En Colombia son tantos los actos violentos y tantos los actores que los perpetran que casi da igual quien apriete el gatillo. Y lo que es más grave, casi no importa quien sea la víctima.
En lo que va corrido de este año, dos fallecimientos llaman la atención en esta guerra no declarada y que parece no tener fin. Uno de los últimos caídos, el 14 de enero, ha sido Bréiner David Cucuñame López, un adolescente indígena de catorce años del resguardo Las Delicias, en Buenos Aires (Cauca), que formaba parte del movimiento político juvenil de su pueblo y que era considerado “un defensor de la vida y de la tierra”, según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).
El otro, Mario Jonathan Palomino Salcedo, asesinado de un tiro el 17 de enero, era egresado de la Universidad de Antioquia y profesor en el colegio monseñor Ramón Arcila en el municipio de El Carmen de Viboral (Antioquia), donde también ejercía como defensor medioambiental acompañando a la comunidad local.
No deberíamos olvidar estos hechos, porque su repercusión no irá mucho más allá de unas noticias breves en algún medio generalista y algo más en aquellos otros más comprometidos pero que no tienen la misma fuerza ni difusión. Finalmente, serán dos simples datos que engrosarán las estadísticas de crímenes que quedan impunes en un país donde la impunidad y la corrupción siguen campando a sus anchas. Porque por lo general las personas damnificadas no cuentan. Son población vulnerable y vulnerada. Ya eran excluidas cuando estaban vivas y pasan a ser ignoradas y casi borradas de la memoria colectiva.
Por si fuera poco, el actual gobierno, “perfeccionista” como su presidente, no tiene entre sus chambonadas, casi ningún gobierno colombiano lo ha tenido nunca, abordar esta problemática. Situación agravada por la tradicional ausencia de Estado en las regiones y que se ha acentuado desde la salida de muchos de esos territorios de la guerrilla de las FARC-EP tras la firma de los acuerdos de paz, repetidamente incumplidos.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), con estas dos muertes son ya seis las personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente asesinadas en 2022. A lo largo del año pasado, según la misma fuente, se produjeron 96 masacres en las que fallecieron 171 líderes y lideresas y 43 firmantes del acuerdo de paz. Las cifras totales ascienden, si se contabiliza desde el 26 de septiembre de 2016, fecha de la firma entre el entonces presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, hasta el 31 de diciembre de 2021, a 275 masacres con el luctuoso resultado de 1.286 muertos entre líderes y lideresas sociales y 292 firmantes de aquel acuerdo eliminados.
El panorama social es tan incierto y grave como la pandemia del virus que se roba los titulares de prensa y arrincona en el olvido esas otras noticias que nadie quiere oír pero que siguen llenando las calles y los hogares con sus tristes letanías.
