A sólo 164 kilómetros de Madrid, en las cercanías de la Sierra de Gredos, se encuentra el resort Marina Isla Valdecañas. Son 130 hectáreas con 180 villas de lujo, hotel de cuatro estrellas, campo de golf, playa privada y un club náutico con 76 atraques. Todo es ilegal. Sentencia tras sentencia, desde el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura hasta el Tribunal Supremo y terminando en el Constitucional, han determinado que la Marbella Extremeña se construyó en plena zona Red Natura 2000, un espacio teóricamente protegido y no urbanizable.
Todo comienza en 2006. Eran los últimos años de Rodríguez Ibarra y hacía tiempo que gobernaba devolviendo favores a los amigos con el único objetivo de dejar el terreno preparado de cara al retiro dorado que le esperaba. La Junta de Extremadura, en Consejo de Gobierno, aprueba la realización del proyecto, presentado pomposamente como complejo turístico, de salud, paisajístico y de servicios Marina Isla de Valdecañas. Pero, sin duda, el guiso se viene preparando desde hace tiempo, al más alto nivel, y la mejor prueba es que la empresa promotora se constituyó en Sevilla tres años antes, el 22 de enero de 2003.
El movimiento ecologista alerta desde el primer momento sobre la manifiesta ilegalidad del proyecto pero el gobierno extremeño no solo ignora sus denuncias sino que pisa el acelerador. El 10 de abril de 2007 se aprueba mediante decreto el Proyecto de Interés Regional pero el 9 marzo de 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura da la razón a los ecologistas y anula el decreto de la Junta. Sin ruborizarse, el PSOE y el PP se ponen de acuerdo en cambiar la Ley del Suelo de Extremadura para legalizar el esperpento.
Los años pasan y continua la construcción del resort de lujo. Pese a ser ilegal, cuenta con el apoyo de los que mandan en la region. En 2014 el Tribunal Supremo confirma la sentencia del TSJ de Extremadura y ratifica la ilegalidad de la urbanización. En 2019 el Tribunal Constitucional anula la recalificación que respaldó el complejo de lujo.
Política de hechos consumados
La sorpresa llega en julio del 2020. En una última resolución del TSJ de Extremadura se asume la ilegalidad del complejo turístico pero se declara que no es posible ejecutar las sentencias y que por lo tanto los ricachones que invirtieron en un proyecto a sabiendas de que era ilegal podrán quedarse sus casas de lujo a costa de la dignidad del pueblo extremeño.
La explicación de esta ignominia se encuentra mirando los apellidos de los burgueses que compraron las villas de lujo: José María Aznar Botella, hijo de quienes fueran presidente del gobierno y alcaldesa de Madrid, hombre fuerte de Cerberus, uno de los grandes fondos buitre estadounidenses que entró en el mercado inmobiliario español para hacerse con miles de viviendas que los bancos habían arrebatado a las familias desahuciadas. Y junto a él, decenas de figuras vinculadas a la nobleza, a la banca o al mundo del espectáculo y del deporte. Apellidos como Milans del Bosch o Vega-Penichet, cantantes como Carlos Baute, los nietos del Marqués de Mondéjar (ex jefe de la Casa Real) o directivos de grandes empresas como el Banco Santander, Rotschild, Telefónica, Julius Baer, Bank of America, Pitctet, Credit Suisse, UBS, PwC, CBRE o Johns Lang Lasalle, son algunos de los moradores de esta urbanización ilegal.
Desde Ecologistas en Acción denuncian que con esta sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura viene a asumir que la política de hechos consumados funciona en España. Igual que a este tribunal le faltó valor para ejecutar unas medidas cautelares que paralizaran la obra en sus principios, ahora le ha faltado ese mismo coraje jurídico para sentenciar la única solución válida en derecho y ha acordado lo que pretendían conseguir tanto la Junta de Extremadura como los propietarios de esta urbanización ilegal.
