Las mujeres que buscan en Colombia a sus familiares desaparecidos no sólo no tienen la colaboración del Estado sino que son marginadas y padecen las amenazas y la violencia sexual de las Fuerzas Armadas. El actual gobierno, patrocinado por el ex presidente Álvaro Uribe, desprecia su sufrimiento.

María José tenía cuatro años cuando los paramilitares secuestraron a su padre. La abuela inició la búsqueda y la nieta continúa ahora la investigación. Han entregado pruebas y pistas a la Fiscalía pero se mantiene la impunidad.

Madres, hermanas, esposas e hijas, agrupadas en la Fundación Nydia Erika Bautista, una de las organizaciones que reclaman ayuda y justicia, han enviado un documentado informe a la Comisión de la Verdad. Denuncian el desamparo y el hostigamiento del Estado con un acoso permanente de las fuerzas de seguridad.

Es la continuación de la violencia institucional y de los paramilitares que estigmatizaron a los desaparecidos bajo la acusación de que eran cómplices de la guerrilla. Las buscadoras son revictimizadas cuando exigen la verdad, la justicia y la reparación.