España atraviesa una de las campañas de incendios forestales más graves de los últimos años. Más de 100.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego en lo que va de 2026, según las estimaciones provisionales del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), mientras numerosos incendios continúan activos y miles de personas siguen pendientes de su evolución.
El mayor foco se encuentra en La Mierla (Guadalajara), donde el incendio permanece fuera de control desde hace seis días. Las llamas han calcinado ya 32.000 hectáreas, convirtiéndose en uno de los mayores incendios registrados en la historia reciente de Castilla-La Mancha. Aunque los trabajos de extinción han logrado ralentizar su avance, las autoridades reconocen que todavía está lejos de poder darse por estabilizado.
El dispositivo desplegado ha conseguido frenar, por ahora, el avance hacia la provincia de Soria, pero la emergencia mantiene 34 municipios evacuados y 14 confinados, mientras cientos de familias continúan alejadas de sus hogares a la espera de poder regresar con seguridad.
La situación se ha agravado con un nuevo incendio declarado en Selas, dentro del Parque Natural del Alto Tajo. El fuego ha afectado ya a unas 1.700 hectáreas, ha obligado al desalojo de seis localidades y mantiene cortada la carretera N-211. Los responsables del operativo han asegurado que este nuevo frente no ha reducido los recursos destinados a combatir el incendio principal.
También Segovia continúa en alerta por el incendio de Brieva, donde más de 400 vecinos permanecen evacuados debido al riesgo de reactivación provocado por las altas temperaturas, la baja humedad y las fuertes rachas de viento. En Teruel, el incendio de Ejulve supera las 1.100 hectáreas quemadas y ha obligado a ampliar las evacuaciones, mientras en el Pirineo aragonés el fuego de Plan continúa activo.
Frente a esta situación, el Gobierno ha anunciado que asumirá el 50% del coste de la recuperación ambiental de la Sierra Norte de Guadalajara una vez concluyan las labores de extinción, insistiendo en que la respuesta a una catástrofe no termina cuando se apagan las llamas, sino cuando se recupera el territorio y la vida de las poblaciones afectadas.
Más allá de la emergencia inmediata, estos incendios vuelven a poner sobre la mesa las consecuencias de décadas de abandono del medio rural, la despoblación y la insuficiente inversión pública en prevención y gestión forestal. La reducción de la actividad agraria y ganadera, junto al deterioro de numerosos montes, ha favorecido la acumulación de combustible vegetal, aumentando la intensidad y el impacto de los grandes incendios.
Las consecuencias recaen, sobre todo, sobre la población trabajadora de las zonas rurales. Vecinos obligados a abandonar sus viviendas, agricultores y ganaderos que ven amenazados sus medios de vida y municipios que afrontan importantes pérdidas económicas y ambientales son quienes soportan el mayor peso de una crisis agravada por el cambio climático y las sucesivas olas de calor.
Mientras miles de efectivos continúan trabajando para contener los distintos focos activos, la evolución de las condiciones meteorológicas seguirá siendo determinante en una campaña de incendios que ya se sitúa entre las más devastadoras de los últimos años en España.
