En Extremadura, ser ex presidente de la región, aparte de un título, te otorga un privilegio que consiste en tener personal a su servicio que los propios beneficiados eligen a dedo y que se paga con dinero público. Esta prebenda, de la que gozan Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago Terrazo, nos ha costado este año 219.269,54€ de las arcas de la región. Se han pagado dos choferes, tres administrativos y un técnico que supuestamente les dan servicio a los ex presidentes.
Esta concesión nace en 2007, cuando Rodríguez Ibarra abandonaba la Presidencia de la Junta tras 24 años en el gobierno y su partido llevó a la Asamblea de Extremadura una ley para crear el estatuto de ex presidentes que le garantizara un retiro dorado. En sesión plenaria del 29 de marzo de 2007 salió adelante la Ley 3/2007, de 19 de abril, por la que se regula el estatuto de quienes han ostentado la Presidencia de la Junta de Extremadura.
Esta propuesta, presentada por el PSOE y respaldada por el PP, solo contó con la oposición de Izquierda Unida que denunció que suponía un privilegio otorgar de manera vitalicia a los ex presidentes de la Junta una dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles. Por lo menos tres puestos de trabajo, de naturaleza eventual, correspondiéndoles las propuesta de nombramiento y cese, además de vehículo oficial con conductor.
DESPILFARRO
Una vez retirado, Ibarra no dudó en hacer uso de sus privilegios. Buscaron un local para ubicar su oficina de ex presidente, que se compró y se reformó. Tuvo un costo total para los extremeños y las extremeñas de un millón de euros. Tras la compra tocaba la decoración y Rodríguez Ibarra no escatimó en gastos, pese a que todo se pagaba con dinero público.
3.000 euros en cada uno de los sofás, 579 en un perchero, 679 en una lámpara, 222 en un cenicero papelera o 1.800 en una alfombra. Y así llegó a gastar 242.000 euros para amueblar su oficina.
Todo se iba abonando desde la Asamblea de Extremadura, cuya presidencia, consciente del escándalo que suponía, intentó ocultarlo hasta que tras muchas denuncias de la oposición por la falta de transparencia se reconoce en el 2011 que la Mesa de la Asamblea había autorizado el gasto de hasta dos millones de euros en la oficina del ex presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra desde su puesta en funcionamientos cuatro años antes.
El despilfarro no solo fue en la puesta en marcha de este chiringuito. Los gastos de funcionamiento del mismo eran considerables, debido al lujoso tren de vida que mantenía Rodríguez Ibarra. Tenía adjudicados cuatro vehículos oficiales a la oficina del expresidente, 17 teléfonos móviles, cien mil euros en equipos informáticos, camisas, americanas, trajes, flores y hasta llegó a pasar una factura de 812 euros en botellas de vino.
Con la publicación de estos datos en junio de 2011, Ibarra se vio obligado a renunciar al uso de la oficina del ex presidente. Sin embargo, el cierre físico de la oficina no supuso el desmantelamiento del personal asignado, pues la Asamblea siguió pagando los sueldos a tres empleados a su cargo, que pasaron a trabajar dentro de su Fundación privada.
219.269,54€ ESTE AÑO
En septiembre de 2011 Izquierda Unida consigue la derogación de la Ley 3/2007, de 19 de abril, y eliminar los privilegios económicos para los ex presidentes. Pero una vez más el PSOE y el PP se ponen de acuerdo para reglamentar un nuevo estatuto de quienes han ostentado la presidencia de la Junta de Extremadura, eliminándose la parte de los privilegios económicos de los expresidentes de la anterior ley pero poniendo a su servicio una relación de medios humanos y materiales con cargo al presupuesto de la Asamblea.
El bipartidismo vuelve a ponerse de acuerdo y más si de lo que se trata es de mantener privilegios con los que sueñan poder disfrutar algún día. En esta nueva versión, además del personal se incluye financiar con cargo a las cuentas regionales dietas e indemnizaciones por gastos de viajes, estancias y traslados por la asistencia a actos en los que ejerzan funciones de representación.
Fruto de este acuerdo y con la falta de transparencia que caracteriza a la Asamblea de Extremadura en estos temas, los únicos datos facilitados este año sobre los gastos que generan las dos personas que ostentan la condición de ex presidente son las nóminas de las seis personas contratadas, cuyo coste ha ascendido a 219 269,54€.
