El pasado 9 de abril se cumplieron 44 años desde ese famoso sábado santo en el que se anunció la legalización del PCE. Es un hecho importante en la historia del PCE por muchas razones. Comenzaba una nueva etapa después de 38 años de clandestinidad, donde se había sufrido una dura represión y exilio. Realidades éstas que tuvieron una lógica incidencia en el funcionamiento interno y en la actividad política en la sociedad española. Durante esos años buena parte de la dirección del PCE había operado desde el exterior, con toda la tensión que ello implica en relación con las estructuras que confrontaban a la dictadura en el interior del país. El funcionamiento de los órganos y la democracia interna habían tenido que someterse a las condiciones de la clandestinidad, con la necesaria compartimentación, la laxitud en la convocatoria de los congresos y la estricta centralización en la toma de decisiones.
De buena o mala fe, desde sectores de la historiografía a los defensores del franquismo, pasando por las iniciativas editoriales generosamente financiadas por quienes en el contexto del anticomunismo de la guerra fría convirtieron al PCE en un objetivo a batir, han corrido ríos de tinta sobre las crisis producidas en su dirección con dirigentes como Heriberto Quiñones, Jesús Monzón, Fernando Claudín o Jorge Semprún, por citar a los más conocidos. Desde luego, cada decisión adoptada era discutible y sigue siendo objeto de debate, oportunidad que nos ofrece el centenario para profundizar en el conocimiento de la lucha de los comunistas españoles. Pero lo que debe ponerse en primer lugar y a menudo se olvida es que la clandestinidad y las duras condiciones que acarreaba no fueron una opción del PCE, fue el resultado y la imposición de un golpe de estado liberticida que marcó como objetivo de su represión, aunque no único sí en el lugar más destacado, el exterminio de los comunistas. No lo consiguió.
La tercera ilegalización: 38 años de organización clandestina
No fue la única ilegalización que sufrió el PCE. Desde su fundación en noviembre de 1921 su actividad estuvo sometida a fuertes restricciones. Durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, comunistas y anarquistas fueron el principal blanco de la represión, mientras que el PSOE y la UGT optaron por la colaboración bajo la dirección de Francisco Largo Caballero. El PCE fue ilegalizado durante el bienio negro de la Segunda República, en el marco de la brutal represión de la huelga general en toda España y el aplastamiento de la revolución en Asturias en octubre de 1934. Pero la persecución y la ilegalización durante la dictadura franquista supuso un mayor reto, no sólo por constituir un periodo muy prolongado sino también porque coincidió con cambios estructurales en la sociedad española a todos los niveles. Entre el PCE de 1939 y el de 1977 había un abismo generacional y una sociedad radicalmente distinta.
El PCE se ganó a pulso su salida a la superficie, aún antes de que se llevará a cabo su registro como partido legal. A pesar de las sanciones y las amenazas, la orientación era normalizar el trabajo militante en los barrios, en los centros de trabajo, en los distintos niveles de la enseñanza y la sociedad. No tener miedo y actuar con responsabilidad fue una seña de identidad de los comunistas. Sus actividades consistían en cosas tan naturales como reivindicar mejoras salariales, dotaciones para los barrios, libertad para expresar sin cortapisas las opiniones de cada uno o más participación ciudadana en los asuntos públicos. Lo que era anormal es que frente a todo ello no se utilizara otro lenguaje que la represión policial, la violencia de un nacional-catolicismo anclado en el pasado y una propaganda en blanco y negro que no convencía a nadie. Al final de la dictadura se fueron ganando cada vez más espacios para las libertades y aunque militar en el PCE continuaba siendo un riesgo, era difícil encontrar algún ámbito donde este no tuviera una presencia organizada y activa.
Muerto el dictador, la movilización social fue decisiva para derrotar los proyectos continuistas o el intento de imponer una democracia limitada, con la marginación de los comunistas y otras fuerzas que propugnaban una ruptura democrática y un modelo alternativo de desarrollo económico y social. Al afrontar el paso decisivo de la legalización, pesó demasiado el vértigo de la posible exclusión del marco político que se estaba diseñando y la dinámica de disciplina que había salvado al PCE durante tantos años de clandestinidad. Como ha señalado José Luis Martín Ramos, en un reciente libro publicado por la editorial Catarata “Historia del PCE”:
Para responder a la reacción del mando militar que repudió públicamente la legalización y reforzar la posición de Suárez si se producía el choque con aquel, la dirección del PCE convocó un Comité Central el 14 y 15 de abril, en el que se presentó el programa electoral del partido, bajo la bandera rojigualda, aceptando la monarquía y la unidad de España; un acto simbólico, de acatamiento del proyecto reformista, que no tuvo ningún voto en contra de los miembros del Comité Central y sólo 11 abstenciones. Pactado entre Carrillo y Suárez para hacer frente a la reacción de los militares contra la legalización del PCE, se consideraría más adelante desproporcionado y, en cualquier caso, un coste excesivo para la identidad republicana del partido.
La alegría en las calles, la consciencia de estar viviendo un momento histórico, el terror a los últimos coletazos de la dictadura (apenas tres meses antes se había producido la matanza de Atocha) y la necesidad de prepararse para las elecciones que se anunciaban, dejaron poco margen para la reflexión del paso dado. Sin embargo, tanto la forma de la adopción de la decisión como las implicaciones que tenía lo acordado, introducían cargas de profundidad en el desarrollo del PCE, que incidían en su necesaria adaptación a la nueva realidad, que no fue un proceso fácil ni pacífico.
No fue ninguna concesión, fue el fruto de la movilización
La legalización del PCE el 9 de abril de 1977 forma parte de la memoria colectiva de la lucha por las libertades en nuestro país. La mayoría de los medios de comunicación insisten en el recuerdo de las negociaciones entre Adolfo Suárez y Santiago Carrillo. Pero la legalización del PCE no fue una concesión o el resultado de una maniobra en las alturas, fue fruto del compromiso de millares de personas que la impusieron con su valentía y su esfuerzo. Formó parte de la movilización social que derrotó a la dictadura y que, si bien vio defraudadas sus expectativas de ruptura, logró que los avances en derechos y libertades fueran reales y que los anacrónicos personajes del búnker franquista fueran definitivamente desplazados del poder.
Hoy, cuando la extrema derecha se atreve a volver a enarbolar la amenaza de la ilegalización de los comunistas, el centenario del PCE nos ofrece una oportunidad para ejercer nuestra pedagogía y seguir construyendo memoria democrática. La legalización, como la justicia social, la democracia, los derechos y libertades, son el resultado de las luchas sociales. Nada se nos regaló y nada está garantizado sin movilización social. Organizarse, desarrollar el pensamiento crítico y seguir construyendo instrumentos como el PCE son imperativos para construir una sociedad mejor, para avanzar al socialismo y de esta forma afrontar los retos económicos, sociales y ambientales del capitalismo.
