Se está cumpliendo un mes desde el estallido de indignación social en Colombia, en forma de Paro Nacional. Desde el 28 de abril, se han registrado miles de movilizaciones en todo el país, y, a pesar de la respuesta criminal de la fuerza pública y quienes les dan órdenes, los ciudadanos continúan en las calles y, en los puntos de resistencia, los jóvenes se juegan diariamente la vida y la integridad.
Este 28 de mayo será otro día de movilizaciones masivas. El pueblo colombiano está llamado a “La marcha más grande de Colombia” en todas las ciudades. El Comité Nacional de Paro ha tenido varias reuniones con representantes del Gobierno y el 25 de mayo anunciaron que se ha alcanzado un preacuerdo en materia de garantías para el ejercicio de la protesta, que permita la negociación del pliego de emergencia que recoge las reivindicaciones del Comité Nacional de Paro. Es un preacuerdo porque está pendiente de validación por el presidente Iván Duque y su gabinete.
Mientras el Gobierno sigue con la estrategia de dilación, los días pasan y las noches son especialmente terribles. En las zonas populares de Bogotá (Usme, Kennedy, Soacha, el Portal de las Américas), en Bucaramanga, en Popayán y el Cauca, en Medellín, y en Cali y el departamento del Valle, donde la represión tiene dos caras: la brutalidad policial y además el accionar descontrolado de individuos armados que actúan al amparo de la policía. Cada día que amanece es más larga la lista de heridos -muchos son de bala, o presentan graves heridas en la cara y la cabeza por disparos de munición «no letal» a corta distancia-, de muertos, de desaparecidos que se llevaron detenidos arbitrariamente, de mutilados, de torturados.
La organización popular está consiguiendo documentar eficazmente muchas de estas agresiones y las redes sociales gritan lo que los medios corporativos de comunicación esconden y tergiversan. El escándalo internacional ha sido mayúsculo esta semana, cuando la vicepresidenta y nueva ministra de Exteriores, Marta Lucía Ramírez, negó durante su visita a Washington, la entrada de la misión de verificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitada el 4 de mayo. Este organismo ha emitido un comunicado condenando las graves vulneraciones de derechos humanos que la fuerza pública está cometiendo en Colombia y le recordó al Gobierno colombiano sus obligaciones internacionales. Sorprendentemente, Ramírez ha dado un giro de 180 grados en su discurso y, 48h después de negar el ingreso a la CIDH, ha afirmado que pueden ir “mañana”.
26 DE MAYO: OTRA NOCHE DE TERROR DE ESTADO
La jornada del 26 de mayo el Comité Nacional de Paro había llamado a movilizaciones en las ciudades, y la jornada transcurrió pacíficamente con diferentes marchas de jóvenes y trabajadores . Hasta que empezaron a producirse violentas cargas policiales y el escenario se transformó en uno de terror.
Como las noches anteriores, se presentó una fuerte represión por parte de agentes del ESMAD en el “Portal de la Resistencia” (Portal Las Américas), de Bogotá,causando múltiples heridos.
En Usme, al Sur de Bogotá, la represión fue especialmente intensa y salvaje. Los habitantes denuncian el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por parte de la policía, y decenas de detenciones arbitrarias.
Las redes se inundaron de vídeos de denuncia desde Usme, elegimos éste que muestra sin necesidad de palabras, lo que está haciendo la policía en Colombia a la población civil:
Un joven de la primera línea recibe en Usme un balazo en la cabeza por parte de la Policía ¿ creen Sr @IvanDuque que van ahogar en sangre la protesta social ? ¿ Creen que estos crímenes quedarán impunes ? El mundo observa y repudia lo que ustedes están haciendo y dejando hacer pic.twitter.com/BzxpmEDoIM
— Luis Guillermo Pérez (@LuisGPerezCasas) May 27, 2021
Organizaciones defensoras de Derechos Humanos denunciaron detenciones arbitrarias en Bucaramanga, así como la intervención violenta del ESMAD y la Policía contra los manifestantes.
En el departamento de Casanare, la comunidad campesina se movilizaba en el sector El Vivero en Yopal, junto con la Guardia Interétnica, Campesina y Popular del Centro Oriente, hasta que el ESMAD embistió. Colombia Informa documentó cómo la Policía agredió y torturó a este joven hasta hacerlo desmayar.
El Arzobispo de Cali, Darío Monsalve, se hizo eco de la conmoción de la población civil, condenando la violencia policial:
Sacerdotes católicos y pastores cristianos que acompañan al pueblo en puntos de resistencia, son testigos del brutal libreto de ataques armados que ejecutan las patrullas policiales, dejando heridos a su paso. ¿Quienes están pervirtiendo a la policía en verdugos del pueblo?
— Dario Monsalve (@arzobispodecali) May 27, 2021
El senador Gustavo Petro, a quien los medios uribistas, con la revista Semana a la cabeza, han tratado de señalar como responsable del “caos y el vandalismo” ha valorado la gravedad de la vulneración de derechos humanos en estos términos:
Que tengamos 139 heridos anoche en el sur de Bogotá indica la más profunda crisis humanitaria de la historia desde el 9 de abril de 1948
La alcaldesa como jefe de policía, debería dar la.orden pública de suspender la actividad del Esmad y convocar la manifestación pública. https://t.co/oJSCBBFUHJ
— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 27, 2021
LA IMPUNIDAD VENCE EN EL SENADO… POR AHORA
La moción de censura contra el Ministro de Defensa, Diego Molano, a cargo de las fuerzas policiales y militares, había sido presentada en ambas cámaras y ha sido votada este jueves en el Senado, sin alcanzar la mayoría necesaria: ha sido derrotada por 31 votos contra 69.
El senador Iván Cepeda, uno de los promotores de la moción, ha resumido el significado de esta votación:
De cara al grotesco espectáculo de impunidad del Senado con relación a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la policía durante las movilizaciones y la responsabilidad política del ministro Molano: pic.twitter.com/VHZtZjGiOS
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 27, 2021
EL GOBIERNO QUIERE PREMIAR AL DIRECTOR DE LA POLICÍA
En medio de este panorama, el Gobierno ha solicitado al Congreso ascender al grado de General al Mayor General Jorge Luis Vargas Valencia, actual director de la Policía Nacional, quien asumió este cargo en diciembre de 2020 En 2019 (cuando Vargas era Director de Seguridad Ciudadana) la represión violenta de la protesta por parte del ESMAD ocasionó la muerte de Dilan Cruz. Además, se presentaron 831 casos de retenciones a ciudadanos/as y 25 casos de personas heridas. En 2020, entre el 9 y el 10 de septiembre 13 personas fueron asesinadas en Bogotá y Soacha presuntamente por disparos de la Policía Nacional, durante las protestas por el asesinato de Javier Ordóñez. La Secretaría de Salud de Bogotá reportó alrededor de 305 civiles heridos/as. En 2021, en el marco del Paro Nacional, los casos de abuso por parte de la fuerza pública son alarmantes.
Las organizaciones de juristas comprometidas con la defensa de los derechos humanos han puesto el grito en el cielo y han recomendado al Congreso que verifique si hay fundamentos para investigar o procesar al Mayor General Jorge Luis Vargas Valencia, director de la Policía Nacional, por los abusos de los que es responsable directo.