La Comisión de Reconstrucción, que ha venido desarrollando sus trabajos desde el mes de mayo en el Congreso de los Diputados, concluyó el 22 de julio con un resultado que ha defraudado en gran medida las expectativas puestas en ella. De los cuatro grupos de trabajo que la componían, se han aprobado las conclusiones de Sanidad y Salud Pública, Reactivación Económica y Unión Europea, mientras que las del grupo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados han sido rechazadas.
Como planteamos desde un primer momento, la comisión era una oportunidad para aprovechar el impulso de la consciencia social que, desde el inicio de la pandemia, se ha movilizado para reclamar la prioridad del interés común sobre los beneficios privados, para exigir un fortalecimiento de los servicios públicos que permita superar sus carencias y para cumplir con el imperativo de que nadie quede desprotegido ante su impacto social y económico.
No ha sido un proceso fácil. A pesar del impulso del grupo parlamentario de Unidas Podemos y del esfuerzo de organizaciones de todo tipo, los grupos parlamentarios de la derecha y la actitud timorata del PSOE en muchos puntos del debate han impedido que se avanzara todo lo que hubiera sido necesario. No es un descubrimiento para nadie que la correlación de fuerzas en un parlamento es lo que determina, en última instancia, los resultados de los debates abiertos, aunque sin duda se esperaba más, se necesita más.
El debate programático e ideológico ha sido intenso, la movilización de plataformas y organizaciones impresionante. No fue casual el intento de limitar el número de comparecientes y que la derecha impusiera un cupo de representantes de los partidos políticos que intentaron distraer el debate de lo fundamental, es decir, de la definición de medidas para un modelo social que pueda garantizar la seguridad, la salud y la cobertura de las necesidades básicas a la mayoría de la población.
Pero el esfuerzo no ha sido vano. El dictamen, pese a sus insuficiencias y ambigüedades, numerosas, es un instrumento poderoso para avanzar en políticas públicas que consoliden el Escudo Social, una hoja de ruta cuya concreción dependerá, en última instancia, de la capacidad de la izquierda en el gobierno y en las instituciones pero también de la movilización social, de la articulación de la fuerza suficiente para imponer la lógica de la mayoría social.
Los contenidos recogidos en el dictamen no son acuerdos normativos, no tienen el carácter de una ley o un reglamento. Son mandatos fruto de una amplia reflexión social y de la hegemonía de un sentido común que entiende que sólo desde lo público, desde la primacía del interés común frente a las pretensiones egoístas de unos pocos empresarios, se hará frente a la actual situación.
El grupo parlamentario de Unidas Podemos y sus representantes en el gobierno asumen este programa como un mínimo que debe ser desarrollado con urgencia, al tiempo que no renuncian a ampliarlo y profundizarlo con el conjunto de medidas recogidas en el acuerdo firmado con el PSOE para sustentar la acción del gobierno durante toda la legislatura. Lo defenderán en las instituciones y en el conjunto de la sociedad, ya que el marco de su ejecución será más favorable en la medida en que se consiga movilizar a la mayoría de la opinión pública y de todos los sectores sociales.
La presión de la derecha, de sus medios de comunicación y de la patronal son un buen índice del potencial de una línea de actuación que pone en cuestión sus intereses. Un rápido repaso de los contenidos recogidos en los cuatro bloques del dictamen nos da una idea de lo urgente y ágil que debe ser la acción pública en los meses que tenemos por delante, al tiempo que nos recuerda que sólo desde la organización y la movilización social se podrá profundizar en una correlación de fuerzas más favorable a la mayoría trabajadora.
Sanidad y salud publica
Se ha acordado adoptar las modificaciones normativas necesarias para garantizar la efectividad del derecho a la protección a la salud a través del acceso universal al Sistema Nacional de Salud, un ámbito donde la crisis ha evidenciado carencias que desde hace tiempo venían denunciado las organizaciones sociales. Una nueva ley deberá contemplar la extensión de este derecho a las personas ascendientes que llegan desde países extra-comunitarios, reagrupadas por sus hijas e hijos con nacionalidad española, o de otro país comunitario, garantizar la recuperación de la cobertura sanitaria gratuita en nuestro país a los españoles que residen fuera de España y atender cualquier otra situación donde se puedan encontrar circunstancias de exclusión. El mandato es inequívoco, «garantizar el acceso universal a la atención sanitaria como un derecho subjetivo de todas las personas», y se hace “de forma inmediata y sin excepciones», por lo que no habrá que esperar a las futuras reformas legislativas. El reto para la acción de gobierno y la necesaria movilización social lo tenemos por delante.
Se ha acordado también dotar al Ministerio de Sanidad de recursos adicionales para cubrir las necesidades de personal, de material y tecnológicas, lo que debe permitir atender la especificidad del sector sanitario dentro de la administración pública. La actual situación de la pandemia en España obliga a una acción inmediata en este sentido.
Una consecuencia del compromiso anterior es la inclusión en el dictamen de medidas urgentes para acabar con la precariedad laboral y la temporalidad estructural, no sólo pensando en el contexto actual sino mediante una regulación que establezca mecanismos permanentes de cobertura de puestos, evitando tener que recurrir a la contratación temporal para cubrir vacantes estructurales. La movilización de los trabajadores del sector refuerza la necesidad de actuar en este sentido. Se ha acordado también ampliar los ratios de trabajadores sociales por centro de salud y reforzar la atención fuera de horas y urgente como parte del trabajo de los Equipos de Atención Primaria, así como el desarrollo adecuado de los servicios de Salud Mental Comunitaria, una carencia evidente del sistema.
El objetivo en materia de investigación es claro. Incrementar gradualmente la inversión en I+D+i en los próximos cinco años hasta el 2% del PIB. Por último, es preciso destacar la apuesta por la financiación pública en la formación continuada de los profesionales sanitarios a cargo de las administraciones. En este sentido, el dictamen es inequívoco: se prohibirá la financiación de estas actividades, directa o indirectamente, por la industria, para evitar de esta forma los abusos y la confusión de intereses que se venían produciendo.
Reactivación económica
El dictamen aprobado blinda el Escudo Social puesto en marcha durante estos meses. Continuarán las medidas de apoyo en el corto plazo y se adaptarán a la desescalada, ya que tejer una red de seguridad para las personas más vulnerables y apoyar la recuperación de los sectores más afectados ha sido la prioridad del gobierno con el impulso de Unidas Podemos.
No podemos dejar de mencionar el papel desempeñado en estos meses desde las redes de activistas de Izquierda Unida, así como los primeros encuentros conjuntos en UP que permitirán dar continuidad al trabajo desarrollado en cuanto a la identificación de necesidades, la elaboración de propuestas y la movilización social.
El debate social y parlamentario se refleja en el dictamen con el reclamo de una estrategia a medio y largo plazo para reindustrializar el país, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El gobierno debe comprometerse con políticas industriales activas que permitan diversificar nuestra estructura productiva al tiempo que ganen peso aquellas actividades económicas de mayor valor añadido, mayor intensidad tecnológica y con mayor contenido en conocimiento. Desde el grupo parlamentario de UP se ha defendido garantizar la soberanía industrial y la capacidad de intervención de las instituciones del Estado en la economía, tal y como prevé la Constitución en los artículos 127 y siguientes. En este sentido los avances son escasos, por existir todavía una correlación de fuerzas favorable a las políticas neoliberales. Los procesos de deslocalización industrial y las maniobras de las grandes corporaciones sólo podrán enfrentarse desde una recuperación del sector público, no cómo pretenden hacer creer algunos teóricos de la derecha por un trasnochado chovinismo sino por imperativo democrático y ante la necesidad de atender las necesidades sociales, ya que sin soberanía económica las decisiones se tomarán por unos pocos privilegiados para defender sus intereses egoístas.
Otras acciones de calado adoptadas por el dictamen son la elaboración de un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas, que tiene como objetivo la eficiencia energética y la garantía en el acceso a los suministros básicos, así como actuaciones de regeneración y renovación urbana y rural, con criterios de accesibilidad universal. El debate competencial sobre esta materia ha sido muy interesante. Coincidimos con las fuerzas nacionalistas en el necesario respeto a todos los niveles de la Administración, en especial los más cercanos a la ciudadanía, que son los que deben actuar de forma prioritaria. En todo caso, resistir al avance en la garantía de las condiciones de vida básicas con la excusa de la intromisión en las competencias es un truco bastante burdo de las derechas. Es importante marcar una hoja de ruta que ponga en cuestión este tipo de estrategias, desde la exigencia y la movilización a todos los niveles, lo que requerirá una coordinación mayor de la acción política en las instituciones y desde las organizaciones sociales.
Las conclusiones adoptadas se marcan como objetivo reducir la brecha fiscal con Europa. El Estado español tiene unos ingresos fiscales sobre el PIB más de siete puntos por debajo de la media de la zona euro. Esto supone decenas de miles de millones de euros cada año que no se pueden invertir en fortalecer el Estado del Bienestar o el modelo productivo. Para reconstruir social y económicamente el Estado español, es indispensable reducir esta brecha. Unidas Podemos ha defendido el impuesto a las grandes fortunas como una medida necesaria que deberá ser adoptada.
Una medida que ha salido adelante, y que en estas semanas ha cobrado nueva relevancia, es el permitir de manera inmediata que las corporaciones locales puedan hacer uso de la totalidad de los superávits y los remanentes de tesorería generados durante los ejercicios 2019 y 2020 y posibilitar su aplicación en inversiones y gastos no financieros para hacer frente a las necesidades puestas de manifiesto por la crisis. Es obvio que la posición del PP en este punto es demagógica. Quienes estuvimos en gobiernos municipales recordamos bien cuál fue la posición del equipo de Montoro. UP ha actuado de manera responsable y firme, defendiendo una posición que es unánime en el municipalismo.
Unión Europea
El dictamen recoge el impulso del Marco Financiero Plurianual de la UE para afrontar las circunstancias extraordinarias generadas por el COVID-19, por lo que la noticia del acuerdo de la cumbre del fin de semana es una primera concreción, casi coetánea, para su puesta en marcha. Además, recoge tres líneas de actuación que venimos defendiendo desde hace tiempo. La primera, incluir la despoblación como variable para un mejor reparto de fondos europeos entre los territorios y en la financiación del Estado a las comunidades autónomas, planteando además una estrategia de recuperación que atienda a las necesidades específicas de las zonas rurales y escasamente pobladas y dedicando los recursos necesarios para garantizar la conectividad física y digital de estas zonas, servicios sanitarios y de atención adecuados para su demografía y oportunidades educativas y laborales para evitar la fuga de talento forzada por parte de la población joven.
La segunda, establecer listas europeas de medicamentos, vacunas, equipamientos e insumos sanitarios básicos para los cuales se requerirán existencias a nivel europeo, creando un fondo común y mecanismos de coordinación y reparto. Y por último, liderar la construcción de una arquitectura institucional multinacional acorde con la dimensión de los retos globales basada en el actual Sistema de Naciones Unidas y que potencie el mandato de sus organizaciones, incluyendo la Organización Mundial de la Salud (OMS), algo que, ante su cuestionamiento por la nueva derecha, es más necesario que nunca.
Políticas sociales y sistemas de cuidados
No por casualidad, este ha sido el grupo con mayor debate ideológico y que ha determinado en última instancia el voto desfavorable en el Congreso. Los contenidos defendidos en el dictamen suponían un cuestionamiento de las políticas neoliberales aplicadas en los últimos decenios. Al argumento de los grupos nacionalistas de derecha que, con la excusa de la intención recentralizadora de algunas de las medidas, han mantenido una actitud beligerante, se ha sumado la posición timorata del PSOE que no ha dudado en hacer caer esta parte del dictamen al bloquear varias enmiendas transaccionales que UP había alcanzado con los grupos nacionalistas de izquierda.
Las apuestas que se han trabajado desde UP son estratégicas y perdurarán en el tiempo. En primer lugar, se trabajó un texto para afianzar los derechos constitucionales a la educación, la sanidad, las pensiones, el acceso a rentas mínimas, a viviendas sostenibles, así como su extensión a lo relativo a la protección del consumidor vulnerable, para que nadie sufra recortes de suministros y de servicios básicos, que también debe extenderse a fortalecer y desarrollar los servicios sociales. El texto inicial había conseguido que se elevara el nivel constitucional y de exigibilidad de los derechos sociales, mediante una transaccional bastante avanzada gracias a las alianzas forjadas con otras fuerzas de izquierda, como Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya.
Asimismo, se consolidaba la orientación de reforzar el sistema de garantía de ingresos mediante el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital, con especial atención a las situaciones de vulnerabilidad cuya cobertura debe garantizarse en todo caso. Se contemplaba la sostenibilidad de esta medida central del Escudo Social al acordarse que se financiará a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, a través de una línea de transferencia con destino a la Seguridad Social por la cuantía necesaria para la concesión de las correspondientes prestaciones. En el dictamen se incluía, además, extender la duración de, entre otras medidas para paliar los efectos del COVID, las moratorias de desahucios, la imposibilidad de corte de suministros y el apoyo al pago de deudas relacionadas con la vivienda, para evitar situaciones que podrían dejar a muchas personas y familias en situaciones de extrema vulnerabilidad.
Conclusión
El resultado de la votación defrauda expectativas pero no nos desanima para seguir trabajando en la hoja de ruta que nos hemos marcado. El escenario muestra una intensa confrontación de propuestas entre las distintas fuerzas políticas, una alta dificultad para construir amplios acuerdos en beneficio de las clases trabajadoras y las mayorías sociales. Se acredita que no hemos conseguido crear una mayoría suficiente de apoyo a nuestras propuestas, aunque también es cierto que la derecha no ha sido capaz de poner en marcha unas propuestas alternativas. Una especie de empate catastrófico que pone de manifiesto que la crisis de régimen sigue sin cerrarse y que la disputa política en torno a qué modelo de cierre es posible -si conservador autoritario, reformista o rupturista- continúa siendo álgida.
IU, junto a toda Unidas Podemos, a todos los niveles, debemos seguir defendiendo lo esencial de nuestros planteamientos, en alianza con los movimientos sociales. Todo el trabajo desarrollado nos ha servido para fortalecer esta perspectiva. Exigiremos el cumplimiento de todo el programa de gobierno y no lo haremos solos. En las actas de las sesiones de los grupos de trabajo y en la documentación aportada se refleja el sentido común de la mayoría social y numerosas propuestas que serán nuestro programa de trabajo para los próximos años.
