Se había anunciado desde hace muchos meses una nueva y peligrosa variante del Covid-19 porque dejar grandes zonas del mundo sin vacunar hace que la diversificación de la pandemia sea casi inevitable.
El mercado de las vacunas deja en manos de las grandes corporaciones farmacéuticas un negocio de mil dólares por segundo y las decisiones sobre quién vive y quién muere.
Sus grandes beneficios van en contra del derecho a la salud y se basan en la apropiación comercial de la inversión pública. La vacuna de Moderna fue inventada gracias al gobierno estadounidense, la de AstraZeneca gracias a instituciones públicas y benéficas británicas y la de Pfizer fue creada por una empresa de biotecnología respaldada por el Estado alemán.
India y Sudáfrica pidieron que durante la pandemia renunciarán a las patentes y la Organización Mundial de la Salud recomendó que el conocimiento médico sea un bien público. Podríamos haber producido miles de millones de vacunas si los gobiernos europeos no hubieran bloqueado esas propuestas.
Lo que está en juego es si la asistencia sanitaria es un derecho universal o una mercancía que se comercializa en los mercados financieros.
(*) Global Justice Now (OffleyRoad@GlobalJustice.org.uk) es una organización independiente que trabaja como parte de un movimiento global para desafiar a los poderosos y crear un mundo más justo e igualitario.
