Amnistía Internacional denuncia que en España, durante la última década, la inversión sanitaria pública se ha reducido en un 11% mientras el PIB aumentaba casi un 9%. “España está incumpliendo -advierte AI- sus obligaciones internacionales en materia de salud para avanzar de manera progresiva en el cumplimiento del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental”.
Su investigación confirma que, entre 2009 y 2018, los recortes impuestos por los gobiernos y las comunidades autónomas, con especial responsabilidad del PP, el PSOE, el PNV y CiU, “han provocado desigualdad, enfermedades, sufrimiento y muertes”. La reducción de la inversión sanitaria pública, sobre todo en la atención primaria, -explica AI- “ha provocado un deterioro de la accesibilidad, asequibilidad y calidad de la asistencia sanitaria y ha generado mucho sufrimiento, especialmente en las personas de rentas bajas y, dentro de este grupo, en los ancianos y en quienes padecen discapacidades, dependencias y enfermedades crónicas”.
La conclusión de Amnistía Internacional es que está en riesgo el derecho a la salud y “España tiene la obligación de tomar medidas de forma inmediata y jurídicamente vinculante para aumentar la inversión y los recursos humanos y materiales, fortaleciendo la atención primaria y protegiendo a los trabajadores del sector sanitario para garantizar una sanidad pública, universal y de calidad”.
