El plan de recuperación de la Unión Europea es insuficiente pero inaplazable

Tras numerosas reuniones de la Comisión Europea, el Consejo de Europa, el Eurogrupo y el Parlamento Europeo, y bilaterales, como el de la canciller Merkel y el presidente Macron, en la madrugada del 21 de julio se consiguió alcanzar un acuerdo aceptado por los 27 estados miembros de la Unión Europea. Las consecuencias económicas y sociales provocadas por la pandemia de Covid 19 en los estados miembros de la Unión, especialmente en los del Sur, están siendo brutales, y aún no hemos conseguido superar la crisis sanitaria, así que no podemos calcular cuál será el coste final tanto en vidas como en la vertiente económica y social.

La Unión Europea, un instrumento creado para profundizar las políticas neoliberales que tienen como objetivo adelgazar los estados hasta dejarlos en su mínima expresión, ya quedó muy debilitada con su política de austeridad en la crisis de 2008. Ello generó mucho sufrimiento a los pueblos del sur de Europa, especialmente a Grecia: empobrecimiento de la mayoría social, sobre todo de los sectores más desfavorecidos, bajadas sustanciales de salarios y pensiones y recortes de los servicios públicos básicos, especialmente de los sanitarios. Repetir las mismas formulas ponía en riesgo la propia pervivencia de la Unión.

Se tomaron medidas en el buen sentido, al contrario que en 2008, y el BCE comprometió avales astronómicos para evitar que se dispararan las primas de riesgo de los Estados que se vieran obligados a recurrir a créditos. Se liberaron algunas partidas para hacer frente a las medidas que frenasen los cierres definitivos de empresas y los consiguientes despidos masivos. Pero eso solo eran parches. Era necesario que la Unión asumiese su responsabilidad y aprobase una partida sin precedentes de la que respondiese de forma colectiva y solidaria y no sus estados miembros de forma individual.

El gobierno español, junto al italiano y al francés, lanzaron la idea de los eurobonos, o coronabonos, una figura para mutualizar la deuda y evitar que los Estados más afectados hicieran frente en solitario a las consecuencias de esta catástrofe. Pero los gobiernos de Alemania, Holanda, Austria y Finlandia se opusieron tajantemente a aprobar medidas que permitieran pagar de forma solidaria estas cantidades. El gobierno español propuso una nueva figura: una partida de 1,5 billones de euros de deuda perpetua, de la que los Estados perceptores se harían cargo solo del pago de los intereses, pero esta propuesta fue de nuevo frenada en seco por los mismos gobiernos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ex ministra del gobierno de Merkel, declaró que sería necesario un mínimo de entre 2 y 2,5 billones de euros para impulsar un plan de reconstrucción post pandemia, y que buena parte de esa cantidad tenía que ser asumida de forma colectiva por la Unión Europea. Pero su antigua jefa le hizo rectificar en pocas horas. El Parlamento Europeo, aprobó por amplísima mayoría (505 a favor/ 119 contra / 69 abstenciones) una propuesta de 2 billones de euros, la mayor parte en transferencias directas a los estados.

En juego el futuro de la UE

A finales de junio se reunieron la canciller alemana Merkel y el presidente francés Macron y acordaron proponer a la Comisión Europea la aprobación de un fondo de medio billón de euros destinado a la reconstrucción de las economías europeas a través de un sistema de transferencias directas no reembolsables, así como otros 250.000 millones en créditos. Merkel y Macron apostaron por un acuerdo que contenga una parte importante de transferencias, no porque se hayan convertido al keynesianismo y prefieran unos Estados fuertes con sólidos y robustos servicios públicos, ni porque les quite el sueño el sufrimiento de los pueblos, sino porque son conscientes de que es la existencia de la propia Unión Europea la que está en juego.

Desde el principio del proceso se destapó Mark Rutte, Primer Ministro de Países Bajos, una especie de paraíso fiscal en el seno de la Unión y uno de los más beneficiados del comercio interior y del dumping fiscal, como el líder de las posiciones más insolidarias, encabezando un grupo de países donde se incluyen

Austria, Suecia, Dinamarca y Finlandia, autodenominados como frugales, que se han opuesto hasta el final a cualquier tipo de ayuda directa a los países que han sufrido esta crisis de forma más dramática.

A las 5:31 h. del pasado día 21 pudimos ver, en forma de tweet del presidente del Consejo de Europa, la fumata blanca que certificaba el acuerdo de los 27. El premier holandés y sus adláteres aceptaron a cambio de sustanciosas compensaciones. Pero, ¿qué es lo que se ha firmado? ¿Es cierto lo que plantean algunos de que es un acuerdo histórico que va a cambiar el rumbo y que la Unión Europea ha visto la luz y va a apostar a partir de ahora por una Europa solidaria y unos estados fuertes con unos servicios públicos potentes?, ¿o lo real es lo que auguran otros que anuncian el apocalipsis tras este acuerdo?

En mi opinión, ni una cosa ni la otra. Es un acuerdo fruto de la correlación de fuerzas que se da en la Unión y, en este contexto, tenemos que valorarlo, pragmáticamente, como positivo, aunque no hay duda de que se inscribe en la ruta neoliberal de Bruselas. Tiene sombras y luces: lo más visible es la aprobación del Plan de Recuperación al que han bautizado como Next Generation y que está dotado de un fondo 750.000 millones de euros financiados con deuda conjunta y que los Estados recibirán repartidos entre 2.020 y 2.023. Esta cantidad se divide en dos partidas: 390.000 millones de euros en transferencia directa, lo que supone un 52% del total, y 360.000 millones en préstamos. De este fondo, España obtendrá 140.000 millones de euros, 72.700 de los cuales serán en transferencias directas.

El PP pretendía imponernos condiciones antisociales

Los frugales, con el apoyo del Partido Popular de Casado, querían imponer a España una serie de condiciones antisociales: la profundización de la reforma laboral vigente (que el gobierno de coalición se ha comprometido a derogar) y una reforma del sistema de pensiones que disminuyera sus cuantías. También pretendían imponer el derecho de veto a la hora de transferir las cantidades comprometidas para cada año. Finalmente, no han conseguido esos objetivos, aunque, como consolación, arrancan un freno de emergencia según el cual un Estado miembro podrá remitir algún asunto al Consejo Europeo si ve que no se están aplicando las reformas comprometidas, aunque para paralizar las transferencias necesitarían el apoyo de, al menos, 9 de los 27 miembros.

Pero este acuerdo no se limita a al Plan de Recuperación sino que se ha acordado también el Marco Financiero Plurianual (MFP), es decir, el presupuesto conjunto de la Unión para el período 2021–2027 y, ante la falta de una mayor contribución por parte de los Estados, se han impuesto recortes en algunos programas de gran importancia:

-El Fondo de Transición Justa se queda en la tercera parte de lo previsto y se hace muy difícil aspirar a alcanzar los objetivos climáticos fijados para 2030.

-Desaparece la partida destinada al programa de salud EU4Health.

-La partida destinada al fomento del I+D se ha reducido a menos de la mitad de lo previsto inicialmente.

-Los fondos para la Política Agraria Común se reducen un 10%.

Todo ello debe ser ratificado tanto por el Parlamento Europeo como por el conjunto de los Estados. El acuerdo demuestra que, como venimos diciendo desde el Tratado de Maastricht, la Unión Europea, lejos de ser un espacio de solidaridad y fraternidad de los pueblos, es una construcción con un objetivo profundamente neoliberal y que es absolutamente irreformable.

Un acuerdo insuficiente pero con transferencias necesarias

Estamos ante un acuerdo insuficiente que no cubre todas las necesidades generadas por la pandemia. Pero también tenemos que considerar que con este acuerdo se rompe con la receta de la austeridad aplicada en la crisis de 2008 y, al mismo tiempo, ha conseguido romper algunos dogmas que parecían inamovibles, como que se hayan admitido transferencias directas que la propia Unión Europea asumirá de forma conjunta de sus fondos y que se aprueben impuestos comunes en la Unión. España será el segundo mayor receptor de estas ayudas, tras Italia. Recibirá 140.000 millones de euros, de los cuales 72.700 se recibirán en transferencias directas. Esta cantidad es menos de lo que necesitamos para mantener nuestro escudo social pero es mucho más de lo conseguido en otras ocasiones. Estamos ante un acuerdo que servirá para disponer de unos recursos de los que, actualmente, el gobierno de España no podría disponer por sí solo. Un acuerdo que no obliga al ejecutivo español a enterrar ninguno de los objetivos alcanzados en el programa del gobierno de coalición, ni en materia laboral ni en pensiones. Y esto es un triunfo muy importante ya que la presión de las antipatriotas derechas españolas a sus socios europeos para tratar de imponer esas condicionalidades ha sido brutal.

Ahora, nuestra prioridad es tejer alianzas y conseguir una relación de fuerzas que nos permita, en el ámbito europeo, construir un modelo compartido entre los pueblos de Europa y, de momento, exigir una política fiscal de redistribución de renta en la Unión. Y en el ámbito nacional, cambiar el modelo productivo y el sistema fiscal español para dejar de ser dependientes de las ayudas exteriores.