En la misiva dirigida al Embajador Dang Dinh Quy, Representante Permanente de la República Socialista de Vietnam, Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los firmantes constatam que “el ataque a civiles saharauis en una zona de amortiguación y la retirada de todos los empleados de la MINURSO horas antes, llevó al fin del alto el fuego y a la reanudación de conflicto armado”, en referencia a los hechos del 13 de noviembre de 2020.
La carta recoge graves denuncias sobre el deterioro de la situación desde ese momento, en medio del silencio de la comunidad internacional:
Los territorios ocupados del Sáhara Occidental están bajo asedio militar y la población saharaui está siendo atacada brutalmente por las fuerzas marroquíes. Esta escalada de la situación sobre el terreno se debe al silencio de la comunidad internacional y, en particular, a la ausencia de un mandato que incluya un mecanismo para la protección de la población civil en la MINURSO. Marruecos goza de impunidad y manos libres en los territorios ocupados.
Incluso los niños saharauis son golpeados brutalmente y son víctimas de detenciones arbitrarias, torturas y acoso sexual. Nadie se salva. Cientos de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes, incluidos policías, gendarmes, fuerzas paramilitares y grupos de comandos, participan en los violentos ataques. Continúan las incursiones de día y de noche a los hogares de los saharauis, con la destrucción de sus pertenencias y detenciones arbitrarias. Las personas heridas van al hospital con miedo a ser detenidas de inmediato o que se les niegue el tratamiento.
Los presos políticos saharauis son víctimas de juicios de farsa, recluidos en cárceles marroquíes, lo que en sí mismo constituye un secuestro y es contrario al derecho internacional, son víctimas de incomunicación prolongada, negligencia médica intencionada, malos tratos y torturas.
Cientos de vehículos oficiales marroquíes de las distintas fuerzas así como refuerzos de los distintos contingentes, se desplegaron en los territorios ocupados, ampliando aún más la enorme fuerza militar y policial marroquí en el Sáhara Occidental.
El muro de separación militar marroquí de 2.720 km de largo se ha ampliado 50 km y ahora tiene 2.770 km, otra violación del derecho internacional.
Las fuerzas marroquíes colocaron miles de nuevas minas en una zona que se suponía que estaba bajo el control de la MINURSO, sin que nada se hiciese para impedirlo.
Los firmantes recuerdan que el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y concluyen que “ha fracasado completamente en hacerlo en el Sáhara Occidental”.
Al resaltar que “el pueblo saharaui es un símbolo de resistencia no violenta y ha demostrado a lo largo de las décadas ser un factor estabilizador en la región, los firmantes han señalado que la escalada solo “pueda evitarse implementando finalmente una solución rápida” en base al legítimo e inalienable derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
