Celebramos la entrada en vigor de la reforma del Código Civil que permite a los jueces impedir el derecho de visitas de los padres sobre los que recaigan indicios de violencia machista o contra sus hijos. La norma llega en un momento crucial para la tramitación de los indultos de María Salmerón o Juana Rivas.
Esta reforma viene a completar el pacto contra la violencia machista, pues, como habían señalado multitud de colectivos y plataformas feministas y contra la violencia que padecen las mujeres, desde la aprobación del Pacto de Estado ya existía la posibilidad de que los jueces adoptaran dicho criterio legal pero había un vacío normativo en la regulación específica del derecho de familia.
Según el Área Feminista del PCA, “con esta modificación legal la justicia patriarcal encuentra menos huecos donde amparar las tremendas injusticias que se han producido en los últimos años con mujeres que han antepuesto la defensa de sus hijos e hijas a una dudosa interpretación del derecho de visitas por parte de la judicatura”.
Recordamos que María Salmerón fue condenada en reiteradas ocasiones por desobediencia e incumplimiento de sentencia judicial, al considerar que había impedido al padre de su hija las visitas a la menor, a pesar de que este había sido condenado por violencia grave contra su pareja. Las condenas dieron lugar a varios indultos pero aún tiene pendiente uno por el actual gobierno que de no producirse inmediatamente acabará con ella en la cárcel.
Esta reforma supone atender una demanda social que, en el caso de Juana Rivas, se puso de manifiesto con una intensa campaña de denuncia hace varios años bajo el lema de Juana está en mi casa y que ha llevado igualmente a numerosas peticiones de indulto.
Esta reforma es imprescindible para que no vuelvan a darse casos como estos pero también para una adecuada protección de los y las menores bajo el principio de su superior interés que se antepone así al supuesto derecho de los padres maltratadores que solo quieren tales derechos para extorsionar a sus víctimas, como hemos tenido ocasión de comprobar en demasiadas ocasiones. Se trata de un paso más hacia la eliminación de la violencia vicaria, tan presente en estos días en este país.
Continuaremos trabajando para que los casos de Juana Rivas y María Salmerón no puedan darse nunca más y denunciando la justicia patriarcal que, sin atender al superior interés de los y las menores, los ha hecho posibles.
