Juan Carlos de Borbón, la historia de un corrupto aún impune

El pasado 25 de agosto, la Mesa del Congreso volvió a denegar la apertura de una comisión de investigación sobre las actividades ilícitas de Juan Carlos de Borbón, el todavía Rey emérito. Es la decimoquinta ocasión que la Mesa del Congreso tumba -esta vez con los votos del PSOE, PP y Vox- la petición de diferentes grupos parlamentarios, entre ellos Unidas Podemos, para investigar las oscuras actividades a las que durante años se estuvo dedicando el ex Jefe del Estado.

Esta última petición de comisión de investigación se sustentaba en la amplia información que, antes del verano, se había venido publicando sobre el papel de intermediario y comisionista había realizado Juan Carlos de Borbón en el tráfico de armas y otros negocios internacionales. Pese a ello, y siguiendo las indicaciones de los letrados de la Cámara, un estamento sumamente conservador, la Mesa rechazó tramitar la iniciativa apoyándose en los artículos 56.3 y 65 de la Constitución, artículos que, según su criterio, no permiten admitir esa petición de comisión de investigación por estar protegido el antiguo monarca por la sacrosanta inviolabilidad. No es desde luego ese el criterio del PCE, que sabemos que los redactores de la Constitución española, cuando concordaron su artículo 56, estaban pensando en los actos propios del Jefe del Estado –sujetos a refrendo–, no en que el jefe del Estado pudiera hacer lo que quisiera o que en su vida particular pudiera cometer un crimen y quedar impune y sobre el que no cupiera ningún tipo de investigación.

Con ello han corroborado lo que ya es una evidencia: que la protección de la monarquía a cualquier precio, dentro o fuera de la legalidad, es uno de los principales causantes de la degradación de la democracia y del Estado de Derecho en los tiempos que corren. Sentar al emérito ante una comisión del Congreso cuestionaría la ejemplaridad del propio Felipe VI, quien no denunció las actuaciones fraudulentas de su padre, y frustraría con ello la operación de estabilización de la monarquía.

Pero, para mayor descredito de la democracia española y de las decisiones de la Mesa del Congreso y los partidos monárquicos, el pasado día 3 de septiembre conocimos que la Fiscalía había enviado a Suiza una comisión rogatoria solicitando información sobre las actividades de Juan Carlos de Borbón y en la que vinculaba al antiguo monarca con la perpetración de delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y varios delitos fiscales y en la que le situaba como claro comisionista internacional. Un nuevo paso en el desmoronamiento de la figura de Juan Carlos de Borbón, aunque un paso realizado a cámara lenta tras más de 3 años de investigaciones.

El puntilloso celo y la ausencia de prisas en un caso de corrupción de Estado de esta gravedad contrasta con el activismo de los fiscales a la hora de lanzarse penalmente contra quienes se limitan a criticar los desmanes de la Corona en sus escritos o canciones. En rigor, no está claro si la Fiscalía y la propia Hacienda están impulsando la investigación o más bien están buscando refrenarla.

Estamos ante un camino más para demostrar que Juan Carlos de Borbón es un corrupto y que ha servido a sus propios intereses y no a los intereses de nuestros país y de su población, por lo que se puede apuntar que la actuación de la Fiscalía viene a confirmar lo que desde el PCE venimos denunciando hace años, también en los tribunales con una querella interpuesta en 2018 y ampliada en 2020, toda vez que la Fiscalía investiga por delitos similares a los denunciados por nuestra acusación popular.

Dilatar la causa hasta que el Borbón fallezca o se pueda alegar demencia senil, como con Pinochet

Cabe llamar la atención una vez más sobre el papel que en todo este asunto está jugando el Tribunal Supremo, que es quien debiera impulsar la investigación como así tienen encomendado constitucionalmente los juzgados y tribunales, y no dejar que esta investigación recaiga sobre la Fiscalía, cuyas diligencias son opacas y no permiten la personación de acusación popular. Lo tienen todo bien atado para silenciar el caso y restringir el acceso a la documentación del asunto, en una deriva extremadamente lenta que pudiera hacer pensar que hay quien quiere dilatar la causa hasta que Juan Carlos de Borbón fallezca o se pueda alegar una demencia senil, como se hiciera con Pinochet y Lapuerta para evitar que fueran juzgados…patada para adelante, y que la naturaleza les eche un cable para enterrar el asunto.

Seguiremos impulsado las investigaciones en los tribunales y en el Parlamento contra el todavía rey emérito, estando pendiente de resolver por el Tribunal Constitucional el recurso de amparo que interpuso el PCE ante el injustificado archivo por parte del TS de la causa derivada de las querellas de nuestra acusación. Ante la previsible desestimación, se abrirá el camino al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde los monárquicos no las tienen todas consigo. Indudablemente, habrá nuevos capítulos de esta larga historia.