Durante más de 50 años, desde finales de la Guerra Civil hasta los 90, miles de personas pudieron ser objeto de desaparición forzada o de sustracción y sustitución de sus identidades. Se vulneró también el derecho a la protección de la vida familiar, a la identidad, a la nacionalidad, al nombre y a las relaciones familiares sin injerencias ilícitas. Son los bebés robados.
La respuesta por parte del Estado ha ido desde la autoría o complicidad en los primeros años hasta la actual atención desinteresada, inadecuada e insuficiente a los miles de procesos de búsqueda.
Las sustracciones ilegales denunciadas se habrían producido primero en cárceles y luego en hospitales, maternidades, casas cuna o centros de beneficencia, en algunos casos directamente gestionados por congregaciones religiosas sin una adecuada supervisión por parte del Estado. La ideología de género franquista, que puso el foco en el control de las mujeres, su sexualidad y su maternidad, impuso las leyes, algunas vigentes hasta finales de los 90, que permitieron amparar la sustracción ilegal de bebés.
Son algunas de las principales conclusiones del informe Tiempo de verdad y de justicia. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de bebés robados, recientemente presentado por Amnistía Internacional.
La Iglesia y el Estado bloquean la información
Según el investigador Daniel Canales, «hemos documentado casos en los que hay indicios de que se dan los tres elementos que establece el derecho internacional para considerar que podemos hablar de desaparición forzada: la sustracción del bebé, la participación, tolerancia o aquiescencia del Estado y la negativa por parte de las autoridades para revelar la suerte o el paradero de la persona desaparecida».
Siempre que hay sospecha de que puede darse un caso de desaparición forzada, el Estado tiene la obligación absoluta de investigar estos delitos que no prescriben hasta que se esclarezca la suerte y paradero de las personas desaparecidas y se les garantice la posibilidad real y legal de restablecer su verdadera identidad.
Sin embargo, Amnistía Internacional ha podido constatar que los procesos de búsqueda continúan encontrando obstáculos y resultan en su mayoría infructuosos.
Canales explica la situación: “Desde 2011 hasta 2021 se emprendieron 2.138 diligencias por parte de la Fiscalía, de éstas solo la última que se inició en enero de 2020 sigue abierta. Pese a los esfuerzos realizados, la mayoría de las investigaciones emprendidas por la Fiscalía fueron cerradas sin haber podido proporcionar certeza ni avances significativos en la búsqueda de verdad, justicia y reparación de las víctimas. Muchos juzgados aplicaron la prescripción, negando con ello el carácter continuo de la desaparición forzada y cerrando los casos sin una mínima actividad de investigación para esclarecer los hechos».
El peso de los procesos de búsqueda sigue recayendo en las familias y en las personas que rastrean su identidad sin que el Estado y la Iglesia les faciliten el acceso a la información que podría contribuir al esclarecimiento de los hechos.
El sufrimiento como tortura
Durante la investigación, Amnistía Internacional ha identificado algunos elementos comunes en estos casos. Es recurrente encontrar que las mujeres que denuncian la sustracción de sus hijos/as eran de origen humilde, madres jóvenes o madres solteras, en un contexto en el que se negaba a la mujer la capacidad de decisión sobre su vida, su maternidad y sus hijos. Las denuncias por estos hechos alegan circunstancias que se repiten con frecuencia: se informaba de la muerte del bebé, que en muchos casos no se podía ver, y/o de cuyo entierro se encargaba el hospital.
Se ha podido constatar una ideología de género franquista que explica y da contexto a los hechos denunciados como sustracciones ilegales de bebés. Comienza en la posguerra, con una represión que incide de forma particular en la mujer represaliada, y continúa durante el franquismo, a través del control sobre la mujer, cuya única función es ser madre, y a la que se priva de autonomía y capacidad de decisión, también respecto de su propia maternidad.
Desde el final de la Guerra Civil se aprobaron leyes, muchas de ellas vigentes hasta finales de los 90, que sometían y limitaban los derechos de las mujeres, regulaban el registro de los y las menores y permitieron que la adopción fuera un negocio entre particulares hasta 1987.
Para Amnistía Internacional, no se trata de una violación de derechos humanos del pasado. Sus efectos no han cesado y persisten todavía. Si algo se ha podido constatar durante esta investigación es el profundo dolor que soportan las familias y personas inmersas en estos procesos de búsqueda, incrementado por la falta de respuestas y la impunidad. Este sufrimiento moral y psicológico puede llegar a alcanzar el umbral de la tortura y otros malos tratos, según las consideraciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
El Estado español debe adoptar medidas con un enfoque global para dar respuesta a estos procesos de búsqueda y proporcionar acompañamiento a las víctimas. Esto requiere que todas las autoridades implicadas garanticen mecanismos adecuados de acceso a la información, rendición de cuentas y apoyo jurídico y psicológico.
En estos momentos estamos ante una oportunidad histórica para impulsar el esclarecimiento efectivo de estas violaciones de derechos humanos. “Esperamos -dice Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España- que el Parlamento apruebe una ley sobre bebés robados destinada a la búsqueda e identificación de niños y niñas, que el gobierno garantice una asistencia integral, tanto jurídica como psicosocial para las víctimas, con el reconocimiento público del impacto que este tipo de violencia ha tenido específicamente contra las mujeres, y que los tribunales y las fiscalías impulsen investigaciones exhaustivas e independientes».
Fuente: Amnistía Internacional
