El gobierno, a través del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, hizo un anuncio en la presentación de “los presupuestos más sociales de la historia” que quedó un poco deslavazado, en un segundo plano, donde a casi nadie pareció importarle. Se refería al impulso de los planes de previsión social. Hace unos días abundó un poco en la cuestión y expuso que la intención del gobierno es fomentar esos planes de previsión social a través de la adscripción automática de los trabajadores a ellos.
El Sistema de la Seguridad Social se compone de tres niveles diferenciados. De un lado el nivel profesional o contributivo que recoge el conjunto de prestaciones a las que se tiene derecho por haber cotizado a la Seguridad Social durante un tiempo determinado. En un segundo plano están las prestaciones asistenciales o no contributivas que son aquellas para las que no hace falta tener cotización y que van dirigidas a sectores de la población excluida del mundo laboral. Por último, y en un tercer plano, aparecen los denominados sistemas complementarios, libres o privados. Los sistemas complementarios no forman parte del sistema público de la Seguridad Social pero sí pueden cubrir las mismas contingencias.
Los planes de previsión social son de este último tipo, son planes privados de pensiones orquestados por las empresas que complementan la pensión futura contributiva de los trabajadores. Se contratan generalmente con una aseguradora privada a la que se le hacen aportaciones mensuales en nombre de los trabajadores pero a cargo de la empresa, aunque los trabajadores también pueden aportar si quieren. Son, en el fondo, un seguro colectivo que la empresa hace a sus trabajadores. Cuando los trabajadores se jubilen, pasarían a cobrar la pensión pública a que tengan derecho más el complemento de este plan de previsión social.
Dice el ministro Escrivá que es algo común en Europa (que lo es) y que es algo muy útil en Euskadi donde está más desarrollado (y lo es). Sin embargo hay una segunda parte de todas esas bondades.
En primer lugar, los sistemas de previsión social son sistemas paralelos al régimen de la Seguridad Social y, por tanto, una vez convertidos en obligatorios puede suponer una retirada de la eficacia de la Seguridad Social en favor de los planes de previsión social. Es decir, si las empresas compensan las pensiones públicas ya no será tan problemático recortarlas y, además, se puede fomentar la competencia entre trabajadores. A día de hoy ningún trabajador quiere que le bajen la pensión pero cuando el complemento dependa de la fuerza de tu empresa puede que haya quien se vea beneficiado por esos complementos y opte por no defender el sistema público. Divide y vencerás.
En segundo lugar, supone trasvasar capital ahorro desde la gestión pública (la Seguridad Social) a la empresa privada. Llevamos años escuchando la insostenibilidad del sistema de pensiones y la necesidad de permitir que la empresa privada se quede con el ahorro de nuestros trabajadores en lugar de que sea la Seguridad Social la que lo haga. Esto es, de facto, una privatización de parte del Sistema Público de Pensiones. Es la cabeza de playa, el primer eslabón de un paulatino desmantelamiento del sistema público hacia un sistema mixto de gestión público-privada del ahorro. El cálculo sale solo por innecesario. Si obligamos a las empresas a cotizar a un sistema privado para compensar pensiones públicas futuras, ¿qué problema hay en aumentar la cotización pública simplemente? ¿Por qué no hay problema en aumentar la cotización si es para entregárselo a una empresa privada pero sí si es para el beneficio de los trabajadores? No tiene sentido. Bueno, sí lo tiene, pero no se atreverán a decir públicamente cuál es.
En tercer lugar, el ejemplo de Euskadi no es válido. Euskadi tiene una ventaja importante, es una parte pequeña de un sistema regulatorio más grande. Las pensiones públicas son fuertes en Euskadi a pesar de tener esos sistemas complementarios simplemente porque se regulan igual que las del resto del país. Si Euskadi tuviese un sistema propio de pensiones públicas, serían seguramente más bajas debido a la existencia de esos sistemas complementarios. Por eso no se puede poner de ejemplo a Euskadi ya que goza de las ventajas del sistema complementario pero a la vez de tener un sistema público robusto debido a que las pensiones no pueden bajar porque el resto del país no tiene ese sistema complementario que ahora pretenden introducir.
Todo esto, además, bien cargado de deducciones fiscales para hacerlo más atractivo, es decir, financiando con dinero público un producto privado.
Los presupuestos “más sociales de la historia” encierran un Caballo de Troya muy peligroso contra el que habría que posicionarse duramente. El camino de la previsión social complementaria es un sendero deslizante donde la izquierda se juega, en buena parte, el diseño del sistema futuro de pensiones públicas. Flaco favor haríamos a todos esos pensionistas que han estado manifestándose día sí y día también si permitimos que este sistema finalmente se asiente en nuestro país, precisamente en la legislatura donde gobernamos. París bien vale una misa, sí, pero que en esa misa no se desnude un santo para vestir a otro.
