragua como a nivel internacional, para internar difamar y dar un golpe de Estado al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Si en abril de 2018 la oposición nicaragüense fracasó en la toma del poder por la vía de la violencia y del terror, ahora, debilitada y dividida, trata de forzar la salida del gobierno que preside Daniel Ortega por medio de presiones internacionales. El gobierno de los Estados Unidos, a través de un comunicado firmado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, exigió una «inmediata transición democrática» que, en una clara evidencia de seguidismo, fue respaldado días después por la Unión Europea.

Una concepción neocolonial de Nicaragua

Se valen de la manida teoría de las dos Nicaraguas, formulada por escritores oligarcas que la retomaron del viejo binarismo colonial de las dos repúblicas, la de los indios y la de los españoles. Una división maniquea, acto atroz de parcialización, dejando de lado la verdad, que el FSLN surge en el panorama político nicaragüense con el sentido de unidad y de reconciliación, de ahí su arraigo electoral con el que la derecha no puede enfrentarse, recurriendo a estas campañas y tramas de odio y de violencia.

Hacia el horizonte electoral de 2021

Pese a las presiones internacionales y las acciones desestabilizadoras, la derecha en Nicaragua no ha conseguido su objetivo político de adelanto electoral. Ya nadie puede cuestionar la victoria política del FSLN, que ha sido capaz de hacer valer la Constitución frente a las arremetidas opositoras. Tal y como manda la legalidad constitucional, habrá elecciones presidenciales el próximo año.

La supuesta carencia democrática ha sido uno de los argumentos más repetidos por la oposición para dañar la imagen de Daniel Ortega. Poco importa que el ex-líder guerrillero ganara de forma limpia las elecciones de 2016 y, aún menos, que el Frente Sandinista venciera de forma aplastante en los comicios regionales celebrados en la Costa Caribe en marzo de 2019, un año después de la aventura sangrienta que estos sectores antidemocráticos llevaron a cabo contra el pueblo.

Mientras en otros países de la región se experimentan giros autoritarios con la emergencia sanitaria como telón de fondo, la mirada de la comunidad internacional se dirige con hipocresía contra Nicaragua. Poco parece importarle a EEUU o a la UE lo que ocurre en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele desacata las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, se enfrenta a las ONGs y a los medios de comunicación no oficialistas, ha militarizado las calles del país y mantiene retenidas en insalubres centros de contención a miles de personas.

Como contraposición, Nicaragua se prepara para el proceso democrático de 2021 por medio de un debate sobre la reforma de la ley electoral. Siguiendo las recomendaciones realizadas por diferentes organismos internacionales, la Asamblea Legislativa está discutiendo la implementación de reformas que mejoren la calidad democrática.

El pueblo de Nicaragua ha demostrado una gran capacidad de resiliencia, sabiendo reponerse ante los duros golpes que ha recibido a lo largo de su historia. Los discursos de odio y de violencia que esgrime la cada vez más errática oposición tienen más repercusión fuera del país que en su interior. Los nicaragüenses ya se cansaron y sólo desean vivir en paz y prosperidad.