En numerosos países, ya sea por poner en práctica las buenas intenciones que tanto predican o por miedo a seguir perdiendo fieles, desde las instituciones católicas se ha asumido la responsabilidad en las denuncias por abusos sexuales, dando como respuesta la dimisión de los obispos involucrados directa o indirectamente, indemnizando a las víctimas e incluso, en algunos casos, estableciendo comisiones independientes para llegar hasta el fondo en las investigaciones sobre los delitos cometidos por el personal religioso durante las últimas décadas. No es el caso de España, claro.

Que la iglesia católica española ha cometido miles de abusos sexuales contra niños y niñas durante muchísimos años es un secreto a voces, voces que son ignoradas cuando no silenciadas. Pero lo cierto es que hay un desinterés general por parte de las instituciones en investigar esta lacra como ocurre también con el silenciado tema de los miles de niños robados. Y si hablamos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ya no es solo que haya un desinterés en investigarlo sino que además vemos cómo se ríe de las víctimas que con tanto esfuerzo y miedo denuncian los abusos.

Ejemplos hay muchos. Como que el obispo Juan Antonio Menéndez (fallecido en 2019) fuera nombrado presidente de la comisión antipederastia de la CEE a pesar de que se tenía constancia de que había rebajado en el último momento la pena impuesta a un sacerdote acusado de pederastia antes de comunicarla a Roma.

También que, ante el último documento enviado al Vaticano con 251 casos nuevos de pederastia, la CEE diga que forma parte de una campaña de ataque y desprestigio contra la iglesia católica sin caer en la cuenta de que la mejor campaña la han hecho ellos mismos al incumplir incluso sus propias normas canónicas, por no hablar de las conductas antiéticas que llevan realizando desde hace cientos de años mientras predican todo lo contrario.

El Papa Francisco, como así le corresponde, ha mandado investigar esos abusos en la iglesia española, no sabemos si realmente con buenas intenciones o para intentar tapar, como el mismo Vaticano durante tantos años, esos delitos y tantos otros.

Ni investigan ni reconocen su responsabilidad

Distintos responsables católicos españoles se atreven a declarar que no les interesa el tema y que es sucio o que solo son pequeños casos o se niegan a abrir una investigación canónica. También encontramos falsas buenas palabras, como las de la Congregación de los Maristas que sin despeinarse dice que condena esos terribles hechos, que pide perdón a las víctimas y se pone a su disposición, olvidándose de mencionar que en años anteriores trasladó a un religioso acusado por sus abusos cuando el caso se hizo público.

Para colmo, la fingida incredulidad de la CEE ante las denuncias de abusos en los medios de comunicación se basa en que las víctimas nunca denuncian directamente en la iglesia sino en otras instituciones o en la prensa. Después de tener constancia de numerosos casos en los que los representantes de la iglesia han protegido a acusados de estos abusos, no solo puede parecernos una actuación macabra por parte de la CEE sino que además ellos mismos están incumpliendo numerosos artículos de la carta apostólica del Papa Francisco cuando en 2019 insistió en que se investigue cualquier caso de abuso del que se tenga constancia, aunque sea a través de medios de comunicación o por un simple rumor. Para la CEE no es más que papel mojado.

Y uno de los problemas con los que se encuentran todas esas valientes víctimas que sacan su testimonio a la luz es que dichos abusos han prescrito ante nuestra justicia, de modo que la única posibilidad que les queda es que la misma iglesia católica quiera reparar dicho daño voluntariamente, dependiendo de ella el reconocimiento y la compensación.

En otros países han reconocido los abusos e intentan hacer un poco de justicia con las víctimas. En Francia han reconocido a 330.000 víctimas tras una comisión de investigación y la institución eclesiástica dice incluso que está dispuesta a vender su patrimonio inmobiliario para pagar las indemnizaciones. En España la iglesia católica dice que desconoce el número de casos de pederastia o que son muy pocos, obviando que en algunas diócesis han pagado a las víctimas a cambio de silencio o bajo amenaza, a pesar de que el Vaticano prohíbe estos acuerdos extrajudiciales desde 2019. Insisten en que no van a abrir una investigación general y plantean que si hay víctimas de abusos que acudan a sus oficinas. En dichas oficinas apenas se han registrado denuncias mientras que no paran de llegar a la prensa.

Ante la ausencia de datos oficiales en nuestro país, no queda más remedio que contabilizar los casos conocidos a través de los medios de comunicación o por las escasas sentencias judiciales, de los que se sabe que son unos dos millones de euros lo que la iglesia católica ha tenido que gastar en indemnizaciones para 173 víctimas. Pero hay miles más.

Podemos deducir que la CEE teme lo mucho que tendría que pagar. Y para la iglesia católica española eso sí que no es papel mojado.