Este miércoles 28 de abril fue un día de paro nacional y de movilización en Colombia, convocado por sindicatos, organizaciones indígenas, campesinas y sociales.
La protesta fue multitudinaria en por lo menos 600 de los 1100 municipios del país. Se calcula por los organizadores que tomaron parte en el paro y en las marchas por lo menos 7 millones de personas, destacándose la movilización en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Pereira.
En algunas ciudades las multitudinarias marchas acabaron con la represión del escuadrón antidisturbios de la policía (ESMAD), que justificó su violencia contra los manifestantes en acciones vandálicas de algunos elementos infiltrados en Cali y Bogotá. La represión se ha saldado con al menos dos muertos, 26 detenidos y numerosos heridos. No hay cifras oficiales de heridos civiles, pero organizaciones sociales como la Campaña Defender la Libertad, eleva a cuatro el número de fallecidos (tres de ellos en Cali y el otro en Neiva) y habla de casi medio centenar de heridos en varios puntos del país.
La masividad de las protestas, aún en medio del tercer pico de la pandemia, se expresó además en un cacerolazo que se realizó a partir de las ocho de la noche, que fue particularmente nutrido en las principales ciudades del país.
Los ciudadanos salieron masivamente a las calles para manifestar su rechazo a la reforma tributaria presentada por el gobierno uribista de Iván Duque y a un proyecto de reforma a la salud que pretende profundizar el modelo fracasado de privatización del sistema de salud, instaurado en 1993 por el entonces senador Álvaro Uribe con la aprobación de la ley 100.
Los ciudadanos tuvieron que sobreponerse a la prohibición judicial de la protesta. Una magistrada del Tribunal Superior de Cundinamarca horas antes de la movilización ordenó a las autoridades y a los organizadores la suspensión del paro y de las marchas, supuestamente “para proteger a la ciudadanía y al personal de la salud, por el contagio que se presentaría”. Algo que contraviene la propia Constitución Política colombiana y que no fue atendido ni por los organizadores ni por las autoridades.
UNA CRISIS PROFUNDA
Esta crisis viene de tiempo atrás, pero, se ha profundizado con la pandemia. La semana pasada el gubernamental Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, volvió a señalar que un 32% de la población (17 millones de colombianos) no consumen sino dos comidas al día, mientras que cerca de 6 millones no consumen sino una comida al día. Hoy jueves este mismo organismo publicó su último estudio sobre pobreza en Colombia. En el último año la pobreza por ingresos monetarios avanzó 6.8% y se ubicó en 42.5%, lo que significa que 21.2 millones de colombianos no tienen suficiente ingreso para suplir sus necesidades básicas. La línea de pobreza en Colombia esta fijada en 327 mil pesos mensuales por persona (unos 73€). La pobreza extrema también cubre ahora a más personas y familias, el 15.1%, (7.4 millones). Las personas en pobreza extrema tienen recursos mensuales inferiores a 135.000 pesos mensuales (30€).
En medio de esta situación de hambre y de miseria, este gobierno ha presentado una reforma tributaria que busca gravar con un IVA del 19% a una parte de los productos básicos de la canasta familiar, como los huevos, la carne, el pescado, el café o la sal. Y propone gravar insumos para su producción también con un IVA del 19%, lo que se traduciría en un aumento de otro paquete de productos de la canasta básica que ha sido calculado entre el 5 y el 10%. Propone gravar los salarios superiores a 2.4 millones de pesos (532€) mensuales, congelar por cinco años los salarios de los trabajadores y empleados públicos. Es lo que los colombianos llaman “el paquetazo de Duque”. En medio de la mortandad por el virus, el Gobierno propone en la reforma un impuesto a los entierros. Esto último ha sido tan escandaloso que se le preguntó a Duque por qué estaba incluido ese impuesto, y respondió que no sabía por qué, con lo que reconoció que no conocía al detalle el proyecto de la reforma. Su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aumentó la indignación del pueblo al afirmar que la docena de huevos costaba 1.800 pesos, cuando en la realidad cuesta mas del doble de este precio.
Pero a esta difícil situación económica se suma el asesinato de los líderes y lideresas sociales, cerca de mil desde el inicio del proceso de paz en noviembre de 2016, el asesinato de 267 excombatientes de las FARC en proceso de reinserción, según cifras de la JEP en reciente estudio presentado al país y en el cual solicita medidas eficaces y políticas públicas para enfrentar el fenómeno. Este gobierno hace todo lo posible por llevarnos de nuevo a la guerra. Esto lo entiende un cada vez mayor número de colombianos/as que no están de acuerdo con esta fallida política. En bastas regiones del país, mandan las bandas criminales y los grupos armados. Los programas de sustitución voluntaria de cultivos de coca carecen de recursos para implementarse y, en cambio, se pretende retornar a las desastrosas fumigaciones aéreas con glifosato.
DE LA INDIGNACIÓN SOCIAL A LA INDIGNACIÓN POLÍTICA
Esta es la realidad. Una tasa de desempleo superior al 16%, más de 500 mil pequeñas y medinas empresas quebradas y el gobierno pretendiendo que, para pagar la deuda externa y mantener los privilegios de los ricos y superricos, se debe gravar con IVA los productos de la canasta familiar. Esta es la razón por la que la gente salió, aún a riesgo de contagiarse con el coronavirus. Como dijo lúcidamente un poblador colombiano: “No es que vayamos a salir, pues desde hace muchos meses tenemos que salir porque tenemos que rebuscarnos como sea el sustento. Ahora vamos a salir, pero a protestar”.
Esta indignación debe transitar al campo de la política. Hay que derrotar al régimen oligárquico representado en el uribismo y en la coalición política que lo sustenta. Este es el reto: de la indignación social a la indignación política.
(*) Artículo publicado originalmente en Alainet bajo el título «La protesta masiva en Colombia en medio de la pandemia» y adaptado por Mundo Obrero.
