En el último trimestre de 1987, tras el acuerdo con el gobierno socialista, se produce el cierre de PRODIECU, máxima expresión del juego ilegal contra el que la ONCE tuvo que luchar denodadamente. En esa coyuntura, aparece la figura de Miguel Durán, Director General de la ONCE, como nuevo líder de la institución. Se había erigido, desde su anterior responsabilidad como delegado territorial en Catalunya, en el principal ariete contra PRODIECU, acción que continuó desde su posición como nuevo Director General.
Durante un año, Miguel Durán y Antonio Vicente Mosquete, el presidente fallecido, coincidieron en la alta dirección de la entidad. Pero sus líneas de actuación eran totalmente diferentes. En ese último año de presidencia de Mosquete, si bien Durán ya empezaba a apuntar ciertas maneras, aún mantenía una lógica contención, no solo por ser un recién llegado sino porque Mosquete contaba con un liderazgo mucho más potente dentro del colectivo y era además quien más había avalado la ascensión de Durán a esa nueva responsabilidad.
Quizás aquí haya que aclarar bien en qué consistía esa diferencia fundamental entre ambos, pues de ahí va a surgir el cambio profundo en la línea de actuación de la ONCE.
Antonio era un líder progresista, simpatizante activo del PCE, que aspiraba no solo a un cambio estructural y democrático en la ONCE, para lograr “hablar de tú al sistema y luego contribuir a transformarlo”, sino también a convertir a la ONCE en una entidad prestadora de servicios a las personas ciegas. Entidad pionera en el mundo y solidaria con los ciegos de otros países, especialmente de América Latina, y con la discapacidad dentro y fuera de España. En cambio Miguel, cercano en aquel tiempo al socialismo guerrista, preconizaba una política neoliberal para la ONCE, convirtiéndola en una gran empresa, por encima de su concepción institucional, aunque aprovechando las ventajas de esa configuración jurídica para expandirse ampliamente en el mercado del juego y, poco a poco, mucho más allá. Pero dejando sus servicios sociales como mero soporte justificativo y como escaparate de su imagen social.
Cincuenta años de la ONCE
En 1988 se cumplía el 50 aniversario de la ONCE, por lo que fue un año de transición, cargado de conmemoraciones y con la celebración en Madrid de la II Asamblea General de la Unión Mundial de Ciegos (UMC), un evento internacional que la ONCE cuidó esmeradamente, sobre la que planeaba el recuerdo sentido de la figura de Mosquete como gran depositario de un mensaje de optimismo colectivo y compromiso real dentro del movimiento internacional de los ciegos. Un colaborador y amigo personal de Mosquete, Pedro Zurita Fanjul, fue quien hizo el más fecundo trabajo cooperativo para que la Asamblea de la UMC fuera un verdadero éxito. Él era entonces y lo fue durante 14 años el Secretario General de la UMC por iniciativa de Antonio, que quería llevar a esa organización, recién creada en 1984, toda esa filosofía integradora y solidaria como apuesta de la nueva ONCE.
Del 28 al 30 de junio tendrá lugar en Madrid un nuevo evento internacional, la World Blindness Summit, que acoge entre otras múltiples actividades una nueva asamblea de la UMC, si bien completamente absorbida por un magno espectáculo para mayor gloria de la ONCE pero que dudamos mucho que represente la voluntad colectiva y los problemas de las personas ciegas, ahogadas en esa eclosión de convocatorias estrella que tapan la realidad y exhiben la cara bonita de una situación que a causa de la pandemia está resultando mucho más delicada y depresiva, según los datos publicados por Naciones Unidas y por la propia UMC.
La Fundación ONCE
En julio de 1988 se crea el Ministerio de Asuntos Sociales, cuya titular Matilde Fernández va a ser otra pieza importante en ese entramado de la relación con el Estado. Ella presidirá el Consejo de Protectorado de la ONCE y se convertirá en el enlace formal entre ambas partes. Pero siempre fue consciente del poder fáctico que la ONCE significaba, hasta el punto de que se acuñó en poco tiempo aquella frase suya: “Los asuntos de la ONCE los despacho con Alfonso Guerra”.
Confiados en la nueva realidad que se presentaba en 1989, la dirección encabezada por Durán, y a la que se había incorporado el nuevo Presidente del grupo político mayoritario en la entidad, Unidad Progresista (UP), Mario Loreto Sanz, procedente de la secretaría general del sindicato sectorial Unión de Trabajadores de la ONCE (UTO), aborda esa nueva política contando de nuevo con Rafael de Lorenzo como representante oficial del socialismo en la entidad, que había quedado apartado por un tiempo debido a los anteriores conflictos con el gobierno, donde su papel había sido tortuoso para la ONCE. No obstante aún perduraba en la alta dirección un nivel de discrepancia política cada vez más debilitado, representado por los llamados mosquetistas que no aceptaban de buen grado el giro que Durán estaba realizando y se mostraban críticos con sus decisiones más emblemáticas.
La Fundación ONCE echa a andar y esto es un buen antídoto para cualquier disidencia relevante en el sector de la discapacidad. Sus principales organizaciones se integran en el Patronato de la Fundación, si bien la ONCE mantiene la mayoría absoluta en el mismo para garantizar su dominio, lo que le permitirá no solo un control total de la nueva entidad sino hacer un uso funcional de sus fondos con criterios propios. El contingente económico generado daba margen para acallar a las organizaciones del sector con un reparto de fondos muy apreciable para ellas, poco avezadas a una cobertura económica básica.
El desembarco empresarial
Aunque los intentos de la ONCE para entrar en iniciativas empresariales externas ya habían comenzado meses antes, con escasa transcendencia todavía si exceptuamos el ámbito del juego, donde se venía explorando implicarse, fue a principios de 1989 cuando surgió el impacto. El 9 de enero saltó a los medios la operación de cartera central en la que la ONCE entraba con 24.000 millones de pesetas para convertirse en un agente económico de primer orden. A partir de entonces se produce un desembarco en distintos sectores económicos con un conglomerado de empresas superpuestas. Primero con un desorden significativo que más tarde se reorganizará en un grupo de empresas (Corporación Empresarial ONCE, CEOSA) con cinco divisiones: Cartera de Valores, Industrial, Servicios, Turismo e Inmobiliaria y Medios de Comunicación. Fue una expansión brutal hacia terrenos ignotos que no era lógico que resultara exitosa con tan poca experiencia para la diversificación empresarial. Y así fue, las inversiones resultaron ruinosas y la ONCE perdió sus ahorros de muchos años, unos 70.000 millones de pesetas, en una aventura poco racional y razonable que aún perdura parcialmente pero con otras connotaciones más reconocibles aunque no por ello menos contradictorias con sus fines sociales.
Al propio tiempo, desde la Fundación ONCE se constituye el grupo empresarial FUNDOSA, integrado sobre todo por Centros Especiales de Empleo, compartidos a veces con entidades del sector presentes en la Fundación. Tampoco aquí abundaron los éxitos económicos pero al ser su finalidad más clara, el empleo directo de personas con discapacidad, no existe esa impresión de despilfarro evidenciada por las aventuras empresariales. Dentro de ellas, la compra y posterior cierre del diario El Independiente, operación pactada con Alfonso Guerra por Miguel Durán a cambio de un precio político para el ingreso de la plantilla de la ONCE en la Seguridad Social y con el objetivo poco democrático de silenciar una voz crítica con el gobierno socialista. Supuso un verdadero escándalo mediático y político, alcanzando las pérdidas de la ONCE en esta operación más de 10.000 millones de pesetas. En general la entrada en medios ha sido para la entidad un pozo sin fondo, incluida la adquisición, gestión y venta de la cadena de radio Onda Cero, comprada a la familia Rato. La entrada en Tele 5 no fue tan deficitaria pero comportó problemas políticos muy serios, al compartir entramado accionarial con Silvio Berlusconi, que acabaron en los tribunales con peticiones de catorce años de prisión para Miguel Durán, presidente de la cadena, y el abogado y hoy director de la RAE Santiago Muñoz Machado, entonces Administrador Único, aunque luego fueran absueltos en 2007 debido a una más que discutible instrucción judicial por parte de Baltasar Garzón.
Matrimonio de conveniencia
Por esa deriva empresarial de la ONCE se cruzaron las dos almas del PSOE. Fue Carlos Solchaga quien en octubre de 1990 paró los pies en seco a Miguel Durán, impidiéndole sacar a la calle un nuevo cupón de los viernes no aprobado por el gobierno: “Si saca ese cupón a la venta, mañana envío a la guardia civil a que precinte la imprenta del cupón y quedará paralizada su actividad comercial sine die”. Durán, lívido, tuvo que dar marcha atrás. Era la primera vez que ocurría algo igual, aunque había habido algún amago anterior sin consecuencias. Pero estaba claro que había que regular una cuestión tan candente. Y así en 1991 se promulga el Real Decreto 358/91 de 15 de marzo, por el que hasta hoy se regula la ONCE, en su texto refundido, pues ha sufrido diversas modificaciones poco sustanciales en general.
Aunque esta norma sirve como marco a la relación jurídica de la ONCE con el Estado, la vida real es mucho más compleja y, si bien Solchaga fue su principal promotor, todavía unos meses después tuvo que emplearse nuevamente a fondo para frenar una nueva fórmula comercial de la entidad: el abono semanal, que había contado con la oposición amplia del colectivo de vendedores y del que, finalmente, el Ministro de Hacienda propuso al Consejo de Ministros su supresión el 25 de julio de 1991. Fue también el único caso de suspensión de un producto de la ONCE por lo que la institución y el Estado acabaron firmando las paces en la antesala de 1992, un año decisivo para ese matrimonio de conveniencia que ha perdurado hasta nuestros días.
