La Fiscalía General de Colombia intenta cancelar el procesamiento del ex presidente Álvaro Uribe, acusado de sobornar a los testigos para que cambiaran sus testimonios que lo relacionan con los paramilitares.
Uribe, detenido por orden de la Corte Suprema, renunció a su escaño como senador para quedar en libertad y que su caso pasara a la Fiscalía que ahora pide no someter a juicio sus presuntas responsabilidades.
Un juez penal tendrá que decidir si acepta la decisión de la Fiscalía en un trámite sometido a apelación que pueda retrasar durante varios meses el desenlace de uno de los procedimientos más importantes de la historia judicial de Colombia.
Álvaro Uribe, que todavía tiene pendientes una decena de acusaciones por una gran variedad de supuestos delitos, ha perdido mucha de su popularidad. En la encuesta más reciente, el 58% tiene una imagen desfavorable del ex presidente frente a un 35% de imagen favorable.
Quienes le acusan de complicidad con los paramilitares consideran que renunció como senador para que su caso no sea de la jurisdicción de la Corte Suprema y quede en manos de la Fiscalía, donde cuenta con una actitud favorable patrocinada por Iván Duque al que colocó en la presidencia de Colombia como su escudero.
La Fiscalía pide que se cierre la investigación sin llegar a juicio. “Gracias a Dios por este paso positivo”, ha dicho Uribe en su cuenta de Twitter. Parece que el fiscal es en realidad su defensor.
