El PCE, tras la derrota militar de la Segunda República, se constituyó en el eje central de la lucha contra la dictadura franquista. En las memorias de Pablo de Azcárate, editadas por el historiador Ángel Viñas, el embajador en el Reino Unido durante la guerra civil lo expresó de forma clara. Según el jurista y diplomático republicano de izquierdas, alineado con las posiciones de Juan Negrín, al analizar los primeros años de la lucha contra la dictadura franquista, no cabía duda de que «a pesar de los esfuerzos realizados para mantener vivos los partidos y agrupaciones políticas y sindicales, al perder el contacto con su fuente vital que no es, ni puede ser, más que la opinión pública interior, se produjo un rápido proceso de desintegración que acabó muy pronto por reducirlos a meras etiquetas, desprovistos de todo contenido y significación real […] con la excepción de los comunistas que, gracias por una parte a su peculiar estructura y por otra a estar articulados en una constelación política internacional, lograron resguardar su propia personalidad”.
Lo anterior es una evidencia difícil de rebatir. Ahora bien, en el auge del revisionismo histórico impulsado por la ola de neoconservadurismo que nos invade, que tiene como una de sus expresiones el histrionismo de la extrema derecha, se cuestiona el papel del PCE en la lucha por la democracia y las libertades en España, no por su presencia activa en el antifranquismo sino por sus pretensiones. Según la tesis de las derechas, los comunistas no luchamos en esos años oscuros por la democracia y las libertades sino por imponer nuestra hegemonía al servicio de la Unión Soviética.
Con ese argumento, por poner un ejemplo, algunos de los miembros del Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid pretendieron vetar que los nombres de Marcelino Camacho, Matilde Landa o Juana Doña aparecieran en el nuevo callejero de Madrid. No lo consiguieron y su recuerdo honra a la ciudad del ¡no pasarán!
2021, que será el marco temporal del centenario del PCE, asistirá a la tramitación de la Ley de Memoria Democrática impulsada por el gobierno de coalición, de cuyo anteproyecto damos cumplida cuenta en este número de Mundo Obrero, por lo que se hace necesario abordar este cuestionamiento que veremos una y otra vez en las intervenciones de las derechas.
Desde luego será raro encontrar a quien reivindique abiertamente el franquismo. Si analizamos el discurso más extremista que enarbola Vox, comprobaremos que se basa en una estrategia de descalificación de los republicanos, de la izquierda y, en especial, del PCE.
El PP, Ciudadanos y Vox pretenden deslegitimar el potencial rupturista de una memoria democrática que ha desbordado los dogmas de la transición
La diferencia con el PP y Ciudadanos radica en el tono y en los adjetivos empleados pero el fondo permanece invariable. Incluso la vieja mercancía averiada que presenta a Franco y a su dictadura como unos adelantados en la lucha contra el “totalitarismo comunista” deja paso al ataque virulento contra quienes encarnaron la experiencia democrática de la Segunda República y la lucha antifranquista.
No sólo es cobardía e intención de generar confusión, se trata de una estrategia bien meditada que pretende deslegitimar el potencial rupturista de una memoria democrática que hace tiempo desbordó los dogmas de la transición.
A pesar de la violencia verbal con que se expresa, no es más que una manifestación de la crisis de régimen a la que asistimos. Toda pretensión hegemónica necesita un relato y que este sea aceptado por la mayoría social. La crítica desmesurada que escuchamos no es otra cosa que rabia e impotencia. Al descalificar a la resistencia antifranquista hegemonizada por el PCE, se pretende debilitar el potencial de los movimientos sociales que reclaman un cambio real en la sociedad actual.
Mantener viva la memoria pedagógica de la resistencia antifascista
Frente a la descalificación de los comunistas, de poco sirve entrar en una polémica sobre el carácter de las potencias occidentales en esos años, de cómo la democrática Francia innovó con su estrategia contrainsurgente de torturas generalizadas en Indochina y Argelia, de cómo el liberal Reino Unido manipuló los procesos de descolonización para generar unos enfrentamientos que condujeron a los peores genocidios del siglo XX o de cómo el campeón de la libertad, Estados Unidos, plagaba todo el planeta de dictaduras sangrientas y rescataba a otras, como fue el caso de la España Franco. A cambio de que los patriotas nacionalistas permitieran regar nuestro territorio de bases militares.
El anticomunismo tiene una memoria tan frágil como caprichosa. De poco sirve polemizar porque para la derecha de lo que se trata es de descalificar. Pero es imprescindible mantener viva la memoria de la resistencia antifascista como pedagogía para las generaciones actuales y las luchas que nos conciernen.
Si nos ceñimos a los hechos, la evidencia del papel del PCE en la conquista de las libertades democráticas frente a la dictadura es incuestionable y, por mucho que se empeñen, les será cada vez más difícil enmarañar la realidad.
El PCE fue una de las fuerzas que más defendieron el orden constitucional republicano y la necesidad de consolidar sus instituciones durante la guerra civil, de tal forma que se configuró como un cauce para el torbellino popular desatado tras el golpe de Estado militar, impulsando la conversión de las milicias en un ejército regular y contribuyendo a un programa de gobierno que permitiera ganar la guerra.
Tras la derrota, a pesar de las heridas que conllevó la hecatombe final y los vaivenes de la política internacional, el PCE logró construir una propuesta unitaria que favoreciera una salida del régimen franquista, un proceso que culminó con la política de reconciliación nacional consagrada en 1956.
A pesar de la habitual acusación de dogmatismo y rigidez, los comunistas entendieron más rápido que otros grupos de la oposición la necesidad de abrirse a nuevos sectores con un discurso más apegado a la realidad cotidiana.
Lejos de ser un invento de la transición, como erróneamente a veces se presenta, o una simple apelación moral, la política de reconciliación nacional fue un giro dirigido a concienciar a la mayoría de la población española de la necesidad de una salida democrática desde la reivindicación de sus necesidades básicas.
Quienes siguieron anclados en los clichés de las viejas legitimidades y siglas desaparecieron como actores decisivos durante esos años.
Pablo de Azcárate, que fue un republicano honrado y un observador perspicaz de la realidad política europea, acertó en la descripción del proceso pero falló al analizar las causas, quizás por su férrea defensa de la institucionalidad republicana en el exilio.
La “constelación política internacional” del PCE poco podía hacer en los momentos más duros de la guerra fría. La operación Bolero-Paprika le ilegalizó en Francia, por lo que tuvo que vivir una nueva persecución. Otros movimientos políticos, como los socialdemócratas, los democristianos o los monárquicos, tenían gobiernos amigos y muchos más medios a su disposición al otro lado de la frontera. Pero les faltaba lo fundamental, la militancia y la capacidad de comprender lo que reclamaba la mayoría de la población.
El papel que jugó el PCE estuvo determinado por su arraigo social, por su despliegue en los centros de trabajo, los barrios populares y las universidades, y por una política que ponía por delante lo esencial. Honrar esa memoria es la mejor forma de luchar hoy por un nuevo país y una ruptura democrática que suponga un avance en derechos y libertades.
