Los resultados de las elecciones de Catalunya del 14 de febrero dibujaron un Parlament con una composición más a la izquierda de toda su historia, lo que por lógica podía llevar a que se conformase una amplia mayoría que sustentase un gobierno de progreso. Pero nada más lejos de la realidad. Desde febrero estamos siendo nuevamente testigos de cómo la dependencia acomplejada de ERC hacia Junts nos sitúa en un escenario de continuidad, parálisis y agonía del actual “desgobierno”.
Las negociaciones para conformar un nuevo gobierno estaban encalladas por el desacuerdo entre ERC y Junts sobre el papel que deben tener Puigdemont y su entorno. Sus discusiones no giran en torno a las políticas de recuperación económica ni a cómo fortalecer la sanidad y la educación públicas. Una situación que pone de manifiesto como los herederos de Convergencia secuestran la agenda política catalana para sus propios intereses, a la vez que demuestra lo alejados que están de la realidad y de las urgencias sociales que reclama la mayoría social catalana.
Ya hace años que los catalanes y las catalanas empiezan a estar hartos del culebrón permanente que protagonizan ERC y Junts para ocultar quien hegemonizará los restos del naufragio del “procés”. Pero más grave aún es en un momento como este, en el que la situación de la clase trabajadora y los barrios populares es especialmente alarmante y es más urgente que nunca pasar de las palabras a los hechos. Dejar atrás los simbolismos y las declaraciones y hacer políticas para la mayoría social.
Así que todo parece indicar que seguiremos como hasta ahora, con un gobierno más preocupado por la guerra de banderas y en una permanente inestabilidad (siempre pendientes de la atenta mirada de Waterloo) que lo único que provoca es el aumento del descredito de la política, en unos tiempos en que es más necesario que nunca frenar el apoliticismo, el pasotismo y el “todos los políticos son iguales” que nos conduce a oscuros escenarios protagonizados por aquellos monstruos que nos recordaba Gramsci.
En este contexto, la mejora de los datos sanitarios no puede ocultar el empeoramiento de la situación económica y social y las últimas previsiones de recuperación económica sin duda negativas. Nos enfrentamos a un escenario de crisis económica y social agravada por la pandemia que durará bastante tiempo y donde veremos un endurecimiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora, especialmente en las mujeres y en los sectores juveniles.
La desocupación ha llegado a más de medio millón de personas en Catalunya a pesar de existir casi un millón de lugares de trabajo sostenidos con los ERTEs. La desocupación juvenil llega al 34% y la precariedad laboral no desciende. Más de 250.000 personas (60.000 más que antes de la crisis) tienen que acudir regularmente a los bancos de alimentos. El COVID-19 pone de manifiesto las desigualdades de clase y vemos como afecta más duramente a la clase trabajadora y a los sectores populares.
Las medidas sociales y laborales impulsadas por el gobierno de coalición progresista en estrecha colaboración con los sindicatos de clase han ayudado a mantener millones de puestos de trabajo en esta difícil situación. Aunque la patronal ha aprovechado para atacar la ocupación y empeorar las condiciones laborales de la clase trabajadora.
En este sentido, asistimos a un goteo continuado de EREs. Los anuncios de despidos y los conflictos laborales se suceden desde hace meses. Los últimos en H&M, Bic Graphic, Caixabank, a lo que habría que sumar los conflictos por el cierre de la planta de Bosch en Lliçà d’Amunt, Nissan, y otras factorías de componentes de la automoción como Continental, TE Connectivity, y U-Shin Spain.
ARTICULAR UN PROYECTO REPUBLICANO, FEDERAL Y SOLIDARIO
En este escenario es fundamental apoyar las luchas obreras, mostrando la solidaridad como una de las herramientas más poderosas de la clase trabajadora, dándoles apoyo y haciendo de altavoz de sus justas reivindicaciones para frenar la desindustrialización a la que se está viendo abocada Catalunya, territorio históricamente destacado por ser uno de los polos industriales de España.
A la vez, es preciso que desde los gobiernos se actúe para parar las deslocalizaciones en el sector, teniendo presente que, de cara a la reconstrucción de nuestra economía, será necesario impulsar políticas de reindustrialización en defensa de una industria sostenible, soberana y creadora de ocupación de calidad. Es imprescindible que el baile de sillas finalice en la Generalitat para poder abordar en mejores condiciones oportunidades como el anuncio de la creación de una fábrica de baterías eléctricas en el entorno de la SEAT en Martorell, antes de que se dejen pasar.
Por eso, también es necesario superar el fallido “Plan Nacional por la Industria” e impulsar un nuevo marco estratégico para una verdadera política de reindustrialización, en base a los ejes de transición energética, digitalización y biotecnología, para frenar las intenciones de las multinacionales de convertir en este proceso al Estado en un mero gestor del reparto de subvenciones.
En este complejo escenario, es previsible que se agudicen las contradicciones sociales y por tanto la lucha de clases y esto exige que las organizaciones populares se refuercen. Ante un escenario de frustración y malestar social, los y las comunistas seguiremos trabajando para articular un proyecto de país republicano, federal y solidario que vaya más allá de unos comicios electorales, arraigado en los barrios populares, en los centros de estudio y trabajo. Es necesario dar soluciones a los problemas reales de Catalunya y está claro que los que nos han llevado hasta donde estamos no lo harán. Es la hora de que los problemas reales se solucionen desde la organización popular.
