El general Eduardo Zapateiro, Comandante del Ejército de Colombia, ha reconocido que no hay ni una sola condena contra los 118 militares investigados desde 2016 por violaciones de menores.
La pasividad de los mandos y la impunidad de los agresores han quedado en evidencia por las recientes denuncias de las violaciones colectivas de dos niñas indígenas secuestradas por uniformados y retenidas durante varios días en instalaciones militares.
Los acusados no han podido ocultar su responsabilidad y la indignación social ha provocado que la jerarquía militar tenga que admitir la gravedad de los casos de violencia sexual contra los menores en el Ejército.
Incluso el ex presidente Ernesto Samper que, como Jefe de Estado, fue durante su mandato el Comandante de las Fuerzas Armadas, ha denunciado que “no sólo hay una desatención en la tarea de formación ética y en derechos humanos de soldados y policías sino que parece que hay soldados entrenados institucionalmente para éste tipo de actos”.
La proliferación de los delitos de violencia sexual de los militares colombianos contra las niñas, sobre todo indígenas, se añade a una larga serie de escándalos protagonizados por las Fuerzas Armadas con el gobierno de la extrema derecha de Iván Duque, heredero de la agresiva cultura militar del ex presidente Álvaro Uribe.
Se ha confirmado, con abundantes pruebas en todos los casos, que el Ejército ha desarrollado operaciones criminales contra civiles desarmados y un espionaje ilegal contra opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos.
