Se trata del Grupo Vicentín. El influyente diario Clarín decía en diciembre del año pasado que la compañía de capitales argentinos es la responsable del tratamiento del 21% de la soja y del 24% del girasol, entre otros rubros (carnes, etc). En un país donde el sector comercializador de cereales y carnes es una de las mayores fuentes de ingresos, implica que el Grupo Vicentín es estratégico para la agroindustria y la economía argentina, tal como subraya (y con razón) el periódico mencionado.[1]

Esta potente empresa ha tenido un manejo financiero que la ha llevado a una situación inexplicable, en palabras del presidente Alberto Fernández en una entrevista en el programa Relatores emitido por Radio Rebelde de Buenos Aires. Con una deuda de más de 350 millones de dólares a varias entidades bancarias estatales, el Grupo Vicentín ha dejado en el aire más de 2.000 puestos de trabajo directo así como importantes impagos a más de 2.200 proveedores agropecuarios. La empresa entró en fase concursal previa a la declaración de quiebra.

El analista económico Horacio Rovelli dice que: “En base a las cifras analizadas, el gobierno tomó la decisión de intervenir la empresa para evitar aún una mayor concentración de un mercado ya fuertemente concentrado y dominado por empresas extranjeras (Cargill; Cofco; Bunge Ceval; Louis Dreyfus; Glencore; etc). De esta manera, el Poder Ejecutivo busca controlar y evitar el incremento de la deuda de la compañía y al mismo tiempo ingresar en un sector que, en los últimos meses, y debido a las restricciones en el mercado cambiario, incrementó la especulación financiera”.[2]

El propio presidente declaró en una entrevista radiofónica que una empresa que controla más del 13% del mercado cerealero argentino, y que es no sólo una fuente importante de trabajo sino también una fuente de obtención de divisas, no podía quedar en manos multinacionales y que licuarían las deudas, es decir los créditos otorgados por la banca estatal serían incobrables. Otro aspecto que el presidente Fernández destacó, la importancia que una empresa alimentaria tendrá en la post pandemia.

La histórica nutricionista, investigadora y militante Miryam Gorban ha señalado en una entrevista al periódico Tiempo [3], que “Lo de Vicentín es un hachazo a la espina dorsal oligopólica del comercio de granos” y el anuncio ha puesto nuevamente en el debate el tema de ‘soberanía alimentaria’. La especialista recuerda que el concepto de soberanía alimentaria surge de movimientos sociales como Vía Campesina, y afirma que este “es un pasito (pero) no podemos hablar acabadamente de ello hasta que los productores familiares no tengan acceso a la tierra, mientras no dejemos de fumigar las escuelas y dejemos de producir con agrotóxicos y venenos, que nos llevan a una economía drogadicta. El concepto es político y abarca la autonomía y la autosuficiencia alimentaria, es decir, la producción de alimentos seguros, sanos y soberanos cambiando el modelo productivo por uno basado en la agroecología”.

Por su parte, el Partido Comunista señala que “El gobierno no debe dudar un segundo en cumplir el mandato popular que lo consagró y disponerse a representar y hacer prevalecer el interés de las grandes mayorías sobre el de los especuladores y estafadores como el caso de los dueños de Vicentín. El derecho a los alimentos sanos, seguros, soberanos y accesibles está por encima del agronegocio; y, en suma, el derecho al trabajo genuino y a la vida digna de nuestro pueblo tiene que primar sobre las ganancias de unos pocos. Con protagonismo y poder popular, vamos por una patria para todxs, inserta en el camino de liberación nacional y la articulación con los países hermanos de la patria grande”.

NOTAS:

1. https://cutt.ly/5ucbopK
2. Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de CC Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.
3. https://cutt.ly/yucbzY8