El Partido Comunista de España (PCE) ha condenado con la máxima rotundidad el ataque perpetrado por Marruecos en el Sáhara Occidental que ha causado la muerte de Lahbib Mohamed Abdelaziz, miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario, junto a otros dos combatientes saharauis.
«El ataque —expresa el PCE en su comunicado— constituye una gravísima escalada en el conflicto y confirma que Marruecos continúa actuando frente al derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas».
El PCE recuerda que el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización, y el pueblo saharaui tiene un derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia, cosa que «ninguna maniobra diplomática, ningún chantaje ni ninguna agresión militar podrán borrar», declaran.
El PCE reafirma su compromiso internacionalista con la causa saharaui, con el Frente Polisario como legítimo representante de su pueblo y con la República Árabe Saharaui Democrática y denuncia la responsabilidad del Estado marroquí y exige a la comunidad internacional que condene la agresión y a Naciones Unidas que actúe con firmeza para garantizar el cumplimiento efectivo del mandato aprobado en sus distintas resoluciones.
El secretario general del PCE, Enrique Santiago, denunció ayer, tras conocerse el asesinato de los tres saharauis, la sombra y la huella sionista detrás de la agresión: «asesinados con drones siguiendo técnicas que suele ejecutar Israel», afirmó en su cuenta de la red social X (antes Twitter), y añadió, «Marruecos utiliza a los genocidas del pueblo palestino para su guerra contra el movimiento de liberación saharaui».
Asimismo, Santiago llama a poner fin a las dobles varas de medir según sea el atacante o el atacado e insta al Gobierno de España a «condenar el ataque terrorista de Marruecos e Israel contra el territorio liberado del Sáhara Occidental».
El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, condenó la gravísima escalada contra el pueblo saharaui y su derecho a ser libre e igualmente apremió al Gobierno de España a condenarlo, en defensa del derecho internacional y del Sáhara Occidental a decidir su futuro.
