El Parque Nacional de Doñana es un espacio natural protegido, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 1994. Sus marismas recogen una fauna y flora inmensa, en un espacio natural lleno de belleza. Sin embargo, PP, VOX y Ciudadanos han decidido en el Parlamento de Andalucía, con la abstención del PSOE, amnistiar cultivos que usan agua del parque de Doñana de manera ilegal. La ley ha contado con la frontal oposición de Unidas Podemos, Adelante Andalucía y varias organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción y WWF.
Esta regularización de más de 1.400 hectáreas también ha sido rechazada por el Gobierno central, además de órganos internacionales como la Unesco y la Comisión Europea. Esta última, ya advirtió a España a principios de febrero de que el país podría enfrentarse a grandes multas si Doñana se destruye y continúan los regadíos ilegales al lado de la reserva natural.
La irresponsabilidad de secar un Parque Nacional como es el de Doñana desoye todas las advertencias europeas y ecologistas y aboca a España a la destrucción de ecosistemas a favor del beneficio económico de unos pocos. La continua explotación de Doñana acaba con sus aguas, con una continua pérdida de sus caudales debido a la contaminación de sus alrededores.
Ernesto Alba, secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), ve “inexplicable” la posición del PSOE andaluz, ya que “la propia ministra para la Transición Ecológica mandó un informe señalando la ilegalidad de los regadíos que extraen agua de Doñana”. Para el PCA, este atentado medioambiental “compromete la supervivencia del parque natural y la agricultura del entorno”, al legalizar lo ilegal y enfrentar a los agricultores que sí cumplen con las leyes contra los que ilegalmente han explotado los acuíferos de Doñana. Además, este indulto “compromete la imagen del fruto rojo y la fresa de Huelva” al incorporar agua sustraída ilegalmente y en contra de las advertencias europeas.
El indulto a los regadíos ilegales se enmarca en un contexto electoral, ya que están previstos para este 2022 los comicios autonómicos en la comunidad andaluza, donde la derecha sitúa el discurso en una inventada batalla entre Doñana y los agricultores. Sin embargo, son los agricultores legales los que salen perjudicados al salir adelante esta última ley del Partido Popular andaluz.
“Seguimos de la mano de los ecologistas y los agentes sociales, tanto económicos como sociales en sí, porque apostamos por un desarrollo socioeconómico sostenible” afirma Alba, ante esta nueva ley que pone contra las cuerdas al Parque Nacional de Doñana, que ha pasado de tener 2.867 lagunas temporales, según una Cartografía de lagunas temporales del Parque Nacional de Doñana de 2011, a solo dos.
