Impunidad Real, S.A.

Los hechos por los que Juan Carlos de Borbón ha sido investigado desde agosto de 2018 por la Fiscalía suiza, y después por la Fiscalía española, porque incluían múltiples irregularidades y más que probables delitos, son hechos probados. Sin embargo, el fiscal ginebrino Yves Bertossa, tras afirmarlo, acaba de archivar la causa sin acusación penal contra Juan Carlos, Corinna Larsen y Arturo Fasana -gestor de la cuenta en el banco Mirabaud donde se recibieron los 100 millones de dólares procedentes de la criminal monarquía saudí-, ni contra el propio banco. Según el auto de archivo, no pudo, al final, demostrarse el blanqueo de capitales.

Sin embargo, los hechos no pueden estar más probados. Lo sabía Felipe VI, recordemos que la casa real suprimió la asignación anual al rey sin méritos, y decidió mandarle sin billete de vuelta a Abu Dabi para alejarle lo más posible de España y de la Zarzuela. Se pretendía que la contaminación y el daño causado a la institución monárquica por estos hechos gravísimos, afectara lo menos posible a su imagen futura y a la estimación popular. Lejos, el pueblo se olvidará de que existe, pensaban.

Son hechos probados que Juan Carlos de Borbón ocultó conscientemente donaciones procedentes de comisiones saudíes en el caso del AVE a la Meca, por las que debería haber pagado a Hacienda 53 millones de euros en impuestos, según el cálculo del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Y si no se han pagado, sencillamente, se ha cometido un grave delito fiscal.

Juan Carlos de Borbón, años después, procedió a pagar únicamente 5 millones de euros a Hacienda tras recibir durante 2020 tres notificaciones del Fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, de que estaba siendo investigado por posible delito fiscal grave.

Son hechos probados que la ocultación del dinero se planificó, pues las cuentas estaban a nombre de una Fundación opaca, la Fundación Zagatka que dirigía un primo de Juan Carlos, Álvaro de Orleans. Cuando el banco Mirabaud se asustó ante la investigación suiza, Juan Carlos envió ese dinero a Corinna para seguir ocultándolo, dando inicio a una disputa por el dinero y a un litigio paralelo, que todavía perdura. Un escándalo mayúsculo, en definitiva.

La vuelta del emérito pasará factura

A pesar de ello, todo indica que también, en breve, la Fiscalía del Tribunal Supremo español, siguiendo la estela del fiscal suizo, y añadiendo el argumento de la inmunidad constitucional como impedimento, exonerará también al borbón de responsabilidad penal, pagando el coste social que sea. Todo indica que la justicia suiza y la justicia española, por ser vos quien sois, van a permitir algo que nunca se hubiera permitido a ningún otro ciudadano: que queden sin castigo actuaciones delictivas e irregulares evidentes. Solo porque han sido cometidas por un rey: el penúltimo borbón que ha reinado en España.

Sabíamos ya (pero somos ahora más conscientes, después de esto) que la justicia no es igual para todos, y muy flaco favor le van a hacer a la democracia y a la justicia ambas fiscalías. Los ciudadanos tendrán más claro que nunca que la justicia actúa duramente contra el pobre y deja en la impunidad los delitos de los poderosos. Que la justicia no es igual para todos ya era sabido por el mentiroso que nos recordó la frase en televisión, sin duda, para engañarnos. Sin embargo, no lo consiguió. Toda Europa sabe que se va a cometer una injusticia judicial en Suiza y en España.

A Juan Carlos le sobra jeta para solicitar su billete de vuelta a la Zarzuela, con chófer oficial y recuperando la insultante asignación anual. Pero los ciudadanos no deben olvidar lo ocurrido. Es probable que desde el PSOE se pretenda promover, para evitar en el futuro situaciones similares, una ley de la corona para regular la transparencia en los gastos de la casa real y controlar a partir de ahora los ‘regalos’ que reciba. Es insuficiente del todo. Ni que decir tiene que para VOX y el PP la ley de la corona ni siquiera es necesaria. La conducta de El Campechano, repitiendo mentiras, es para ellos absolutamente ejemplar.

Intolerable y antidemocrático

Desde Unidas Podemos debemos lograr que se termine para siempre con ese privilegio constitucional intolerable y antidemocrático de la inviolabilidad del rey. ¿Cómo no va a estar sometido el Jefe del Estado al Estado de derecho? Debe estar sujeto a las leyes porque en el siglo XXI en la jefatura del Estado no se puede mantener a corruptos sin control. Ni en las monarquías ni en las repúblicas. El lamentable artículo 56 de la Constitución, más que un pretexto, supone una invitación a corromperse y a delinquir. En una democracia todos los ciudadanos y todos los poderes del Estado deben estar sometidos al Estado de derecho, y debe anularse cuanto antes una inmunidad que solo ha servido para consagrar la impunidad.

Estamos seguros de que el pueblo no olvidará estos hechos, ni la grave afrenta de una justicia que claramente va a actuar de manera injusta. Decisiones así tendrán, día tras día, un coste político evidente para el régimen del 78. Y que nadie crea que se resuelve de un plumazo el problema con que el emérito, que pasa de todo, «ofrezca explicaciones», como ha planteado el presidente.

La operación salvar al Borbón Juan Carlos entra en su última fase, y es posible que en breve, volvamos a ver en España a ese personaje bastante siniestro que hasta el fin de sus días no dejará de causar, aunque no quiera, una pésima imagen y enorme daño a la institución monárquica. Toda su historia, la real, no es sino un argumento más a favor de la necesidad de la III República. En España el pueblo lo tendrá en cuenta día a día. Porque el pueblo se indigna ante la corrupción, y anotará esta impunidad real como una cosa muy fea, y un día, como ya ha pasado otras veces en la historia de España, ajustará cuentas con ciertas instituciones cómplices, y se levantará republicano.